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Imposibilidad real, jurídica y material para dar cumplimiento al amparo que ordena crear una Comisión de la Verdad y la Justicia para el caso Ayotzinapa: PGR
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La Procuraduría General de la República (PGR) presentó el día de ayer ante el Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, un recurso en el que alega existe imposibilidad real, jurídica y material para dar cumplimiento al amparo que ordena crear una Comisión de la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa y desconoce su investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas en Iguala.
El incidente de imposibilidad, presentando ante el tribunal al que corresponde supervisar el cumplimiento de los cuatro amparos otorgados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en favor de presuntos integrantes de Guerreros Unidos que confesaron el asesinato de los normalistas. El escrito de la PGR esta firmado por Carmen Lucía Sustaita, Directora General de Asuntos Jurídicos y por Ignacio Gilberto Silva Hernández, Director General de Control de Juicios de Amparo.
El magistrado Sabino Pérez García dio a conocer hoy un acuerdo en el que ordena dar vista a las partes involucradas en los juicios para presentar pruebas y aleguen lo que convenga a su interés, en un plazo de tres días hábiles, para posteriormente realizar la audiencia donde de oirán los alegatos de las partes y se dictará la resolución correspondiente.
La ley faculta al Magistrado a resolver si considera que existe la imposibilidad alegada, no obstante cualquier resolución puede ser impugnada mediante recurso de inconformidad, para ser atraído por la Suprema Corte de Justicia para aclarar en definitiva el tema.
En este contexto, mientras se resuelve lo anterior, lo cual puede tomar varias semanas, las autoridades no estarán incurriendo en desacato de la orden de crear la Comisión, para lo cual se fijó un plazo de diez días.
Fue el día de ayer que la Conferencia Nacional de Procuradores, aseguró que la orden de crear la Comisión de la Verdad viola la Constitución, la división de poderes y es un ejercicio excesivo de las facultades de un tribunal colegiado.
La solicitud de aclaración fue presentada por Misha Granados, Consejero Jurídico del Ejecutivo y por el diputado federal Edgar Romos. Cabe destacar que la aclaración de sentencia podría no ser tramitada por el tribunal colegiado, ya que ninguno de los señalados fueron partes en los juicios de amparo.
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