En la mayoría de desapariciones forzadas, fuerzas de seguridad detienen arbitrariamente y sin indicios suficientes que lo justifique: HRW

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(24 de noviembre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO). – Israel Torres Lazarín, de 21 años, trabajaba en un centro de tratamiento destinado a drogodependientes en Gómez Palacios, Durango. Una tarde cuando el joven se trasladaba junto con otros cinco compañeros de trabajo para buscar a un paciente, su automóvil fue interceptado por policías municipales en Matamoros, Coahuila.

De inmediato, Israel se comunicó por radio con el director del centro de tratamiento para informarle que el grupo había sido retenido por policías afuera de una tienda de la cadena mexicana Soriana, quienes les indicaron que se trataba de una “revisión de rutina”.

Posteriormente, el director contó a la madre de Israel que “cuando se comunicó nuevamente por radio con el joven, que fue tres minutos después, la policía estaba confiscando los dispositivos de radio y los teléfonos celulares de los detenidos”.

Nuevamente, cuando el director intentó por tercera vez comunicarse por radio, no hubo respuesta. El director se trasladó inmediatamente hasta el sitio y habló con varias personas que trabajan en las inmediaciones, quienes le dijeron que “habían visto a policías detener el automóvil y subir a seis personas a una camioneta con la insignia de la policía municipal”. De sus cinco compañeros y de Israel, nada se volvió a saber, según documento Human Rights Watch (HRW), en su informe Los desaparecidos de México: el persistente costo de una crisis ignorada.

De acuerdo a la organización, “la mayoría de los casos de posible desaparición forzada que documentamos responden a un patrón, en el cual miembros de las fuerzas de seguridad detienen arbitrariamente a personas sin la correspondiente orden de detención y sin indicios suficientes que justifiquen esta medida”.

En más de 60 casos, HRW encontró evidencias contundentes que las desapariciones habían ocurrido como resultado de la cooperación entre miembros de las fuerzas de seguridad y la delincuencia organizada. Por ejemplo, en otro caso, los comerciantes de oro Eduardo Cortés Cortés, de 27 años, José Manuel Cortés Cortés, de 21, Carlos Magallón Magallón, de 30, y David Magallón Magallón, de 28, fueron detenidos arbitrariamente tras dejar sus hogares en la localidad de Pajacuarán, Michoacán, mientras se dirigían hacia el estado de San Luis Potosí para comprar y vender oro, algo que hacían habitualmente como parte de su trabajo.

De acuerdo al testimonio del padre de las víctimas Eduardo y José Manual Cortés Cortés. Llegaron de noche a Río Verde, San Luis Potosí, se alojaron en un hotel y llamaron a sus familias, conforme se establece en el informe correspondiente a la investigación preliminar efectuada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí.

Poco después, David Magallón envió un mensaje de texto a su esposa donde le decía que habían sido interceptados por policías en la localidad de Cárdenas, en San Luis Potosí. “Otra vez (sic) nos agarro (sic) la poli cualquier cosa estamos en Cardenas SanLuis (sic) Potosí”, decía el mensaje.

Poco después, David llamó a su esposa y le dijo que él y los demás habían sido detenidos y eran trasladados a la estación de policía en Cárdenas. Luego la llamada se cortó en forma abrupta. Cuando su esposa intentó comunicarse, ya no tuvo respuesta. Ese fue el último contacto que todas las familias tuvieron con los cuatro hombres. Cabe señalar que existe más evidencias que apuntan a la participación de policías en la desaparición.

Otro comerciante de oro, dijo a los familiares que había visto a las víctimas cuando eran interrogadas por policías. También señaló que él y su socio habían sido robados por policías locales el mismo día que desaparecieron los hombres.

En varios casos, los familiares de las víctimas dijeron a Human Rights Watch que pidieron ayuda a las autoridades en el momento en que la persona estaba siendo llevada contra su voluntad o inmediatamente después, un período crítico para obtener información sobre el paradero de la víctima, evitar su muerte y encontrar a los responsables. Sin embargo, en todos esos casos las autoridades no ofrecieron una respuesta a los familiares o no los atendieron.

Human Rights Watch concluyó que es habitual que los agentes del Ministerio Público no realicen averiguaciones preliminares o inicien investigaciones inmediatamente después que se denuncian las desapariciones. Estas demoras pueden provocar que se pierda de manera irreversible información clave, además de disuadir a los familiares de regresar para denunciar desapariciones en el futuro.

“Las desapariciones forzadas en México son culpa de toda la cúpula que conforma el Estado, es decir, desde quien tomó la decisión de sacar al Ejército a las calles, como quienes lo mantienen ahí. Si a Peña Nieto, Cienfuegos, Osorio Chong, senadores y diputados les parece que los elementos sigan siendo los principales protagonistas de violaciones a derechos humanos y homicidios, entonces por supuesto que también son cómplices.

No podemos esperar no ser asesinados, no ser desaparecidos o torturados hayamos o no alzado la voz, vivimos en un país controlado por una derecha represora que desaparece estudiantes, civiles, activistas, pero que solapa abiertamente el crecimiento de cárteles de la droga, grupos armados, escuadrones de la muerte y proliferación de fosas clandestinas”, asevera a este medio Tania Robles, activista y especialista en derecho militar.

A su vez menciona que las desapariciones forzadas, son parte fundamental de un gobierno represor, pero también, de elementos que buscan obtener el control “e incluso estar por encima de un mandatario venido a menos, por catalogarse por un inepto que en sus primeros años obedeció a cualquiera y hoy todos hacen lo que quieren, hoy las fuerzas armadas son de las secretarías que tienen mayor poder que Peña Nieto y por lo tanto pueden escribir iniciativas y declarar abiertamente que quieren abierto uso de la fuerza y mayor poder”.

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