Piden a PGR que acuse a militares libres de otras conductas ilícitas en masacre de Tlatlaya para procesarlos penalmente

Por: Redacción Revolución / 7 octubre, 2015

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(07 de Octubre, 2015).- Integrantes del Centro Prodh, que representa a una de las sobrevivientes de la matanza de Tlatlaya, pidieron a la Procuraduría General de la República (PGR) que acuse a los cuatro militares liberados de otras conductas ilícitas de los hechos acontecidos el 30 de junio de 2014, para procesarlos penalmente.

“Sigue pendiente todo lo que pasó. Además de los homicidios, ésta es una parte de la justicia y no estará completa hasta que se investigue la cadena de mando, que tiene una relación directa con el derecho a la verdad de las víctimas”, comentó Araceli Olivos, coordinadora del área de defensa del organismo que representa a Clara Gómez González, conocida como la testigo Julia.

El lunes pasado, un juez ordenó la liberación de los militares Alan Fuentes, Julio César Guerrero, Samuel Torres y Ezequiel Rodríguez, al ser exonerados de ejercicio indebido del servicio público, el único ilícito que les imputó la PGR tras ser detenidos por la matanza.

La abogada aseguró que los militares no entraron a la bodega donde ocurrió la matanza de 22 personas, sin embargo, pidió a la PGR que perfeccione su acusación para que apele con argumentos contundentes la resolución de libertad y acuse a los militares por otras conductas ilícitas.

“Deberían subsistir los otros probables delitos, como alteración de la escena de los hechos, encubrimiento, omisión en la defensa de los derechos humanos y, en el mejor de los casos, tratos crueles, inhumanos o degradantes en contra de las sobrevivientes, e incluso tortura” declaró la jurista, quien recriminó a la PGR no haber indagado la cadena de mando, derivado de la orden de abatir criminales en horas de oscuridad que difundió el Centro Prodh en el primer aniversario de los hechos del 30 de junio de 2014.

Por su parte, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, consideró que es preocupante que la PGR no haya ofrecido evidencias de que los militares incurrieron en el delito de ejercicio indebido del servicio público.

“(Hay que) ver si los protocolos se están implementando adecuadamente y respetándolos, y llamar a cuentas a quien no lo hizo, porque finalmente hay una consecuencia, y ésta es que personas que aparentemente violaron la ley, hoy están libres” sostuvo el representante del organismo civil.

“Indudablemente la consecuencia inmediata puede ser la impunidad, pero a mí lo que me sigue preocupando mucho es qué tanto seguimos generando una cultura (…) de actuar de una manera poco profesional y de saltarnos los procesos” finalizó.

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