Elementos de la Marina abusaron sexualmente de Magdalena y le aplicaron descargas eléctricas en boca y genitales

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(02 septiembre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- “San Luis Potosí ha sido de los más golpeados por la violencia de delincuentes y fuerzas armadas, pero poco se ha mencionado, la triada siempre ha sido Sinaloa, Chihuahua y Durango, nada más allá del triángulo dorado podría estar pasando pero no es así, recientemente Amnistía Internacional ha puesto en el punto rojo también a SLP, esa entidad dañada con desapariciones, ejecuciones y violaciones a fin de conseguir falsas declaraciones y culpables.

Ellos han demostrado que ocupa el tercer lugar en tortura sexual hacia las mujeres, es decir están siendo usadas de la forma más vil y siendo expuestas a la prensa, asumiéndolas como delincuentes y hasta homicidas”, afirma aRevolución TRESPUNTOCERO la activista Elvia Moreno, quien decidió salir de San Luis luego de ser amenazada de muerte.

“A mi me amenazó una banda delincuencial, luego de ver cómo un grupo de policías municipales hicieron tocamientos a una menor de no más de 15 años, a la niña la subieron a la patrulla, no se la llevaron, solamente estuvo ahí durante un rato. Lo desgarrador es como nadie se metió.

No sólo porque los policías pueden matar, sino porque están en colusión con las bandas, si ellos no lo hacen, mañana llegaran los delincuentes y lo harán por ellos. Eso pasó conmigo, me atreví a gritarles que la dejaran, me atreví a anotar las placas, lo siguiente fue tener que salvar mi vida. Tampoco recurro a mecanismos de protección del gobierno, porque me resulta igual de peligroso.

Si se estudian los casos de los activistas que se han inscrito a éste y tienen escoltas, son estos mismos quienes los atacan, los que quieren asesinarlos, finalmente saben a dónde van, siempre inician ingiriendo bebidas alcohólicas y terminan coludidos con los enemigos de uno, generalmente las policías”, comenta la activista.

Quien agrega que, las mujeres han sido por años el principal blanco, no solamente porque podrían ser más fáciles de inculpar, o que cedan ante la tortura, “sino que es la maldita violencia de género, vernos como objetos sexuales y usarnos como eso, antes de cualquier otro fin”.

A Magdalena fue la Marina quien la usó como falso positivo. Una noche del diez de mayo, cuando repasaba los planes, para llevarle una serenata a su madre, elementos de dicha dependencia le cambiaron la vida, le arrebataron la libertad. Era 2013, San Luis Potosí, y en México aumentaba el número de violaciones a derechos humanos, por parte de fuerzas armadas, teniendo a la SEMAR como la dependencia con mayor número de denuncias, según datos de Amnistía Internacional.

Aquella noche, Magdalena escuchó ruidos y de inmediato pensó que querían entrar a robar a su domicilio; los pasos continuaron sobre el tejado, pero no le dio tiempo de hacer más, un grupo de marinos entraron de forma violenta y la sorprendieron, porque tiraron la puerta y llegaron hasta su dormitorio.

De inmediato los marinos comenzaron a golpearla, mientras le gritaban que les dijera dónde estaba el dinero, para después acusarla de ser parte de una banda de narcotraficantes, y además ser quien administraba el dinero que obtenía por los negocios ilícitos.

Como parte de la tortura física le colocaron una bolsa alrededor de la cabeza, para asfixiarla, y presionarla para declarar en su contra. La secuestraron de su domicilio y continuaron golpeándola al subirla a una camioneta, ahí también abusaron de ella sexualmente con objetos.

Sin embargo, esto no fue lo único, también le aplicaron descargas eléctricas en la boca y los genitales, como seguía sin inculparse, la amenazaron con hacerle lo mismo a su hija, de quien ya tenían su domicilio, toda la tortura, física, psicológica y sexual tardó poco más de 20 horas.

Fue solamente después de dichos actos crueles y degradantes, que a Magdalena la trasladaron a la Procuraduría General de la República, pero continuaron golpeándola en el trayecto, para después ser exhibida ante los medios de comunicación como parte de una banda delincuencial.

Tres años más tarde, dentro de los testimonios de Magdalena, se conoció que además que las huellas de tortura aún eran visibles, y mantenía evidentes signos de trauma psicológico, el médico legista de la Marina, aseguró que ella se encontraba “físicamente sana”.

Aun cuando ella le confesó que había sido abusada sexualmente y la violencia física se reflejaba en todo su cuerpo. Nadie tomó en cuenta lo visible, y continuó en prisión, y es Amnistía Internacional, quien ha informado que la víctima aún espera el resultado de un juicio.

“El cual sin acompañamiento de una organización es difícil que la dictaminen inocente, que tomen en cuenta las heridas y las pruebas psicológicas, aún con el acompañamiento sigue siendo un caso complejo, porque es una civil, en contra de una de las dependencias más sanguinarias y protegidas por el gobierno: la Marina.

Las evidencias, las pruebas existen, pero no se investigará, como suele pasar, a ningún elemento, mucho menos se le puede dar la razón a una víctima, es aceptar que en efecto la Marina y el Ejército ejecutan, abusan, torturan y eso el Estado jamás podría aceptarlo, incluso pagan para atacar a todo aquel que denuncia, para amenazar, para desprestigiar, a quien ose meterse con las fuerzas armadas”, denuncia Moreno.

En México, el 7% de la población reclusa de las prisiones federales son mujeres, según información de la Comisión Nacional de Seguridad. En su mayoría son mujeres, que aun cuando no tienen antecedentes penales, esto no ha sido impedimento para acusarlas, generalmente sin pruebas de estar relacionadas con delitos que incluyen drogas.

Según organizaciones como Amnistía Internacional, se ha dado a conocer que con frecuencia existe el uso de la tortura y otros malos tratos “contra personas acusadas de crímenes de gran resonancia que encajan en la estrategia de seguridad pública de la llamada guerra contra el narcotráfico”.

La organización analizó y estudió el caso de 100 mujeres, concluyendo que, el 33% habían sido acusadas de pertenecer a grupos de delincuencia organizada, el 23% de delitos relacionados con narcóticos, el 22% de secuestro, y el 14% de posesión ilegal de armas de fuego.

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