Al poner a las Fuerzas Armadas en un Estado de excepción permanente, esta guerra será sin cuartel y el PRI va a cargar con ello: Nahle

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Por Redacción Revolución

Por considerar que la Ley de Seguridad Interior generará un Estado de excepción permanente, al permitirle a las Fuerzas Armadas estar en las calles de toda la República Mexicana, y con ello la militarización del país y la enorme posibilidad de que se atente contra los derechos humanos, el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Al reanudarse la Sesión Ordinaria en el Recinto Legislativo de San Lázaro, tras varias horas de receso, tocó a los diputados Rocío Nahle, René Cervera, Jesús Valencia, Alfredo Basurto, Vidal Llerenas, Ernestina Godoy y Rodrigo Abdala pronunciarse en contra del dictamen por el que se expide dicho ordenamiento.

En su oportunidad, Nahle García advirtió que la bancada de Morena consideró irresponsable que el PRI, respaldado por el PAN y sus aliados, aprobaran dicho dictamen porque una vez que las Fuerzas Armadas estén en las calles de todo el país, habrá un Estado de excepción permanente, lo cual es inconstitucional.

“Pero lo que más nos preocupa es que una instancia como el Ejército y la Marina, que tenemos que cuidar, porque es lo que nos conviene a todos los mexicanos, a la soberanía nacional se le va a meter a un desgaste permanente porque se va a enfrentar, tarde que temprano, con la ciudadanía”, puntualizó durante la discusión en lo general de la minuta.

Se trata de una ley, agregó, que además vulnerará los derechos humanos, hecho que han advertido diversos organismos civiles nacionales e internacionales y la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU), que observó que México va en sentido contrario a todo el mundo.

Señaló que México lleva 10 años en guerra, por lo que llegó el momento de que se revierta la grave situación de violencia e inseguridad en el territorio nacional. “Ya es hora de buscar la paz y al poner a las Fuerzas Armadas en un Estado de excepción permanente, esta guerra será sin cuartel. Y ustedes, el PRI principalmente, que tiene la mayoría en este Congreso, van a cargar con ello”.

Nahle García aseveró que quienes respaldan el citado ordenamiento argumentan que todo será maravilloso, pero que eso nada más queda en el discurso porque en la práctica el pueblo es el que sufre. “Va a ser lo mismo con esta Ley de Seguridad, pero lo más grave es el desgaste al que se va a meter al Ejército, una institución necesaria para cuidar la soberanía o la seguridad nacional”.

Posteriormente en entrevista, aclaró que si bien la intención de Morena era que no se lograra el quórum en el pleno camaral al momento de la votación, luego de que el PAN emitió sus votos a favor, la bancada que coordina hizo lo propio para dejar manifiesto en contra de lo que denominó “Ley Bala”.

Por su parte, al iniciar la sesión ordinaria, el diputado René Cervera presentó una moción suspensiva al dictamen, debido a que la Mesa Directiva dispensó todos los trámites al mismo y por diversas violaciones a la Ley Orgánica del Congreso y al Reglamento de la Cámara de Diputados.

Explicó que si bien el Artículo 89, Fracción VI, de la Constitución Mexicana determina que es facultad y obligación del Presidente de la República preservar la seguridad nacional, de ninguna forma es discrecional. “Éstas se encuentran reguladas por la Ley de Seguridad Nacional y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, subrayó.

También resaltó que el Artículo 10 del decreto violenta los derechos humanos al debido proceso y las garantías constitucionales de audiencia y defensa, al determinar que en materia de seguridad interior queda excluida la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que en sus Artículos 1 y 3 señala los requisitos que debe atender todo acto administrativo de la administración pública federal.

En la discusión en lo general del dictamen, el diputado Vidal Llerenas afirmó que esta ley significa llevar a futuro la discrecionalidad de poder utilizar a las Fuerzas Armadas para cualquier propósito, porque el fracaso de las acciones del Gobierno Federal contra la inseguridad ha sido mayúscula. Prueba de ello, dijo, son los miles y miles de muertos debido a la falta de una estrategia de seguridad efectiva.

Recalcó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la ONU, así como cualquier persona con un mínimo de conciencia, saben que esta ley llevará al país a la militarización y a una mayor violencia.

“Qué bueno que este será el fin del PRI, el fin de un partido que no da respuestas a la población y aunque su legado negativo seguirá con esta ley, esto va a cambiar porque el año que entra Andrés Manuel López Obrador será el Presidente de México”, aseguró.

A su vez, la diputada, Ernestina Godoy Ramos calificó de indefendible esta ley, porque militarizar la seguridad pública y asumir la tarea de brindar seguridad como una guerra no es la solución a la crisis prolongada de violencia e inseguridad que padece México.

En ese contexto, indicó que el PRI y sus aliados hacen oídos sordos a las voces que pidieron suspender la Ley de Seguridad Interior, que sujeta a los poderes civiles al control de las Fuerzas Armadas, para imponer un Estado de excepción perpetuo.

“Lo que necesitamos es replantearnos esta estrategia y combatir la impunidad y la corrupción. Para eso tenemos que sentarnos; para buscar la paz en este país y no para echarle gasolina al fuego”, consideró la también Secretaria de la Mesa Directiva.

El diputado Alfredo Basurto Román lanzó el reto de que si el PRI se dice representante del pueblo, que someta a una consulta popular ciudadana para determinar si el pueblo acepta o no esta ley inconstitucional. “Hagan valer la voz popular en quien reside el poder y en razón de ello ejecutemos ese privilegio que tiene el pueblo, los expertos, los académicos, las organizaciones civiles y de derechos humanos”.

Aclaró que Morena no está en contra del Ejército como institución, pero que rechaza llevar a sus elementos, que también forman parte del pueblo, a una lucha encarnizada y a enfrentarlos con la misma ciudadanía.

Por su parte Rodrigo Abdala Dartigues consideró que los cambios que hizo el Senado de la República a la minuta fueron insuficientes y cosméticos, sólo para dejar a los militares en las calles. Además, dijo, la ley no genera ningún control adicional de supervisión en materia de derechos humanos, como lo propusieron organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas.

Expresó que los cambios a los Artículos 1 y 9 son un intento por cubrir la inconstitucionalidad de la ley y fomentar la opacidad, al establecer implícitamente que toda información de seguridad interior será confidencial y reservada. “La aprobación de esta ley será un error del Presidente Enrique Peña Nieto, del PRI y de sus aliados, al traicionar al pueblo mexicano porque está claro que no persiguen ni la seguridad ni el bienestar ciudadano”.

El diputado Jesús Valencia Guzmán afirmó que con la aprobación de las reformas a la Ley de Seguridad Interior no se escuchó el llamado de la ONU, ni de diversas organizaciones civiles nacionales e internacionales y, sobre todo, del pueblo de México.

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