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Las constantes prácticas de desaparición forzada, tortura y ejecuciones arbitrarias que no son reconocidas por el Estado y mucho menos investigadas, demuestran la ‘‘gravísima crisis’’ de derechos humanos que se vive enVeracruz, denunciaron más de 60 organizaciones de la entidad.
A estas constantes violaciones a los derechos humanos se suma la impunidad cuando los responsables no son sancionados y las víctimas quedan sin acceso a la justicia.
Detallaron que Veracruz es la entidad que ocupa el primer lugar al tener el mayor número de amenazas y agresiones contra comunicadores, así como los 19 homicidios cometidos durante el gobierno del priista Javier Duarte, por lo que denunciaron que la libertad de expresión y acceso a la información es insostenible.
Cabe recordar que Catalina Botero, ex relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), declaró en días pasados que en Veracruz los ataques contra periodistas alcanzan niveles de países de guerra.
Detalló que “es un lugar de enorme riesgo para el ejercicio del periodismo independiente y para la defensa de los derechos humanos, es un lugar de enorme riesgo para actividades que retan o desafían a quienes ejercen el poder”.
Asimismo la entidad también sufre y mantiene una lucha contra los proyectos extractivistas y despojos de las tierras, por lo que se demuestra una falta total de respeto a la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas.
Las más de 60 organizaciones de derechos humanos de Veracruz mediante un pronunciamiento informaron sobre la realización de un diagnóstico de la entidad donde instan al próximo gobierno panista, encabezado por Miguel Ángel Yunes, a realizar las investigaciones necesarias para sancionar a las autoridades responsables de graves violaciones a los derechos humanos, así como reparar los daños a las víctimas y sobrevivientes, e instaurar medidas para que no se vuelvan a repetir las violaciones.
Entre las más de 60 organizaciones se encuentra la Red Nacional de Defensoras-Veracruz y el Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz, quienes manifestaron una postura en contra de los proyectos de fracking en la zona norte y sur de la entidad; la extracción y transporte de hidrocarburos; megaproyectos de minería a cielo abierto en los municipios de Actopan y Alto Lucero; entre otros.
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