Roberto Borge enajenó de manera irregular 9 mil 500 hectáreas de varios municipios de Quintana Roo

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El actual gobierno panista-perredista de Quintana Roo, encabezado por Carlos Joaquín González, dio a conocer que se detectó acciones dudosas perpetradas por el ex mandatario Roberto Borge Angulo, quien se afirma, “enajenó de manera irregular 9 mil 500 hectáreas (95 millones de metros cuadrados) de varios municipios de la entidad”.

También se señala que familiares y ex colaboradores del priísta involucrados en esa operación “son propietarios de la empresa que se hizo de tres barcos, en cuatro años recientes, con valor superior a 7 millones de dólares”.

Durante una conferencia de prensa, el secretario de Gestión Pública de Quintana Roo, Rafael Antonio del Pozo, explicó este martes, que “aunque el quebranto provocado por Borge a la entidad es enorme, lo que se dio a conocer es lo que hasta ahora han comprobado, durante el periodo de entrega-recepción del gobierno, para integrar las denuncias correspondientes”.

Tiene ya tres semanas que la nueva administración interpuso ante la Procuraduría General de la República (PGR) una querella por la enajenación de 850 hectáreas, y fue este lunes cuando se presentó ante la Fiscalía General de Quintana Roo.

Cabe señalar que la denuncia de hechos es contra Borge Angulo –quien presidía el comité inmobiliario estatal–, familiares y ex colaboradores, así como contra la ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública Estatal Claudia Romanillos Villanueva.

Del Pozo agregó que “la reserva territorial vendida representa 7% del municipio de Bacalar, 10% de Felipe Carrillo Puerto, 20% de Tulum, 23% de Cozumel, 36% de Benito Juárez, 52% de Solidaridad y más de 60% de Puerto Morelos”.
Lo que da un total de 9 mil 500 hectáreas que es “seis veces la superficie total de la zona hotelera de Cancún o 24 veces la de Isla Mujeres”, puntualizó el funcionario.

Asimismo, aseguró que “por ese quebranto Quintana Roo está en una situación financiera compleja; no ha habido una sola área donde no encontremos irregularidades importantes en el manejo de los recursos, en la integración de los expedientes”.

Rafael del Pozo destacó que “aún no es posible determinar el monto del posible daño patrimonial a las finanzas públicas del estado, pero la deuda es superior a 22 mil millones de pesos, hay adeudos de ejercicios fiscales anteriores por más de 2 mil 600 millones de pesos y montos observados superiores a 3 mil millones de pesos de la Auditoría Superior y de la Secretaría de la Función Pública”.

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