“Fue el ejército quien se lo llevó”; en México, 11 personas son desaparecidas a diario

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(21 de octubre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Claudia, su esposa, siempre ha afirmado que a Isaías, fue el ejército quien se lo llevó y nunca más se lo devolvió.

Isaías Uribe Hernández y Juan Pablo Alvarado Oliveros, ambos de 30 años, trabajaban en la misma clínica veterinaria en Torreón, Coahuila, al finalizar su jornada laboral ambos salieron en la camioneta segundo, la cual tenía grabado el nombre de la clínica en la cual trabajaban.

Iban a convivir un rato, por lo que pasaron a casa de un amigo, Leopoldo Gerardo Villa Sifuentes, para invitarlo a tomar unos tragos, pero, según el testimonio que esta última persona aportó a los agentes del Ministerio Público estatal, “decidió no acompañarlos porque esa noche deseaba quedarse con su familia”.

Pasadas ya las 02:30 de la mañana, Villa Sifuentes escuchó disparos afuera de su domicilio y pasados 10 minutos, cesaron.“Me asomo por la ventana y me doy cuenta de que en la calle andaban varios soldados encapuchados, y digo que eran soldados porque andaban en camionetas color verde militar con un arma que tiene como triple [el tamaño de las normales]… e incluso cuando me asomo un soldado encapuchado me aventó la luz de su lámpara en mi cara y me dijo que me metiera”, declaró.

Aquella noche Uribe Hernández y Alvarado Oliveros no regresaron a sus casas. Por lo que las familias de inmediato se dieron a la tarea de buscarlos. Los vecinos contaron a los familiares que la noche anterior se había producido un tiroteo en el vecindario, por lo cual el suegro de Uribe Hernández, se hizo presente en el lugar de los hechos y encontró la camioneta de Alvarado Oliveros cubierta por impactos de bala.

En el asiento del acompañante y en dos puertas había manchas de sangre. Una vecina indicó a los familiares de las víctimas que, después de la balacera, había visto soldados en la calle que sacaban de la camioneta a una persona que no se movía y que escoltaban a otra “a punta de pistola”.

Dentro de la serie de irregularidades en el caso, las familias señalan que los funcionarios aseguraron el lugar de los hechos, más de diez horas después de ocurridos los disparos, esto pese a que los vecinos habían denunciado a las autoridades en ese mismo momento lo que estaba pasando.

Cabe mencionar que cuando el suegro de Isaías llegó a la escena de los hechos violentos, los vecinos habían ya tocado varias evidencias y dejado ahí sus huellas -principalmente dentro del vehículo-.

Ya que “se habían subido y estaban retirando los casquillos de las balas que estaban en la calle, lo cual constituye una intromisión en el lugar del hecho que menoscaba la capacidad de los peritos forenses de reunir pruebas y reconstruir el incidente”, señaló Human Rights Watch (HRW).

Esa misma tarde cuando los familiares de las víctimas se presentaron en el Ministerio Público estatal para efectuar una denuncia formal de las desapariciones, se les dijo que, “como presuntamente había militares implicados en el caso, el hecho correspondía a la jurisdicción federal”.

Pero al acudir a la PGR, se les informó que, “a menos que los testigos pudieran proporcionar los números de identificación de las unidades del Ejército implicadas, los funcionarios federales no podían iniciar una investigación”.

Así, sin ninguna argumentación sólida, los agentes de la PGR decidieron que “a pesar de los testimonios de testigos que indicaban la intervención de militares en el lugar del hecho, se desprende que es improbable que el Ejército de México se haya visto involucrado en ese acontecimiento”.

Los agentes de la PGR no explicaron cómo llegaron a esta deducción, que ignoró todas las pruebas aportadas, además del testimonio de los testigos.

En 2015, Ariel Dulitzky, presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, declaró que “en México existen más de 20 mil personas desaparecidas, pero el gobierno mexicano no da esperanza de encontrarlas, sólo da muestras de desidia y abandono”.

A su vez, mencionó que, “lamentablemente la desidia y el abandono con el que las autoridades han tratado el tema de la desaparición forzada, incluso en casos como Ayotzinapa, no han logrado ser superadas, pero todos los casos son fundamentales, nosotros no hacemos distinción entre uno y otro”.

Las organizaciones no gubernamentales en el país, han afirmado que 11 personas son desaparecidas a diario en el territorio nacional, siendo la impunidad uno de los elementos principales que las propicia.

En 2013, Human Rights Watch dio a conocer que tenía documentados 249 desapariciones cometidas en México, desde diciembre de 2006; de los cuales, en 149 encontraron evidencias contundentes “que actores estatales habrían participado en la desaparición, ya sea por sí solos o en colaboración con organizaciones delictivas, siendo implicados miembros de todas las fuerzas de seguridad que intervienen en operativos de seguridad pública, es decir, el Ejército, la Marina, la Policía Federal, y/o las policías estatales y municipales.

“Las muestras de evidente violación a la vida y los derechos humanos por parte de los gobiernos que han estado al frente, desde 2000, permiten darnos cuenta que esto es un exterminio social. Porque por más pruebas, las cuales incluso no se puedan esconder, el Estado, por medio de sus autoridades seguirá negando haber cometido delitos mortales”, afirma a ese medio, la activista Renata Garay.

Además, expresa su preocupación por la creación y construcción de una Ley General contra la Desaparición forzada, donde las familias que han padecido estos hechos no han sido tomados en cuenta y por el contrario, “han sido relegados”.

Esta semana, durante una reunión sostenida con Ariel Dulitzky, presidente del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la ONU, integrantes de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México, externaron su preocupación en torno a la Ley General contra la Desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares que se estará discutiendo en este periodo de sesiones en el Senado.

Ahí mismo, hicieron entrega de la Iniciativa de Ley General elaborada por las diversas organizaciones de víctimas, de derechos humanos, populares e indígenas que conforman la Campaña. Manifestando que “la desaparición forzada de personas en México, es una grave y múltiple violación a los derechos humanos que tiene como máximo perpetrador y responsable al Estado, de ahí que la legislación que tenga que elaborarse en esta materia debe partir del reconocimiento de dicha problemática, así como establecer que es su obligación y responsabilidad investigar, sancionar y reparar toda desaparición forzada y las desapariciones cometidas por particulares”.

En tanto Garay, asegura que difícilmente el Estado tomará en cuenta el documento realizado por las familias de víctimas, “puesto que en ese proyecto sí se habla de castigo y de conseguir justicia, el gobierno no querrá castigarse, ni tampoco a sus brazos ejecutores, estamos librando una batalla, contra el culpable, que al mismo tiempo tiene el poder de dar o no respuestas, y elegir cuáles son las que nos quiere dar”.

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