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Pese a que se emitieron resoluciones jurídicas para que las empresas ligadas a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), suspendieran actividades, éstas hicieron caso omiso y continúan sus trabajos en el poblado de San Miguel Tocuila, municipio mexiquense de Texcoco, dieron a conocer integrantes del Comité de Sobrevivientes de la Tortura del caso Atenco.
Por lo que anunciaron que solicitarán a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “la emisión de medidas cautelares para que las autoridades federales y locales del estado de México garanticen la seguridad e integridad física de los pobladores de San Salvador Atenco y Texcoco”.
Durante una conferencia de prensa, acompañados de sus abogados y representantes, señalaron que “las empresas Cypsa y Lince, entre otras, han contratado incluso personal de seguridad armado, a fin de poder continuar los trabajos que realizan de manera ilegal en la zona de Tocuila, pese a las resoluciones judiciales que han ordenado la suspensión definitiva, en tanto se resuelve el fondo del juicio, relativo a la propiedad de los terrenos donde realizan obras periféricas de la nueva terminal aérea”.
Por su parte, Antonio Lara Duque, abogado y director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, explicó que “estas medidas cautelares solicitadas están, simple y llanamente, sustentadas en las suspensiones definitivas ordenadas por los jueces de distrito y que ilegalmente han desacatado las empresas y los gobiernos responsables de hacerlas cumplir”.
Se anunció que emprenderán una serie de acciones legales que emprenderán en defensa del territorio de estos pueblos, “está la denuncia en contra de las citadas empresas y otras por la afectación al medio ambiente que provocan sus actividades” se mencionó.
Lara Duque mencionó que, “la violación de las resoluciones judiciales ha puesto en riesgo a los habitantes de ambos municipios, quienes incluso han sido perseguidos a balazos por los grupos de particulares al servicio de las empresas, es decir, está en riesgo la vida e integridad física de las personas”.
“La intención de estas medidas es que la misma CNDH se haga responsable de velar por los derechos fundamentales de todos los habitantes de la zona de Atenco y Texcoco, además de que llame la atención sobre el incumplimiento de las resoluciones judiciales”, añadió Lara Duque.
Los integrantes del Comité de Sobrevivientes de Tortura en el caso Atenco, encabezados por Ignacio del Valle, denunciaron que “el proceso contra los presuntos responsables de los hechos ocurridos hace ya 10 años han sido una simulación al enjuiciar a personal del más bajo nivel en la cadena de mando, sin citar ni tocar a quienes ordenaron desde los más altos mandos los operativos policiacos”.
Aunque “también han sido una forma de revictimizar a la población, llamándolos durante varios años a comparecer como testigos en medio de amenazas, multas y órdenes de presentación.
Informaron que desde la creación de este comité, hace un año, decidieron ya no acudir a los citatorios, e insistieron en que se investiga a la cadena de mando que ordenó tales operativos”.
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