Después de ejecutarlo, los marinos manipularon la escena del crimen “sembrando” armas e incriminando a la víctima

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(23 de septiembre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- “La justicia es la eterna ausente en este país, ha sido sustituida por la impunidad y la corrupción; las ejecuciones extrajudiciales en nuestro país son parte de la política de terror impuesta desde Calderón y redoblada por Peña Nieto que ya sobrepasó la cifra de ejecutados y desaparecidos por Fuerzas Armadas.

En zonas como Mocorito, Sinaloa, la Marina ejecuta y desaparece, la gente dice ‘es el narco’, porque quien no justifique así a su víctima, las Fuerzas Armadas llegarán a desaparecerlo. Chihuahua, ahí también las mujeres, principalmente, están siendo desaparecidas, ya sea para trata o aparecen ejecutadas.

Sin embargo hay casos ‘en la lista de espera para ser atendidos’, llevan años y así seguirán, porque cuando son recientes, ‘falta que se revise a fondo’, y cuando son viejos de inmediato son colocados en el olvido, ‘ya pasó mucho tiempo los culpables ya no están aquí, para cualquier situación tiene una excusa, ellos no ven vidas, ven ‘trabajo extra’, esto es México”, asegura a Revolución TRESPUNTOCERO la derechohumanista y socióloga Jazmín Ramírez.

Quien recuerda el caso de Gustavo Acosta, quien en 2011, tenía 31 años y, “este mes se cumplen cinco años de la no justicia de un civil inocente, quien le fue arrebatado a su familia, como siempre sucede, por los más sanguinarios grupos armados: la Marina”, comenta Ramírez.

Gustavo Acosta, tenía su domicilio en el municipio de Apodaca, Nuevo León; aquel 11 se encontraba ahí cuando escuchó que un grupo de marinos estaba afuera disparando y gritando, querían entrar a su casa, y comenzaron a escandalizar.

En ese momento, desde el interior de su casa, Acosta, les dijo que se detuvieran, que abriría la puerta que esperaran un momento y abriría la puerta. En cuanto giró la manilla y dejó al descubierto su cuerpo, recibió dos impactos de bala que al penetrar en su cuerpo le arrebataron la vida.

De inmediato, el grupo de elementos de la Marina armados, amenazaron a la familia, la sacaron a gritos y apuntándoles los obligaron a callar y abandonar el cuerpo de Gustavo Acosta al interior de la casa, donde “los marinos manipularon la escena del crimen ‘sembrando’ armas y señalando a la víctima como integrante de un grupo delictivo”, versa el informe de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC).

Según la información dada a conocer por el organismo defensor de derechos humanos, dicho crimen, se presentó en un contexto de ataques generalizados y sistemáticos en contra de la población civil, “provenientes de una política pública ilegal que comprendía militarizar la seguridad pública, contraviniendo de esta manera diversas recomendaciones internacionales de derechos humanos”.

Según la defensa del caso demostró una evidente serie de violaciones a derechos humanos, donde se demostró que en efecto se trató de una ejecución extrajudicial, presentando los patrones que usan las Fuerzas Armadas: como “el uso indiscriminado y arbitrario de la fuerza ante la ausencia de una reglamentación, actividad preponderante de elementos militares en investigaciones sobre la comisión de delitos, manipulación de la escena del crimen y ‘siembra’ de armas y otras pruebas”.

Después de la tragedia, “el sufrimiento se intensifica, porque han asesinado a un civil inocente, la familia esta devastada y traumatizada, para después exhibir a su ser querido como un delincuente, porque mientras ellos lloraban, la Marina lo exhibía como un ‘logro’, haciendo creer que la sociedad se había librado de un delincuente.

Eso se llama criminalización de las víctimas, porque no solamente se trata de emitir un comunicado de la Secretaría de la Marina, en donde se presenta a Gustavo Acosta como presunto delincuente, también es el golpe mediático, donde todas las televisoras y los medios, sin investigar, sin que les importe, dan por hecho la mentira”, añade Ramírez.

Quien a su vez señala que después al intentar buscar justicia, con quienes “son juez y parte”, la familia no logra su objetivo, lleva cinco años buscándolo, “es que ninguna autoridad se atreve a cuestionar a la Marina, recientemente se han emitido recomendaciones, pero eso no significa que algo va cambiar, como pueden o no hacerle caso.

En el caso gracias a la deficiente investigación y negligencia de las autoridades, después de cinco años, no existe ninguna persona consignada por el homicidio de Gustavo Acosta, ni siquiera un sospechoso que ya se le investigue”.

La manera en que Gustavo fue ejecutado dejó serios problemas anímicos y psicológicos para la familia, puesto que los marinos le dispararon cuando el padre del joven se encontraba detrás de su espalda, mientras su madre, hermanos y sobrina observaban como el cuerpo caía y se cubría de sangre.

Desde aquel año, CADHAC ha exigido a la Procuraduría General de la República (PGR), que de paso a completar la investigación de la ejecución extrajudicial, “se realice la consignación correspondiente ante la autoridad judicial y, así, se sancione a los marinos responsables de la muerte de Gustavo Acosta Luján”.

Sin embargo, en todos estos años se ha mantenido la pasividad de las autoridades, ellos no pueden realizar una averiguación profunda, a las Fuerzas Armadas nunca se les toca, se debe seguir luchando, no decayendo, pero primero debemos empezar a limpiar desde arriba, porque la mayor cúpula de corrupción está desde el ejecutivo”, añade Ramírez.

El comunicado publicado por la Marina aquel 2011, versaba, “la madrugada del día de hoy se recibió una denuncia ciudadana anónima que reportaba la presencia de personal integrante del crimen organizado en un fraccionamiento de Apodaca, Nuevo León, por lo cual un contingente acudió al lugar y mientras establecía cerco de seguridad, fue recibido con agresión de arma de fuego, proveniente del interior de un inmueble, por lo que el personal naval repelió la agresión de la que era objeto, falleciendo un presunto delincuente de nombre Gustavo Acosta Luján alias “M-3” de 29 años de edad.

Asimismo, en el inmueble en cuestión fueron localizadas una subametralladora calibre 9 mm, un arma larga tipo AR-15 calibre 5.56 mm y varias dosis de cocaína, además de encontrar a cinco familiares del occiso, entre ellos una menor de edad, quienes recibieron atención médica por parte del personal naval, al presentar crisis nerviosa”.

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