Ex braceros preparan recurso ante la CIDH para que se reparen definitivamente “las garantías y derechos humanos que nos han sido violados por los gobiernos sucesivos hasta el de Peña Nieto”

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 Por: Redacción Revolución

Por: Ricardo García

(14 de diciembre, 2018. Revolución TRESPUNTOCERO).- Ex braceros, se pronunciaron esta semana, en contra de los ministros de la Suprema Corte, reclamando que sus decisiones violan el artículo 5º Constitucional.

Durante una rueda de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) expusieron que el 29 de febrero de 2016, la Jueza Segunda de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, emitió una sentencia en favor de más de cinco mil trabajadores mexicanos que laboraron en los Estados Unidos, bajo el Programa de Empleo Temporal llamado Bracero, entre 1942 y 1964.

Con la sentencia, según se enunció, la Jueza obligó al Gobierno Federal a devolver a trabajadores migrantes, las cantidades que a cada uno de ellos les corresponden, por concepto del Fondo de Ahorro que se formó con los descuentos del 10% a sus salarios semanales, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5º de la Constitución.

Refieren que, en la mencionada sentencia, se cumplió con los principios procesales de objetividad, exhaustividad, imparcialidad y certidumbre, estableciendo medidas y mecanismos para llegar a determinar el tiempo y los lugares donde laboraron los trabajadores ex braceros, solicitando al gobierno de los Estados Unidos de América, la información documental faltante.

Para no cumplir con esta sentencia, se denunció que el Presidente Enrique Peña Nieto y la Procuradora General de la República, Arely Gómez, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerciera la facultad de atracción y resolviera el recurso de impugnación que plantearon.

La Segunda Sala del máximo tribunal del país, en octubre de 2016, resolvió ejercer la facultad de atracción y ordenó que se substanciara el proceso respectivo, turnando el asunto a la ponencia del ministro Javier Laynez. Poticek el caso fue resuelto hasta el 31 de octubre de 2018, aparentemente concediendo el amparo a los ex braceros quejosos, pero en realidad exonerando al Presidente de la República y al Secretario de Gobernación y ordenando al encargado del Fideicomiso.

Se señaló que, con el mismo propósito de ayudar al Ejecutivo Federal, los ministros en cuestión, en la parte considerativa de su sentencia, dan por buena una de las versiones presentadas en el 2001 ante la Cámara de Diputados, respecto de la inexistencia de los documentos relativos a las aportaciones de los ex braceros al Fondo de Ahorro.

La sentencia de la Cámara, señala que fueron procesadas dos toneladas de papeles en las dependencias que estuvieron involucradas en el convenio binacional y después con el terremoto de 1985, no pudo encontrarse documentación que amparara las transferencias a México de las cantidades que conformaban el fondo de ahorro.

De acuerdo con lo declarado durante el acto, los ministros aceptaron como cierta una versión de legisladores y firmaron documentación que declaraba que los ex braceros no aportaron documentos que demuestren de manera fehaciente que dichos descuentos en realidad se efectuaron.

Afirmación que resulta se describió como inexacta, desafortunada y carente de veracidad, ya que en el expediente del juicio de origen cuya sentencia revisaron los ministros, entre otras pruebas contiene la copia certificada por el Archivo General de la Nación del informe que rinde el Gerente Director del Banco Nacional de Crédito Agrícola, al entonces Presidente de la República, licenciado Miguel Alemán, en el que afirma que han llegado varios millones de dólares estadounidenses, correspondientes al ahorro de los trabajadores braceros, pero que no les pueden devolver ese dinero, porque ha sido utilizado para la operación del propio banco.

Para Revolución TRESPUNTOCERO, Porfirio Martínez, abogado defensor, comentó:

“Los ministros se equivocaron al sostener que a los ex braceros quejosos les correspondió soportar en el juicio de amparo la carga de la prueba, es decir la obligación de probar su dicho.

“Ellos acreditaron que la comisión binacional encargada de dar cumplimiento al tratado internacional que dio origen al Programa Bracero emitió una reglamentación llamada Instrucciones para Cobrar el 10 % Fondo de Ahorro, que en una de sus partes establece que si, al regresar al país, los trabajadores migratorios  hubiesen extraviado sus documentos, debían acudir ante la Dirección General de Población, de la Secretaría de Gobernación, para que ahí se les expidiera un certificado de identidad como Trabajadores Migratorios  y se les pagara la cantidad que les correspondía”

Puntualizó que esos documentos también obran en el expediente del juicio de origen, y también fueron ignorados por los ministros.

Por otra parte, sostuvo que los Ministros establecen que, la deuda historica del 10% correspondiente a los fondos de ahorro, queda finiquitada con el pago de un apoyo social por 38 mil pesos en virtud de la Ley del Fideicomiso emitida en 25 de mayo de 2005; siendo que el parrafo segundo del articulo 9 de la citada Ley establece que el pago de este apoyo social no constituye compensación, indemnización o retribución de deuda alguna. 

“Por estas razones y otras que se contienen en la sentencia emitida por los ministros de la Segunda Sala de la SCJN, hemos decidido recurrir ante los organismos internacionales de Justicia, para que sea revocada esta sentencia y se cumpla la que fue emitida por la Jueza Segunda de Distrito en Materia Administrativa.

“Ya se ha iniciado la formulación del recurso respectivo que será presentado en próximas fechas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con posterioridad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quién deberá emitir la sentencia que repare definitivamente las garantías y derechos humanos que nos han sido violados por los gobiernos sucesivos hasta el de Peña Nieto.

Concluyó diciendo que han decidido intensificar las gestiones, solicitando ante el Gobierno Federal entrante y las dos Camaras del Congreso de la Unión, se instale una mesa de dialogo con las organizaciones de ex braceros, con la finalidad de construir de común acuerdo una propuesta que dé una solución que sea justa, digna y definitiva a este adeudo histórico.

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