En México perpetradores de violaciones a DH necesitan saber que no habrá impunidad sino castigo: Crisosto

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(09 de agosto, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- “La impunidad constituye una denegación de justicia para las víctimas, ocasionando una segunda violación a sus derechos”, señala una definición de la palabra elaborada por el Consejo Europeo en 2007.

En el caso de México dos cifras sobre la impunidad nos pintan un escenario completo y complejo que no puede, ni debe ignorarse máxime si el tema se circunscribe a las violaciones graves a los derechos humanos bajo el contexto de la guerra contra las drogas proclamada en 2006 por el ex presidente panista Felipe Calderón: de 28,161 desaparecidos, solamente 54 fueron reconocidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); por parte del poder judicial y  sólo se han dictado 6 sentencias hasta el 31 de diciembre de 2014.

En cuanto a tortura, de las 4 mil 055 denuncias hechas ante la Procuraduría General de la República (PGR) de 2006 a 2014 sólo existen 15 sentencias hasta el 2015. Sin embargo, es preciso aclarar que existe una cifra negra, una subestadística sobre el empleo de la tortura que no se conoce porque la población no tiene confianza en lasinstituciones de procuración de justicia que impulse la denuncia. Tales circunstancias agravan aún más la situación de los derechos humanos en México, pues al no ser denunciados estos delitos, quedarán a fuerza impunes.

Este ambiente generalizado de impunidad en México abona al incremento de una ola de violencia que no es extraña para otras naciones de América Latina; Colombia, Perú, Chile y Guatemala, entre otras nacionaleslatinoamericanas sufren el mismo pasado y presente lleno de desapariciones forzadas debido a las “guerras sucias” en la arena política y producto del incremento del narcotráfico.

Por lo anterior, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) organizó el primer Foro sobre Combate a la Impunidad por Violaciones Graves a los Derechos Humanos con el fin de revisar e intercambiar experiencias con destacados personajes que han logrado la documentación de casos de violaciones graves de derechos humanos en América Latina.

Durante el encuentro, que reunió a especialistas de países que sufrieron dictaduras militares y genocidios (como Argentina, Colombia, Chile, Perú o Guatemala) se analizaron las estrategias jurídicas y mediáticas que generaron casos exitosos; entre los especialistas se encontraron abogados expertos, fiscales y jueces que realizaron investigaciones célebres o emitieron fallos innovadores contra perpetradores de violaciones a derechos humanos reconocidos.

Ni perdón ni olvido

En este sentido Patricia Bustamante, abogada y juez guatemalteca que participó en el juicio contra el generalEfraín Ríos Montt declarado responsable de genocidio, por la muerte de miles de indígenas mayas durante su gobierno de facto entre 1982 y 1983 y condenado a 80 años de cárcel refiere para Revolución TRESPUNTOCEROque en el caso de México es necesario que las familias de las víctimas impulsen sus propios asuntos ante los tribunales y que el Estado permita el libre acceso a la documentación del pasado.

“Guatemala y México viven un paralelismo en el tema de los desaparecidos, en mi país hubo 40 mil durante la dictadura aquí creo que son ya 28 mil. Para que pudieran juzgarse esa clase de delitos tienen que intervenir los familiares de las víctimas, las agrupaciones de la sociedad civil que promueven la investigación y el no olvido.

“Por ejemplo hace dos años el tribunal donde yo ejerzo jurisdicción se juzgó el caso por desaparición forzada de dos estudiantes universitarios de la época del conflicto armado –finales de los 80- la agrupación que la esposa de uno de ellos formó fue crucial para darle el impulso a este expediente hasta que logramos resolución y sentencia”.

Para la abogada el tiempo es un factor que ayuda a que poco a poco en entornos de mucha violencia se pueda salir a flote la verdad. En el caso de México la llamada “guerra sucia” es un ejemplo de cómo se documentaron nuevas violaciones a los derechos humanos de ese mismo periodo.

“Si un Estado no es capaz de encontrar a una persona desde hace 40 años, ni tiene la menor idea de cuál puede haber sido su suerte, no está desincentivando a los victimarios actuales y futuros, porque éstos tendrán la certeza de que es poco probable que se les llegue a investigar”, señala la guatemalteca.

En la experiencia mexicana la impunidad que arrastra el Estado desde hace décadas queda de manifiesto con la sentencia del caso Rosendo Radilla emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 6 de julio de 2009. En ésta, se condenó al Estado mexicano por no investigar de manera eficaz un caso de desaparición forzada, hasta la fecha la sigue siendo letra muerta.

Para la jueza la tarea de buscar justicia para los crímenes del pasado es complicada pero no imposible como lo han demostrado diversos países latinoamericanos que cuentan con un pasado tan complicado como el mexicano.

“En Guatemala vivimos todavía los rezagos de la represión de la dictadura militar, por eso el acompañamiento y la voluntad de las familias de las víctimas es lo que ha logrado que sus casos sean juzgados, pero no es fácildefinitivamente.

“Creo que los jueces mexicanos deben asumir su compromiso y la responsabilidad de administrar justicia sin tintes políticos sin hacer caso de las presiones externas que siempre desean influir en las decisiones que tiene un costo político, recordemos que en el caso de Guatemala la elección de los ministros de la Suprema Corte se decide de forma política entonces hay compromisos que limitan la administración de justicia en este tipo de casos”, detallóBustamante.

Sensación de impunidad

Por su parte el juez chileno, Hernán Crisosto, quien condenó a prisión a 78 ex agentes de la Policía Secreta del dictador Augusto Pinochet (1973-1990) por secuestro calificado contra una víctima de la llamada Operación Colombo, comentó a Revolución TRESPUNTOCERO, después de participar en la mesa: Experiencias comparadas en la investigación de graves violaciones a derechos humanos y el análisis de contextos, que el nuevo sistema de justicia penal mexicano representa todo un reto para las instituciones de procuración de justicia en el tema de la impunidad debido a su endurecimiento para la aceptación de pruebas.

“No digo que el nuevo sistema acusatorio favorezca al delincuente sino que pone en mayor aprieto a lasinstituciones del Estado en cuanto estándares probatorios de los delitos y eso es lo que han aceptado los tratados internacionales de manera que cuando vamos a estos sistemas corremos el riesgo de que los ministerios públicos no puedan acreditar un delito y muchos delitos queden impunes.

“Corremos el riesgo de que dentro de los juzgados existan jueces que no apliquen un buen criterio y como es una legislación garantista muchos delitos queden impunes, y esa sensación de impunidad es peligrosa y la única forma de parar con eso es contar con una policía profesional que esté capacitada para recoger las pruebas y que sepan como entregarle las pruebas necesarias a su fiscal para establecer el delito”, puntualizó Hernán Crisosto.

A manera de conclusión los ponentes señalaron que un reto para los jueces en todos los países latinoamericanoses que lo ocurrido en Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, EL Salvador, México y muchos países más surgió, en gran medida, porque en algún momento de la historia los perpetradores de violaciones graves a los derechos humanos tuvieron la sensación de impunidad.

“La sensación de impunidad que puedan sentir estas personas las motiva a incurrir en delitos, necesitan saber que aquí no va a haber impunidad sino castigo”, sentenció Crisosto.

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