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El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dio a conocer que padeció un fraude por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a quien encargó sus obras más importantes desde 2013.
Según la información del informe de la Cuenta Pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación determinó que la Sedena provocó daños por más de 67.6 millones de pesos al patrimonio de la Judicatura.
Se explicó que lo anterior sucedió “porque militares no cumplieron con los trabajos donde se construyeron tres Centros de Justicia para el nuevo sistema penal y un Palacio de Justicia federal.
No acreditaron cumplimiento de los trabajos contratados por 65.2 millones de pesos en las obras de La Paz, Baja California Sur; San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; Apizaco, Tlaxcala, y Cintalapa, Chiapas”, se observó en la revisión del convenio por el cual el CJF adjudicó las obras para tratar de evitar los problemas que generan las licitaciones y la inseguridad en ciertas zonas del país.
Cabe señalar que en los proyectos de Apizaco y Cintalapa, la Judicatura aprobó a la Sedena estimaciones de obra y de recursos sin verificar los volúmenes considerados en los planos que proporcionó la entidad fiscalizada, por un monto de 2.4 millones de pesos, agrega el informe.
También se menciona que “el convenio de 2013 fue firmado durante la presidencia del Ministro Juan Silva Meza, ya retirado, quien encontró atractiva la opción de trabajar con la Sedena como lo había hecho su colega Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena cuando era pesidente del Servicio de Administración Tributaria”.
Además del SAT, dependencias como el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, también acostumbran contratar a la Sedena para buena parte de sus obras.
“Salvo la terminación de obras previamente contratadas, el CJF abandonó el convenio con la Sedena en 2015”, que la ASF había considerado ilegal desde que revisó la Cuenta Pública de 2014, cuando pidió a la Cámara de Diputados revisar el tema.
“De las facultades conferidas en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, no se desprende que cuente con atribuciones para celebrar convenios para ejecutar obra pública distinta de la construcción, mantenimiento y demolición de fortificaciones, fortalezas y e instalaciones de la propia Sedena”, sostuvo la ASF hace un año.
Sumó que en noviembre pasado, el CJF logró aportar documentos para comprobar 62 millones de pesos de los 127 millones originalmente reclamados por la ASF.
“El CJF manifestó que cuenta con capacidad para cumplir con las tareas de supervisión y coordinación de las obras, pero que dichas tareas únicamente recaen sobre una sola persona”, dice el reporte.
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