Ante grave crisis de seguridad y justicia, necesaria una política de Estado de transparencia y rendición de cuentas: expertos

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Durante el panel sobre seguridad que se realizó recientemente como parte de los foros universitarios La UNAM y los desafíos de la nación, expertos en el tema señalaron que ante la grave crisis de seguridad y justicia que vive México, es necesaria una política pública con un enfoque funcional y transparente.

En este sentido, José Medina Romero, académico de la Facultad de Derecho y ex subprocurador de la República, recalcó que el responsable de brindar seguridad y justicia es el Estado. También recae en él otorgar las políticas públicas eficientes para enfrentar al crimen organizado y los efectos que no sólo golpean a las personas y su patrimonio, sino que afectan el tejido social.

Para esto, existe la necesidad de una política de Estado transparente y que brinde rendición de cuentas, para lo cual el punto de partida sería la transformación de la Procuraduría General de la República en una fiscalía que permita la transexenalidad, exención de posicionamientos partidistas y una rendición de cuentas abierta ante la soberanía del país.

El ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Guillermo Valdés Castellanos, mencionó que el crimen organizado, llegó de manera violenta como sujeto social, y que lamentablemente, sabemos muy poco de él. ‘‘Como nación es vergonzoso que tengamos este hueco de conocimiento y si desconocemos al sujeto, también a las políticas adecuadas para combatirlo”.

Aseguró que a partir de que la única organización delictiva dedicada al narcotráfico que existía en el país comenzó a dividirse en seis grupos, entre ellos los cárteles de Sinaloa, Juárez, Tijuana y del Golfo, comenzaron los conflictos para controlar la producción y exportación de droga. Después, debido a conflictos internos y la acción del Estado, dichas bandas se separaron y surgieron 12 nuevos grupos, entre ellos Los Zetas o Los Templarios.

Esta fragmentación continuó y las organizaciones regionales dieron lugar a casi 250 bandas disputándose el negocio del narcotráfico y otros mercados ilegales, como el robo de hidrocarburos, tráfico de indocumentados, extorsión o secuestro.

José Ramón Cossío, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comentó que a pesar de esto, existen avances en la parte de derechos humanos, juicio de amparo, control de constitucionalidad, aunque también hay una extraordinaria crisis de seguridad en el país.

Sobre esta crisis de seguridad y justicia, Mario de la Garza, presidente de la Barra de Abogados, comentó que el 96 por ciento de las personas que sufren un delito no lo denuncian, y la posibilidad de imponer sanciones es de sólo 2 a 5 por ciento, lo que refleja que el 98 por ciento de los ilícitos que se cometen en México no tiene consecuencia.

Luis Esteban Islas Basilio, en representación del comisionado nacional de Seguridad, mencionó que se deben conocer los factores que inciden en los ciclos de violencia relacionados con el crimen organizado, sobre todo en donde se registró un incremento, como en 2008 y 2011 y entre 2015 y 2016.

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