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Ex funcionarios involucrados en fuga de El Chapo sin rendir declaraciones, Gobernación no ha proporcionado sus datos
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Han pasado cinco meses, sin que la Secretaria de Gobernación haya dado a conocer los datos a un juez federal que permitan citar a declarar a dos de sus ex funcionarios involucrados en el proceso penal iniciado por la última fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Los funcionarios son Juan Ignacio Hernández Mora, ex director del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Segob, y de Ramón Pequeño García, el ex titular de la Policía Federal y de la División Antidrogas de dicha corporación.
Cabe señalar que fue desde enero pasado, cuando el Juez Cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca pidió a la Segob datos útiles para poder citar a testificar a los ex funcionarios y, aunque han habido repetitivos recordatorios, las informaciones no han sido proporcionadas.
Así es como tanto Hernández como Pequeño no han recibido ningún citatorio y seguirán sin recibirlo mientras Gobernación no proporcione sus domicilios.
De acuerdo con Alberto del Río, defensor del procesado Valentín Cárdenas Lerma, ex director del Altiplano, “el 1 de febrero pasado el juez de la causa requirió al Secretario de Gobernación los datos donde puedan localizarse los ex funcionarios”.
Casi cinco meses después la dependencia finalmente contestó, diciendo “no tener dicha información, razón por la que los abogados de Cárdenas solicitaron al juzgado girar oficios a diversas dependencias de gobierno para que consigan los domicilios de los testigos”.
Cárdenas fue sujeto a proceso el 20 de septiembre de 2015 por el delito de evasión de preso acusado de delitos contra la salud, por la fuga de “El Chapo” Guzmán del Penal del Altiplano, ocurrida el 11 de julio del mismo año.
De acuerdo a su abogado, “el juez de la causa demoró casi seis meses en determinar la admisión y desechamiento de las pruebas ofrecidas en su descargo”.
“No fue sino hasta agosto de 2016 cuando el juez emitió un acuerdo en el que solamente tuvo por admitidas 12 de 50 pruebas de la defensa”, aseguró del Río Azuara.
Por lo que su defensa apeló ese acuerdo, pero el juez tardó 4 meses en enviar las constancias al tribunal de alzada. “Fue hasta enero de este año cuando el Quinto Tribunal Unitario de Toluca revocó el desechamiento de diversas pruebas y declaró admitidas alrededor de 30, incluidos los interrogatorios a los ex funcionarios señalados”.
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