Encuentran cuerpo sin vida de activista, fue estrangulada; “es una técnica etnocida para menguar la lucha de Cherán”: Defensora de DH

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Por Emma Martínez

(19 de enero, 2018. Revolución TRESPUNTOCERO).- Guadalupe Campanur Tapia, tenía 32 años y era defensora del territorio, la tierra y el medio ambiente, en el territorio indígena de Cherán, donde también era guardabosque. “Se ha confirmado que después de su desaparición evidentemente forzada, fue estrangulada que significa tortura y finalmente es una ejecución, todos los más graves delitos que se han considerado crímenes de Estado en un solo cuerpo y se deberá sumar feminicidio, el cuerpo de una mujer que era activista, pero eso no cuenta porque las autoridades dicen que ‘aun no se confirma si todo lo que a ella le sucedió tiene que ver con su activismo’, la siguen ultrajando”, declara la derechohumanista Alejandra Sampedro a Revolución TRESPUNTOCERO.

El 16 de enero pasado,  la Procuraduría General de Justicia de Michoacán informó que el cuerpo de Campanur, se ubicó a las afueras de Chilchota en el entronque rumbo a Zamora, Michoacán. En un predio denominado Irapio, el cadáver se encontró en estado de descomposición.

Carolina Lunuen, cercana a la activista señaló que, “esto puede interpretarse también como un mensaje para intimidar y acallar a quienes genuinamente le apostamos a revalorar la vida, a partir de acciones comunitarias que vayan más allá de la resistencia.

También es una forma de aterrorizar a las mujeres y en suma, cobra el sentido de una técnica etnocida para menguar la lucha por la vida ejercida por la comunidad Purhépecha de Cherán, Michoacán”.

De acuerdo con Sampedro, de 2010 a mayo del año pasado se llevaba una cifra aproximada de 44 mujeres periodistas o activistas asesinadas en todo el país, “sin justicia, sin explicaciones, porque eso nunca estuvo en la agenda de Peña Nieto.

Me preguntó si dentro de sus papelitos firmados en campaña hubo alguno que tuviera el compromiso de hacer justicia por activistas asesinados, por el contrario este ha sido el sexenio de la muerte y la sangre para todos, tanto para sociedad civil como para activistas y periodistas, todos los que están de alguna manera de lado de la lucha social, la crítica social, la defensa de la sociedad son el blanco a eliminar y por eso el abandono a estos sectores de la población que claramente perjudican al gobierno al evidenciar las violaciones a las garantías, a los derechos humanos”.

En tanto, en Michoacán desde el inicio de año hasta ahora son cinco las mujeres que han sido asesinadas. Para la comunidad este es un grave golpe como ninguno padecido en años. Ya que han asegurado que representa una vulneración comunitaria estratégica, “al ser una de las ‘comuneras’ activas más añejas y constantes”.

“Lupita fue nuestra compañera y participante del proyecto ‘conociendo y reconociendo el territorio Cherán K éri’, lamentamos mucho los hechos y nos unimos a la pérdida de su familia”. Amigas y compas feministas, activistas y defensores de derechos humanos, apoyemos y difundamos por favor, se lee en una publicación.

La también especialista en Derechos de la tierra, señala que con el PRI se consolidó la política letal, que acalla a los activistas con plomo y tortura, pero también con la desprotección, “y esta última no se sanciona, pese a todo, entonces si no son las fuerzas armadas, será el narco, el caso es que siempre habrá alguien quien se encargue de enviar el mensaje de miedo e intimidación, es decir el que torture, mate, desaparezca”.

Según los datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde 2016 han sido asesinados 34 defensores, cinco de ellos en 2017. En tanto, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT) que aglutina a 84 organizaciones de 23 estados del país, presentó en septiembre un informe en el que asegura que “desde la llegada al poder de Enrique Peña Nieto, en diciembre de 2012, hasta el 31 de julio de 2017, 106 defensores han sido asesinados y 81 están desaparecidos”.

Sampedro añade que las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, señalaron que, al terminar el año 2017 se confirmó que la crisis de seguridad y de derechos humanos en que se ha sumido el país persiste, demostrando el desprecio por los derechos humanos por parte de los actores de poder en México.

“El ciclo violento de esta nueva docena trágica confirma los peores augurios y aún arroja novedades: Las comunidades y las personas somos víctimas de una violencia estratégica y dirigida, que es correlativa al señuelo del proceso electoral”.

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) ha documentado 34 ejecuciones extrajudiciales para personas defensoras de derechos humanos en 2017. Este año, también ha resultado el peor de los últimos 20 años en materia de una violencia con el rostro de 23 mil 101 víctimas solo relacionadas con el derecho a la vida, del cual el Estado mexicano no parece hacerse responsable.

“La brutalidad cotidiana de la violencia podría minimizar la vulnerabilidad de las personas defensoras, pero vinculando el sentido y dimensión de ambas situaciones parece claro un patrón de violencia dirigida con el objetivo de conculcar derechos y favorecer a grupos de interés. Al margen de la ocupación cotidiana o la situación jurídica de las personas asesinadas”. y se han cuestionado si ¿Cambiará la impunidad que ha permitido las desapariciones de los últimos años? ¿Se consolidará como política de Estado a través de la corrupción?

A lo que Sampedro responde que “nunca con gobiernos de derecha y/o disfrazados de izquierda se podrá avanzar en la justicia para los caídos por defender los derechos humanos o para detener y prevenir el avance de los crímenes de lesa humanidad.

Y no sucederá porque la política del gobierno de derecha es atacar a quien sea y velar por su propio beneficio, de ser esto así, habrá siempre quien alce la voz y al ser incomodo podría ser desaparecido o abiertamente ejecutado. Lo mismo con el narco, sino existe una política totalmente distinta a la seguida durante dos sexenios en materia de seguridad, seguirán ejecutando, aunque en mi opinión los narcos no ejecutan activistas, el gobierno sí, probablemente a través de grupos delincuenciales”.

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