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Un militar le ordenó que se quitara el pantalón, la amarró con esposas en cada mano dejándola colgada, se quitó el cinturón y empezó a golpearla, otro soldado la violó sexualmente; el caso ya está en la Corte Penal Internacional
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(21 de junio, 2018. Revolución TRESPUNTOCERO).- Un grupo de organizaciones no gubernamentales entregaron un informe a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por el Ejército Mexicano durante la primera fase del Operativo Conjunto Chihuahua (OCCH) entre los años 2008 y 2010.
El documento destaca el estudio de 35 casos documentados, los cuales cuentan con informes finales (conocidos como “recomendaciones”). Se señala que en el Operativo Conjunto Chihuahua (OCCH) que se implementó en ese estado a inicios de 2008, muchas de las personas fueron víctimas de múltiples conductas criminales.
De acuerdo con el documento, revisado por Revolución TRESPUNTOCERO, los casos documentados en el informe, no dan cuenta de hechos aislados, esporádicos o espontáneos; por el contrario, los incidentes señalados en la presente comunicación, dan muestra de patrones claros de actuación de las autoridades, incluso dan cuenta de que fue del conocimiento de los más altos mandos militares, la comisión de los crímenes internacionales.
Uno de los casos presentados aconteció en Villa Ahumada, mientras se encontraba un grupo de personas dando sepultura en un Panteón. Al sitio llegó un grupo de militares en vehículos oficiales y en dos helicópteros, pertenecientes al Batallón de Infantería 7, quienes actuando en el marco del OCCH, detuvieron a 8 civiles.
Tras su detención, los obligaron a colocarse en el piso boca abajo, las dejaron dos horas en la misma posición mientras les quitaban sus pertenencias de las carteras. Fueron trasladados a las instalaciones militares de la 5/a ZM, en donde los tuvieron incomunicados por más de 24 horas.
Mientras se encontraban en las instalaciones militares, fueron torturados a través de golpizas, descargas eléctricas y sujetos a asfixias con bolsas de plástico “con objeto de que confesaran su participación en diversos ilícitos”.
El personal médico del 20/o regimiento de Caballería Motorizada, hizo la revisión para determinar el estado de las víctimas, minimizando los hallazgos de las lesiones de tortura que se encontraron en el cuerpo de los civiles.
Los detenidos, fueron puestos a disposición de la autoridad civil, 24 horas después, cuando se inició una causa penal por los delitos de portación de armas y delitos contra la salud. Sin aportan pruebas.
En un hecho más, se denunció como una mujer fue sustraída del interior de su casa por personal militar y posteriormente trasladada a las instalaciones de la 5/a. ZM en Ojinaga y conducida al cuarto de artillería de la última torre.
Al interior de las instalaciones militares, fue metida a una jaula con un colchón en el que fue arrojada, lugar en el que fue pateada. Permaneció en dichas instalaciones por más de siete días, periodo durante el cual fue torturada física y psicológicamente con el fin de que confesara su participación en diversos ilícitos y que proporcionara información respecto de otras personas.
Un militar le dijo “ahorita vas a cantar” y le hizo varias preguntas; después le ordenó que se quitara el pantalón, la amarró a la jaula con esposas en cada mano dejándola colgada, se quitó el cinturón y empezó a golpearla en las piernas y abdomen, hasta que se desmayó. Mientras la golpeaba, le preguntaba en cuánto valoraba su libertad, diciéndole que “le pusiera a alguien que vendiera droga o armas” o que le diera 50 mil pesos y la soltaba. Después fue violada sexualmente por un elemento militar. La víctima fue atendida por personal médico militar para disminuir la evidencia de los golpes y torturas sufridas, denunciaron las organizaciones.
“La información contenida demuestra la existencia de una política nacional por medio de la cual la población civil fue atacada de forma sistemática, basada principalmente en el uso de la fuerza militar en tareas de seguridad pública para hacer frente al crimen organizado, desde diciembre de 2006 por decisión de Felipe Calderón Hinojosa.
A dicha política se le conoce comúnmente como la ‘guerra contra el narcotráfico’ o ‘guerra contra las drogas’. Los ataques sistemáticos contra la población civil se justificaron con un llamado directo del ‘combate frontal al narcotráfico’. Estos ataques se tradujeron en la comisión sistemática de crímenes de lesa humanidad”.
Las organizaciones señalas que, hasta la fecha sus más altos responsables, aquellos que promovieron, alentaron y cooperaron en la implementación de dicha estrategia, no han sido investigados, procesados, o sancionados por el sistema de justicia civil mexicano.
Por el contrario, funcionarios públicos desde entonces constantemente niegan, minimizan o directamente ignoran la existencia de crímenes cometidos contra la población civil por las fuerzas armadas mexicanas, “mismas que ha prolongado sus efectos de violencia en la actual administración”.
Explicando que, la estrategia militarizada ha provocado una espiral de violencia generalizada que rebasa cualquier cifra registrada en la historia contemporánea de México. “Ésta se ha focalizado y manifestado en aquellos estados o zonas donde se implementaron los llamados ‘operativos conjuntos’, que implicaron la participación de el ejército y la marina-, en tareas propias de las fuerzas de seguridad federales, estatales y/o municipales”.
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