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A seis años de la desaparición forzada de activistas a manos de militares, policía estatal y crimen organizado, el caso se mantiene en la impunidad: Tlachinollan
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(10 de diciembre, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- Este 7 de diciembre se cumplieron seis años de la desaparición forzada de los defensores del medio ambiente, Eva Alarcón y Marcial Bautista, respectivamente Coordinadora y Presidente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán A.C. (OCESP).
“Seis años después, esta acción delincuencial que contó con algún grado de participación de elementos militares, de la policía estatal y de miembros del crimen organizado se mantiene en absoluta la impunidad”, informó el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.
En ese contexto el Observatorio y Tlachinollan condenaron enérgicamente la evidente falta de voluntad del Estado mexicano para avanzar en el esclarecimiento de este caso a pesar del seguimiento que se ha venido haciendo por parte del Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas en el marco de las Acciones Urgentes presentadas por el Observatorio, indicaron.
Además, denunciaron que, durante seis años, el Estado mexicano ha omitido dar seguimiento a todas las posibles líneas de investigación y a nuevas estrategias que pudieran dar con el paradero de Bautista y Alarcón y 2 mil 192 días después ni siquiera ha localizado a los testigos del crimen, lo que constituiría la piedra angular para la posible resolución de este caso.
“De la misma forma, el Estado mexicano ha demostrado una completa falta de voluntad política para la aprehensión de dos de los principales presuntos responsables que siguen sin ser detenidos a pesar de los señalamientos sobre su paradero y aún no se ha dictado sentencia en contra de las personas que sí han sido detenidas”.
“La absoluta falta de diligencia para resolver el caso de desaparición forzada de Eva Alarcón y Marcial Bautista es un ejemplo paradigmático de la errática política de derechos humanos del Estado mexicano: ante la comisión de una grave violación de derechos humanos, con el agravante de que las víctimas son personas defensoras de derechos humanos, se muestra una evidente falta de voluntad para esclarecer el caso, perpetuando una impunidad absoluta que refuerza los riesgos para quiénes defienden derechos humanos en México”, denunciaron las organizaciones.
Por todo lo anterior, el Observatorio y Tlachinollan exigieron a las autoridades mexicanas tomar acciones para asegurar la resolución de este caso incluyendo la presentación a la menor dilación de un plan y una estrategia de búsqueda de Bautista y Alarcón que contenga acciones acordes para una efectiva investigación a pesar del paso del tiempo.
Además, “el Estado mexicano debe cumplir con sus obligaciones de atención a los familiares de las víctimas incluyendo atención física y psicológica así como información detallada sobre las diligencias realizadas”.
De acuerdo con las informaciones, el día 8 de diciembre de 2011 hacia las 1:30 de la madrugada, autoridades cuya identidad no se ha podido verificar pararon el autobús 2728 de la línea Estrella Blanca con destino a la ciudad de México en el cual viajaban Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortiz, con el fin de participar en una reunión con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
Dichas autoridades secuestraron a Bautista Valle y a Eva Alarcón Ortiz, y desde aquel momento la familia de las víctimas no ha recibido ninguna información sobre el paradero o la causa de esta desaparición forzada.
Ese mismo día 8 de diciembre, las hijas de las dos víctimas, presentaron la misma denuncia por separado en la Procuraduría General del Estado, en virtud de que había elementos para suponer que habían participado policías estatales.
También presentaron la denuncia en la Procuraduría General de la República habiendo recibido información para suponer que elementos del Ejército había tenido algún grado de participación.
Asimismo, se reunieron varias veces con el Gobernador del Estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y con el Consejo de Seguridad de manera a dar a conocer el caso y exigir la identificación del paradero de sus padres. A continuación de esta denuncia, se supone que la Procuraduría del Estado de Guerrero y la Procuraduría Federal abrieron una investigación sobre el caso.
Los familiares fueron informados por la Procuraduría General de la República y la Policía Federal de la detención preventiva de 24 policías del municipio de Tecpan de Galeana y cuatro agentes de la Policía Investigadora Ministerial adscritos a la misma alcaldía. Sin embargo, no se les comunicó ningún dato en cuanto a sus padres.
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