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Consulta en el IMSS hasta en mil 853 pesos, mientras 62 millones de niños, jóvenes, adultos y ancianos mexicanos están fuera de los servicios de salud; “PRI y PAN buscan la privatización hasta de la vida”
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(16 de febrero, 2018. Revolución TRESPUNTOCERO).- Para quienes no tienen acceso a la seguridad social, la opción es el IMSS, sin embargo, este año una consulta de medicina familiar tendrá un costo de 733 pesos, pero si se trata de necesitar atención de un especialista, el pago aumenta hasta mil 853 pesos, un precio incluso más alto que en hospitales privados, como Médica Sur y el Hospital Ángeles.
Esta semana el IMSS publicó en el Diario Oficial de la Federación la tabla de costos unitarios por nivel de atención médica para no derechohabientes que serán vigentes para 2018, en la que se cuenta con un total de 80 servicios que se ofrecen en sus unidades de los tres niveles de atención médica.
Es ahí donde se da a conocer que, la tabla del IMSS acomoda que la consulta de medicina familiar a los no derechohabientes aumentó 8.7 por ciento, respecto del costo de la cita en 2017, la variación más alta desde 2014. Se ha señalado que el precio tomó en consideración la inflación de 2017, que cerró en 6.77 por ciento.
La consulta en el Seguro tiene un precio similar al de algunos hospitales agrupados en la Asociación Nacional de Hospitales Privados, como el Hospital Español, donde arrancan en 700 pesos según la especialidad.
Sobre lo anterior, la derechohumanista Rocío Álvarez comenta a Revolución TRESPUNTOCERO que, “este tipo de acciones, en muchos momentos silenciosas, son solamente consecuencia de una voraz y desesperada privatización hasta de la vida. Esa ha sido siempre la política del PRI y del PAN, partidos elitistas que usan al pobre para llegar al poder y al mismo tiempo estando ahí lo usan para pisotearlos y obtener a costa de ellos intereses particulares tanto políticos como económicos”.
Cabe resaltar que, “la mitad de la población mexicana vive sin seguridad social. Esto ha hecho que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ubique a México entre los últimos lugares de América Latina, como en todas las cosas necesarias para la población más vulnerable siempre en los últimos sitios, porque ni la vida le interesa a la derecha que lamentablemente ha conseguido sexenio a sexenio quedarse con la silla, vía fraude”.
Lo mencionado por la activista, equivale a que 62 millones de niños, jóvenes, adultos y ancianos mexicanos que están fuera de los servicios de salud, lo que significa que no tienen acceso a los programas de desarrollo y sin derecho a una pensión, por lo consiguiente tampoco a la salud.
La OIT ha señalado también que “la informalidad laboral es uno de los puntos más preocupantes; debido a que la cifras del INEGI reportan a 57% de las personas ocupadas sin prestaciones de ningún tipo”.
“México destina 12% del Producto Interno Bruto (PIB) anual a programas de protección social y salud; porcentaje muy bajo respecto al resto de América”, destacó en su más reciente informe la OIT.
Álvarez indica que en México cuando un campesino enferma lo único a lo que aspira es a que una planta medicinal calmé el dolor, “no puede ir ni a la clínica rural porque resulta que no hay tal y cuando la hay solamente es un cuarto vacío donde si bien les va, el médico llega una vez por mes, sin medicinas y con poco tiempo de atención, por las distancias, por la inseguridad, por los malos sueldos.
Todo el país, pero principalmente la región rural es la más afectada donde existe mayor pobreza y por lo tanto la más olvida, donde se desarrollan enfermedades más severas por la exposición a químicos y otros elementos dañinos provocados en parte por empresas transnacionales que libremente explotan el ambiente y el territorio de comunidades principalmente indígenas, me refiero a las mineras, eólicas e hidroeléctricas”.
En 2016, la presidenta de la Comisión de Seguridad Social de San Lázaro, Araceli Damián, señaló que “el actual gobierno ya ha emprendido medidas que se enfilan a la privatización de los servicios de salud, a través de cambios y ajustes que buscan reducir beneficios para la población y los trabajadores, a fin de que éstos contraten o paguen por atención médica como si acudiesen a hospitales privados”.
De acuerdo con Inegi, del total de personas sin acceso a las instituciones de salud 20.4 millones son hombres y 12.2 millones, mujeres. “Porque aun cuando se tenga empleo esto no garantiza que tengan acceso a instituciones de salud y es que los mexicanos se ven obligados a aceptar trabajos sin prestaciones por la necesidad que aun impera, hablamos de profesionistas con bajo poder adquisitivo y de otros grupos que permanecen en la informalidad ante la pobreza. Esos han sido los resultados de todos los gobiernos, nadie hasta ahora ha efectuado un cambio en materia de salud”.
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