SCJN podría dar marcha atrás a artículo de Ley 3de3 por inconstitucional; diputados de oposición solicitan su intervención

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(18 de agosto, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Alrededor de 200 diputados del Partido Acción Nacional (PAN), del de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento Ciudadano (MC), presentaron un recurso legal, para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declare inconstitucional el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas –mejor conocida como Ley 3de3- e instruya al Legislativo a corregir la plana, al considerar que el artículo 29 de la citada ley, viola el principio de máxima publicidad, el derecho a la información y da mayor relevancia al argumento de privacidad que al interés público.

El coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés Mendoza, acusó al Partido Revolucionario Institucional (PRI), al Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (Panal) y Encuentro Social (PES), de impedir que la declaración patrimonial, de intereses y fiscal, tengan la máxima publicidad posible, como lo mandata la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción.

“Al PRI no se le puede acusar de incongruente; al contrario, es perfectamente congruente con su pasado de corrupción, de opacidad y de falta de compromiso con la transparencia”, argumentó el panista, en alusión a las modificaciones que con votos mayoritarios del PRI y sus aliados en el Congreso, se realizaron a la Ley 3de3.

Agregó que por el número de firmas que respaldan dicha solicitud, 40% de la Cámara de Diputados considera que la aprobación de la Ley de Responsabilidades rompe con el espíritu constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción, pues; por ejemplo, en su artículo 108, no se señala algún tipo de excepción en la difusión de las declaraciones y sostuvo: “creemos que es inconstitucional  que sea  un Comité Coordinador del Sistema Nacional el responsable y quien pueda sancionar a quienes no presenten esa declaración.

Los legisladores buscan que la SCJN se pronuncie y mandate a la Cámara modificar el citado artículo para que se especifique con toda claridad, que las declaraciones de todos los funcionarios y quienes reciben un recurso público, tienen que ser completamente públicas y bajo qué formato deben presentarse.

Francisco Martínez Neri, coordinador de los perredistas en San Lázaro, agregó que la Corte deberá decidir qué interés predomina: el de la población por conocer la información de los servidores públicos, o el de estos para mantenerlos en secrecía.

“Nos parece que en este ambiente de corrupción en el que por desagracia vive nuestro país, es importante que la ciudadanía tenga la posibilidad de conocer de manera profunda, cuáles son los datos patrimoniales; cuáles son los datos de interés, cuáles son los datos que tienen que ver con la cuestión fiscal, de aquellas personas que sirven al interés público”, dijo Martínez Neri.

El diputado oaxaqueño argumentó que garantizar a la población el acceso a la información, le permitiría conocer; por ejemplo, cómo evoluciona el patrimonio de los servidores públicos al saber el monto de sus ingresos y si esto corresponde al incremento de su patrimonio.

En tanto, José Clemente Castañeda, coordinador de los diputados de MC, explicó que los legisladores que respalda la acción de inconstitucionalidad, consideran que como se aprobó la Ley 3de3, no rescata el espíritu original de la iniciativa impulsada por más de 640 mil mexicanos, pero además, violenta el derecho a la información.

“Insistimos en que las declaraciones patrimonial, fiscal y de interés, deben ser públicas, completas y obligatorias. Justamente eso es lo que estamos argumentando para que el artículo 29 de la Ley de Responsabilidades, pueda ser corregido y modificarse, en función del interés público”, agregó el coordinador.

Los tres coordinadores dijeron haber presentado ya sus tres declaraciones, aunque omitieron dar mayor detalle de sus bienes e intereses.

SCJN, con dos opciones

Consultado al respecto por Revolución TRESPUNTOCERO, Clemente Castañeda explicó que la propuesta de su grupo parlamentario, es que se rescate el espíritu original de la iniciativa ciudadana a la Ley 3de3 y que sea incorporada a la Ley de Responsabilidades, de manera íntegra.

Argumentó que la interpretación sobre el contenido de las declaraciones -que implica discriminar qué es información reservada o privada- únicamente le corresponde al Legislativo, no a ningún otro órgano del Sistema Nacional Anticorrupción, incluido el Comité de Coordinación.

Castañeda argumentó que en caso de que la Suprema Corte se pronuncie a favor de la acción de inconstitucionalidad impulsada por diputados de los tres partidos arriba señalados, habría dos posibilidades: la primera, simplemente declarar la inconstitucionalidad del tema y mandatar al Legislativo para que resuelva en consecuencia o incluso, ir un paso más allá –como ya lo ha hecho en otros casos- diciéndole a los legisladores cómo debería de ser la redacción del artículo 29.

“Ya hay antecedentes de cómo ha resuelto la Corte y esperaría que fuera al fondo del asunto y pudiera tener un pronunciamiento amplio sobre el tema”, agregó el legislador por Jalisco.

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