Se niega PGR a juzgar a militares acusados de violación sexual en contra de joven, dentro de cuartel

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Luego que una mujer fuera víctima de ultraje cometido por dos soldados adentro de un cuartel de Nuevo Laredo, tal como lo dio a conocer Revolución TRESPUNTOCERO, fue indemnizada por autoridades militares, aunque la PGR se ha negado a juzgar a los autores del ataque, argumentando “que se encontraban fuera de servicio al momento de los hechos”.

Según declaraciones de Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), “la mujer fue privada de su libertad y agredida sexualmente el 20 de septiembre del 2013 en el interior del cuartel militar Macario Zamora, por los soldados identificados como Édgar Frías y Roberto Acosta Vargas”.

Además de afectarla física y emocionalmente, le robaron un teléfono celular, de acuerdo con la querella que interpuso la mujer.

Aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya emitió la respectiva recomendación, ella percibe que la justicia no ha llegado aún. En 2014, la Procuraduría de Tamaulipas se declaró incompetente, al señalar que “si bien los elementos se encontraban francos, la acción ocurrió en una instalación militar, por lo que corresponde a las autoridades federales investigar el caso”.

Al revisar la averiguación previa AP/PGR/TAMPS/NL-III/374/2016, el agente primero del Ministerio Público Federal determinó el no ejercicio de la acción penal por los delitos violación, privación ilegal de la libertad, lesiones y robo, dio a conocer el activista.

“El agente ministerial dice que el caso es del fuero común, pero independientemente de si estaban en servicio o no estas personas, la agresión ocurrió en una instalación militar, y en ese momento aplica el fuero federal”, dice Raymundo Ramos.

Además afirma que no se conoce qué ha ocurrido con los militares involucrados, aunque supone “que se encuentran en libertad y han sido movilizados por todo el país”.

La afectada promovió ante la PGR un recurso de inconformidad el 20 de abril pasado, que actualmente se encuentra en revisión en la Subprocuraduría de Procedimientos Penales, de la misma dependencia federal.

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