“Ya sabemos que está embarazada, pondré que no pasó examen de computación”; empresa minera violó contratos y negó el trabajo a pobladores

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(31 agosto, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- El ejido la Sierrita fue uno de los últimos en constituirse en el país, por eso los pobladores dicen que “les dieron lo que sobraba”, y es que desde su nacimiento hace 35 años, nunca han tenido agua potable y es una zona catalogada como “comunidad en alta marginación”, aunque el gobierno los ha quitado de esa categoría, a fin de beneficiar a Exellon, una minera que anualmente obtiene ganancias por varios millones de pesos, derivado de la extracción de planta en aquel territorio.

Corría el 2004, cuando un grupo de hombres pertenecientes a Exellon, sin ningún tipo de permiso, comenzaron a recorrer las tierras de la Sierrita, “estaban explorando, no habían dicho nada y la gente solamente los veía caminar por ahí. Poco después los representantes se acercaron de manera más formal pero nada más hablaron con el comisariado al que convencieron dándole 200 pesos, para una comida y un refresco.

Le dijeron que iban a explorar el terreno para ver si encontraban algún tipo de mineral, para después hacer un contrato, pero como la gente no sabía qué era lo que se estaba negociando exactamente, no se sabía qué pedir y cuánto pedir, tampoco qué era lo que iban a sacar de ahí”, declara a Revolución TRESPUNTOCERO, Daniel Pacheco, actual Presidente del Comisariado Ejidal.

Aprovechándose del desconocimiento y la falta de asesoría por parte del ejido, Exellon acordó pagarles un millón 200 mil pesos por explotar el mineral durante 30 años, por lo que ahora Pacheco, asegura que fue un contrato a favor de la empresa solamente, “nos tomaron desprevenidos, la mayoría de los comunitarios vivíamos fuera de ahí, porque ahí no hay empleo, somos un ejido que nunca ha tenido agua para sembrar y en ese momento ni agua para tomar.

La gente aceptó el contrato, pero los que no vivíamos ahí comenzamos a enterarnos y así dio inicio la inconformidad por dicho contrato, al preguntar e informarnos, desde el 2004 al 2008 iniciamos una resistencia, pero la mina dijo que ya no quería problemas, por lo que volvió a sentarse con nosotros y pidieron un número más de hectáreas, en esta ocasión pidieron 2 mil 700 hectáreas, prácticamente todo un polígono del área del ejido”.

Hecho que no les pareció a los ejidatarios; el caso se hizo conocer más allá del ejido, por lo que comenzaron a llegar abogados que prometían solucionar el problema, sin embargo, denuncia Pacheco, siempre terminaban “vendiéndose” con la minera. Lo que los pobladores necesitaban era un contrato equitativo que no creían pudieran obtener.

En 2007 tuvieron el primer contacto con el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (ProDESC), fueron ellos quienes hasta el momento mantienen un acompañamiento y al mismo tiempo construyeron un contrato más equitativo. Pero  Exellon, al darse cuenta que ya había una organización asesorándolos, cortaron toda comunicación con la comunidad.

Así que la Asamblea General del Ejido en enero de 2008 decidió detener las actividades de la mina, por lo que el 14 de ese mes iniciaron una manifestación pacífica y durante tres meses se mantuvieron en un campamento hasta marzo, pero las presiones del gobierno estatal no se hicieron esperar, hubo amenazas de desalojo, pero también les decían que debían estar ‘agradecidos’ porque tenían un contrato firmado, aún así el desalojo no se podía dar porque el campamento se encontraba dentro de sus terrenos.

La Sierrita es un caso emblemático, porque cuando una minera llega a cualquier comunidad, de inmediato la población se opone, éste no fue el caso, aquí aceptaron y accedieron pensando que podrían llegar a construir un contrato equitativo, pero no pasó.

“Ellos pidieron cuatro hectáreas y se les entregó, pero al momento de hacer el contrato ante el notario ellos pusieron 27, la comunidad reclamó que habían puesto muchísimas más, lo que la empresa dijo fue: ‘ahora son 27 los toma o lo dejan’, finalmente se firmó un contrato.

Ese nuevo contrato tenía cláusulas económicas, como el pago de la renta, el pago del fondo social, becas para estudiantes y cláusulas medioambientales, así como la construcción de una planta tratadora de agua, ni siquiera agua potable, porque ellos decían que una planta de ese tipo costaba alrededor de 300 millones, por eso les explicamos que no la queríamos para beber sino para sembrar, para ese entonces sacaba 9 mil galones por minuto ahora están sacando alrededor de 12 mil galones por minuto”, explica Pacheco.

Quien agrega que “nosotros pedíamos el agua porque para nosotros es más que oro, porque nunca la hemos tenido, pero sí tenemos tierras y es plana, fácilmente se puede sembrar hasta 700 hectáreas, entonces lo aceptaron pero lo pusieron en el contrato como planta tratadora aunque no lo era, porque les presentamos un proyecto de una técnica para tratar el agua por medio de un bioquímico, les costaba a ellos 40 mil pesos mensuales aplicar ese bioquímico para sembrar y para contacto humano, pero no lo hicieron”.

Otras de las cláusulas que violaron fueron las sociales, por ejemplo el servicio de comedor para los trabajadores de la mina se lo iban a dar en concesión al ejido pero en lugar de eso, se lo dieron al restaurante de una población cercana, la concesión del transporte del mineral, dentro del contrato se incluyó que sería para la comunidad, el ejido incluso formó una cooperativa de transporte, compraron un tráiler para poder cumplir con esa cláusula, pero ellos jamás les dieron la concesión.

Sin embargo nunca le daban explicación alguna, hasta que se enteraron que quien transportaban el mineral “era primo hermano del gerente de la mina por eso nunca movieron nada, otra cláusula era que en total se negociaron mil 100 hectáreas, era una renta y no podían explorar ni trabajar más allá de ese territorio, pero los empresarios hicieron caso omiso y cruzaron los límites territoriales”.

Violaron también el acuerdo donde se comprometían a darles empleo a los ejidatarios y a sus hijos, “les darían capacitación para pasar de un empleado común a un empleado calificado. Pero negaron el trabajo e incluso a las hijas de ejidatarios que estaban embarazadas, me hablaba el gerente a mí en ese momento era ya comisariado ejidal y me decía, “no le voy a dar trabajo porque ya sabemos que está embarazada, nada más que yo voy a poner que nos pasó el examen de computación”, no se andaba con rodeos nos decían eso cínicamente”.

Fue la violación a la cláusula de territorial, cuando al explorar más allá de lo permitido, los pobladores decidieron detener los trabajos de la mina, pero antes enviaron un mensaje a la minera: “no nos interesaba rescindir el contrato, sino platicar ustedes, ver qué cláusulas se cumplieron, cuáles no, pero nunca nos hicieron caso y cuando hubo reuniones siempre era para decir ‘no’ a todo.

Por lo que se dio paso a una nueva manifestación y a un nuevo campamento, nos volvimos a plantar frente a la mina, por lo que el hostigamiento por parte del gobierno fue peor, ya no solamente eran amenazas de desalojo, sino también de represión, de cárcel, además nos dijeron que deberíamos estar dando gracias porque llegó la minera. Al campamento llegaba gente del gobierno casi dos veces por semana a tratar de convencernos, llegaba el subsecretario de gobierno en el estado, el subsecretario de gobierno en la región lagunera del Estado de Durango”, afirma Pacheco.

Nunca se llegó a ningún tipo de negociación y el ejido pasó al tema jurídico con una demanda de rescisión de contrato. Aunque poco antes, la minera procedió a la violencia, con un desalojo, donde hubo policías municipales, estatales, federales y elementos del ejército que estaban apostados entre los matorrales en posición de ataque.

Aun cuando no pasó a mayores, en un próximo intento de levantamiento, la empresa contrató a 300 hombres, con armas y garrotes, “eran golpeadores de unas minas de Zacatecas y Chihuahua y con la maquinaria de la mina tiraron todo el campamento y quemaron todo lo que pudieron.

Los ejidatarios ayudados por ProDESC han estado presentando su caso en la OCDE, en reuniones en Canadá, siendo una de las primeras comunidades en asistir a una reunión de la OCDE, pero ninguna instancia le ha dado resultado positivo a los ejidatarios en alta marginación, situación que ha llamado mucho la atención, por lo que el gobierno estatal procedió a quitarlos de la lista, aunque no haya un respaldo, ellos siguen careciendo de lo básico, como es el agua potable.

En 2012 interpusieron una rescisión de contrato, y este septiembre podrían darles la sentencia final, Pacheco considera que será fácil obtenerla, puesto que ambas partes lo pidieron, sin embargo alguna de las dos, tendrá que pagar los daños, y es ahí donde la comunidad teme que la sentencia no sea apegada a derecho y fallen en su contra.

“Lo que nos preocupa es que la magistrada que hoy resuelve nuestro caso, también hemos revisado que ha estado resolviendo casos de una manera no tan apegada a derecho, hemos leído algunas de sus sentencias, incluso hay un caso en una minería donde se le entregó los terrenos a la empresa, porque se supone que ya era de su propiedad. En otros se copiaban los textos de los archivos y solamente se cambiaba el nombre de los demandantes”, denuncia Pacheco.

Esta semana con la llegada del grupo de trabajo de la ONU, Daniel Pacheco, acompañado de ProDESC expondrán su caso ante la Organización internacional, darán a conocer las violaciones a derechos humanos que han vivido y la situación en la que se encuentran. “Nosotros no nos opusimos a la minera, pensamos que nos podríamos beneficiar mutuamente, por eso firmamos un contrato para un pacto equitativo, pero no resultó, no lo cumplieron.

Entonces así comprobamos que quiera o no la comunidad, las transnacionales llegan a despojarnos de nuestros territorios, por las buenas o por las malas de todas maneras no cumplen y te quitan tus tierras”, añade el comisario.

Agrega, “tenemos miedo que no nos vayan a dar el veredicto a favor de nosotros porque estamos en México donde impera la impunidad y la corrupción. Además de esto los tribunales agrarios y las juntas de conciliación y arbitraje no dependen del poder judicial, sino del gobernador y el presidente de la República, ahí pueden haber decisiones políticas más que jurídicas, y eso se debe denunciar en instancias internacionales, no puede ser que no dependan del poder judicial”.

Por su parte, Greta Rico, responsable de comunicación de ProDESC, afirma a Revolución TRESPUNTOCERO que “al dar acompañamiento al ejido en espacios de incidencia internacional, hemos traído a Daniel para que exponga el caso con el grupo de trabajo, porque parte de la misión del grupo es promover que se ejecuten los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, que son recomendaciones muy importantes que se han generado a través de un análisis muy extenso a nivel global, sobre los impactos que están teniendo las empresas con comunidades y con una población directa donde se están instalando los proyectos.

Es importante hacer visible que el ejido debe dialogar con la empresa, para que nos surja un proceso de resistencia y oposición porque mayormente el discurso gubernamental y empresarial es que quieren que las comunidades dialoguen con los proyectos, que quieren que las comunidades acepten el desarrollo en este caso Sierrita lo hizo y aún así no está viendo resultados. Este último contrato que ellos hicieron con la minera se hizo con el acompañamiento y asesoría de esta organización, fue un contrato de avanzada en donde se ponía al ejido y en la mina como iguales al negociar, en donde ambos iban a tener beneficios de esta explotación que realizaría la minera en las tierras del ejido. Esto no sucedió”.

A esto se suma que Exellon dejó de pagarles una renta a los ejidatarios al iniciar el proceso de rescisión de contrato, pero no por ello dejaron de trabajar en las minas, en tanto la empresa genera millones de dólares en ganancias, Sierrita sigue en pobreza y marginación. A su vez ProDESC dio a conocer un documento con datos obtenidos por una organización de Canadá, donde se da denuncia como en medio del proceso de intentar dialogar con la minera, se filtraron algunas comunicaciones que estaba teniendo la embajada canadiense directamente con la mina; lo cual equivale a una colusión por parte de la embajada canadiense, la empresa y el gobierno del Estado para retirar al campamento que estaba pidiendo diálogo, el cual finalmente fue incendiado por golpeadores.

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