Fue detenida y violada por 30 paramilitares financiados con recursos públicos; 20 años después sigue desaparecida y sin justicia

Por: Emma Martínez / 23 junio, 2016

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(23 de junio, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Minerva Guadalupe fue detenida en un retén de ‘revisión’ que había instalado un grupo paramilitar llamado Desarrollo Paz y Justicia, cuando transitaba por uno de los caminos de la comunidad  Miguel Alemán, municipio de Tila, en 1996.

Este junio se cumplió un aniversario más y en total ya son 20 años, de la desaparición forzada de la indígena  chol, Minerva Guadalupe Pérez Torres. Un hecho desconocido por muchos y olvidado por otros más, no así por la familia y los defensores del Centro de Derechos Humanos Frayba, quienes dan acompañamiento al caso y lo han llevado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Este martes, al conmemorar la fecha del suceso, el organismo defensor dio a conocer que, “han pasado 20 años sin que sus familiares y la sociedad conozcan el paradero de Minerva Guadalupe y los autores materiales e intelectuales de su desaparición forzada se encuentran protegidos por la impunidad provocada por el Estado mexicano”.

En dicho retén, donde desapareciera aquel día Minerva, se encontraban aproximadamente 50 personas armadas, entre los cuales se ha identificado a Sabelino Torres Martínez, Nicolás Gómez Díaz, Raymundo Sánchez Trujillo, Samuel Sánchez Sánchez y los hermanos Hernández, quienes fungían como delegados de Paz y Justicia.

Minerva Guadalupe, luego de ser detenida, fue llevada a una casa donde estuvo secuestrada durante tres días, en los cuales fue torturada sexualmente por 30 hombres que formaban parte del grupo paramilitar Paz y Justicia. Pasado ese tiempo fue trasladada a la comunidad de Masojá Chico, Tila, fue ahí donde su paradero dejó de ser conocido.

“Han pasado 20 años y pareciera que para muchos eso ya no es un hecho que debe volver a convertirse en una noticia alarmante, en su momento es posible que no se lograra una difusión amplia, había mayor restricción de medios. Pero esa es una de las raíces de loscrímenes de Estado en Chiapas, una entidad marcada por la violencia, humillación, despojo y principalmente impunidad.

20 años sin justicia, nos habla de la nula importancia que el gobierno ha puesto en la solución de crímenes de Estado, es decir, el pueblo sigue siendo minimizado por una derecha opresora que desde hace décadas se dedica exterminio indígena de Chiapas, usando a su ejército y a su misma gente quienes conforman grupos paramilitares para asesinar y desaparecer a su propia gente”, declara a Revolución TRESPUNTOCERO, la antropóloga social y humanista Flor de María Durante.

En tanto, Frayba enfatiza que “el caso de Minerva Guadalupe se enmarca dentro del patrón sistemático de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forzado en la región del norte de Chiapas, como parte de una estrategia implementada por el Estado mexicano por medio del Plan de Campaña Chiapas ’94 y del Plan de Campaña Chiapas 2000”.

Donde la población de ciertas regiones indígenas padeció graves daños por apoyar, formar parte o ser simples simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), como es el caso de la familia de Minerva Guadalupe,  quienes formaban parte de un gran número de familias que brindaron apoyo a los desplazados forzados que huían de sus comunidades ante la violencia generalizada provocada por el grupo paramilitar Desarrollo Paz y Justicia, quienes en su momento se encontraban contra el EZLN.

Este junio, la familia Torres y Frayba vuelven a alzar la voz, al demandar al Estado mexicano que se implementen acciones inmediatas que lleven a la búsqueda y localización de Minerva Guadalupe, “ya que la omisión en las investigaciones y la falta de mecanismos eficaces por parte de las autoridades de procuración de justicia han mantenido la desaparición forzada”.

Por su parte, Durante afirma que “las políticas de los gobiernos posteriores al movimiento social del EZLN han tenido como principal característica atacar a todo aquel que mantenga aún algún tipo de vínculo con el zapatismo. Tila ha sido uno de los territorios más atacados y donde se ha resentido la pobreza, el despojo, los ataques armados y la muerte con mayor intensidad”.

Cabe señalar que grupos de indígenas que han sido despojados de sus propiedades con violencia y que hoy sobreviven en zonas insalubres, tales como Banavil, 20 de agosto, Viejo Velasco, por mencionar algunos, son conformados por familias que mantienen algún tipo de conexión con el EZLN y aunque no tengan participación directa, también han padecido ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

Y como consecuencia del tipo de sitio en donde han construido improvisados campamentos, niños han fallecido por falta de atención médica y condiciones desfavorables para su desarrollo.

“A 20 años de este trágico hecho, que marca uno de los principales ejemplos de cómo eran y siguen siendo tratados los indígenas, los medios de comunicación ya no lo consideran una noticia, ‘es pasado’ dicen, cuando la nula investigación y el retraso de la justicia, forman parte de las represalias que aun mantienen los gobiernos de derecha en contra de miembros y simpatizantes del EZLN en Chiapas“, señala Durante.

Este año nuevamente la familia Torres y Frayba, reiteraron su exigencia para que “se conozca la verdad para alcanzar la justicia con dignidad, se castigue a los responsables de los crímenes de lesa humanidad y el Estado mexicano reconozca su responsabilidad en esta política de destrucción, violencia y muerte”.

La historia de Minerva Guadalupe, se suma a otros siete casos suscitados -con características similares- en la zona norte de Chiapas, todos ellos conocidos por la CIDH, que se encuentran en la etapa de estudio.

Por su parte Frayba, sostiene que el caso de Minerva Guadalupe, “se cometió en el marco del Conflicto Armado Interno iniciado en enero de 1994, no es un caso que tenga sus orígenes en conflictos agrarios o religiosos”.

En el trabajo de documentación implementado por el Centro de Derechos Humanos, en el contexto del conflicto armado en Chiapas, entre 1995 y 2000, tan solo en la zona Norte de Chiapas, se registró la desaparición forzada de 32 hombres y cinco mujeres, así́ como la ejecución de siete mujeres y 78 hombres. “Son un total de 122 casos documentados que se encuentran en la impunidad, además del desplazamiento forzado de 12 mil personas”, asegura Frayba.

A su vez, se explica que el grupo paramilitar Paz y Justicia fue impulsado, entrenado y financiado con recursos públicos a cambio de votos, utilizándolos como instrumento para imponer el terror en la población civil en la zona Norte del estado de Chiapas.

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