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Tras denuncias del PAN y de Morena, Fepade atrae investigación por desvíos de 250 millones de pesos a campañas del PRI

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Tras analizar las denuncias presentadas por el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) atrajo las investigaciones que realiza la Fiscalía de Chihuahua por el presunto desvió de 250 millones de pesos a las campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2016.

El titular de la Fepade, Héctor Díaz Santana, señaló que consideraron que los hechos tienen conexión con otros posibles delitos electorales que ya se investigaban a nivel federal y fueron denunciados por diferentes partidos políticos.
“A partir de ahora la Fepade está en espera de que la Fiscalía de Chihuahua, en el marco de la ley, remita la investigación en curso para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades en materia penal electoral”, destacó.

En este contexto, si los personajes mencionados como Luid Videgaray y Manlio Fabio Beltrones fueran llamados a declarar, lo harían ante la institución que administrativamente está adscrita a la Procuraduría General de la República.

El funcionario, detalló 5 motivos por los que la Fepade decidió tomar la investigación iniciada por autoridades de Chihuahua, la primera de ellas es porque dicho organismo tiene la facultar de interventir cuando un partido político nacional recibe apoyos ilegales, aún cuando sean recursos estatales. Así mismo, tiene facultad de fiscalización de los partidos políticos es exclusivamente federal.

Además, la Fepade tiene la obligación de investigar las denuncias que se presentaron por parte de Morena y el PAN, mientras que el Poder Judicial de la Federación resolvió que de los dos procesos penales en curso sobre el desvío de recursos públicos del Gobierno de Chihuahua al PRI son competencia federal.

Y finalmente, es que la facultad de atracción está prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“El tema del financiamiento público ilícito a los partidos políticos es una demanda ciudadana, y es un aspecto fundamental para garantizar la equidad de la competencia política”, destacó Díaz Santana.

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