En Durango admiten amparo de ejidatarios; “para gobierno valen más los derechos de minera Excellon que los nuestros”: afectados

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(24 de enero, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO). El Segundo Tribunal Colegiado de Material Penal y Administrativa en Torreón, Coahuila, admitió el amparo interpuesto por ejidatarias y ejidatarios de La Sierrita de Galeana en Durango, promovido en diciembre pasado con el propósito de que se les garantice el derecho de acceso a la justicia.
Dicho amparo se interpuso luego que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Sexto con sede en Torreón, Coahuila, dictara una sentencia en la que estableció el término de la relación contractual entre las ejidatarias, los ejidatarios y Excellon de México S.A de C.V, por lo que la empresa tendría que hacer entrega inmediata de las mil 100 hectáreas de tierras pertenecientes al Ejido.
Sin embargo, en la misma sentencia se ordenó al Ejido pagar a la empresa la cantidad de 5 millones 612 mil pesos, manteniendo un embargo sobre sus tierras hasta que se realice el pago. “Parece que las tierras no son nuestras, el gobierno las entrega mientras no le sirvan y después no las arrebata si le van a servir a él o a alguna empresa. Eso fue lo que pasó con Sierrita”, asegura a Revolución TRESPUNTOCERO, Daniel Pacheco, actual Presidente del Comisariado Ejidal.
De acuerdo a la organización Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC), el embargo significa una clara violación al artículo 27 de la Constitución, ya que este artículo reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales, así como la protección de su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas.
Además se explica que la sentencia estableció que la empresa debe pagar al Ejido la cantidad de 5 millones 500 mil pesos por una cláusula penal establecida en el contrato. Sin embargo, el Tribunal Unitario Agrario no se pronunció por los daños que las actividades de la empresa causan a la comunidad y a sus tierras.
En relación al supuesto cierre de la mina por parte de las y los ejidatarios – hecho por el que la comunidad deberá pagar a la empresa la cantidad antes mencionada-, las pruebas confesionales y testimoniales que ofreció Excellon mostraron que se trató de una manifestación pacífica en una de las entradas de la mina, sin afectar el acceso de las y los trabajadores a la empresa.
Por su parte, Juan Antonio López, abogado y Coordinador del Área de Justicia Transnacional de ProDESC, indicó que “el Ejido La Sierrita no ha recibido el pago de la renta en los últimos 3 años; además, la sentencia que emitió el Tribunal Unitario Agrario omite ordenar que el Ejido debe recibir un pago por los daños causados y por los incumplimientos al contrato por parte de la empresa.
Por eso es tan relevante que el Segundo Tribunal Colegiado haya admitido el amparo interpuesto, y esperamos que se garanticen a cabalidad los derechos de las ejidatarias y los ejidatarios”.
Añade que “es importante dejar en claro que las ejidatarias y los ejidatarios de La Sierrita buscaron entablar un diálogo con Excellon, ya que es una comunidad que está a favor del desarrollo y la generación de empleos en la región, pero esto no podrá suceder si continúan las violaciones a los derechos de las y los propietarios de la tierra”, puntualizó Juan Antonio López.
Prodesc informa que Excellon de México inició operaciones en el Ejido La Sierrita en 2004, utilizando 27 hectáreas por 30 años y haciendo un pago único por 1 millón 200 mil pesos. Después de varias inconsistencias y violaciones por parte de la empresa a ese primer contrato, el ejido intentó llegar a un acuerdo.
En 2008, ambas partes firmaron un Contrato de Ocupación Temporal por la renta de mil 100 hectáreas por un monto de 5 millones 500 mil pesos anuales que aumentarían año con año de acuerdo con la inflación. En ese contrato se establecieron cláusulas económicas, sociales y medioambientales que en su mayoría fueron incumplidas por la empresa.
Fue así que en septiembre de 2012, las y los ejidatarios de La Sierrita con el acompañamiento de ProDESC presentaron una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario por rescisión del contrato con la minera, y que después de cuatro años resolvió privilegiando el beneficio de las empresas trasnacionales por encima de la defensa a los derechos de las y los mexicanos.
Pacheco, asegura que “para el gobierno valen más los derechos de la minera Excellon que los nuestros”. Por lo que apelamos, pero tanto la mina como nosotros interpusimos un amparo y por el momento solamente se le ha asignado sala.
En cuanto a nuestra relación con la mina sigue siendo la misma, ellos se hacen de oídos sordos y nos ignoramos; pero la minera está acostumbrada a soltar rumores, ahora dicen que quieren platicar con nosotros, sin embargo no sucede, solamente es para ver si nos cansamos de nuestra lucha, pero eso no va pasar”.
Además, Pacheco pide que las autoridades locales y estatales escuchen su versión, porque los mineros “son tan cabilderos, seguramente ya abordaron al gobernador, lo que queremos es que ahora presten atención a nuestra lucha”.
Pacheco comenta que el gobernador y presidente municipal, “vendrán de gira y aunque saben de nuestro problema no nos avisaron o llamaron para dialogar a propósito de su visita”. Comenta que la única esperanza es una respuesta positiva al amparo porque “en concreto no hay nada, estamos en el limbo”.
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