PGR debe adoptar medidas del GIEI, designar fiscal especial y permitir entrevistas al 27 Batallón: CIDH

Por: Cecilia Balderas / 3 octubre, 2015

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(03 de octubre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- En la reunión que miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostuvieron con integrantes del Senado de la República, externaron su preocupación sobre la situación de nuestro país en la materia y solicitaron a los legisladores avanzar en el fortalecimiento del Poder Judicial, como condición necesaria para la defensa de los mismos, mejorar las condiciones de acceso a la justicia y proteger los derechos de las víctimas.

Pidieron también que se garantice la autonomía de los Poderes Judiciales locales respecto a otros poderes públicos, acelerar la tipificación de la desaparición forzada de personas –a manos de algún integrante del Estado y de particulares-, la agenda pendiente en materia de tortura y otros tratos crueles e inhumanos, la migración, los desplazamientos internos, la defensa de los derechos de la niñez, entre otros, informó Roberto Gil, presidente de la Mesa Directiva del Senado, quien encabezó la reunión en la que también participaron los presidentes de las comisiones que tienen a su cargo la dictaminación de varias iniciativas sobre estos temas.

La comitiva de la CIDH estuvo conformada por Rose-Marie Belle Antoine, presidenta de la Comisión; James Cavallaro, primer vicepresidente; Felipe González, Tracy Robinson y Rosa María Ortiz, comisionados; el secretario ejecutivo, Emilio Alvarez Icaza Longoria; la secretaria ejecutiva Adjunta, Elizabeth Abi-Mershed; el relator especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza y otros miembros de la secretaría ejecutiva de la Corte Interamericana.

Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado detalló que la reunión con los integrantes de la Comisión Interamericana se dio en función de la vinculación que México tiene como integrante de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo organismo encargado de la materia es la CIDH.

“Lo que nos plantearon sus integrantes el día de hoy son una serie de preocupaciones y también preguntas que derivan de inquietudes planteadas durante todos estos días de trabajo en el país; de ahí que parte importante de las preguntas fueron a partir de expresar inquietudes que se manifestaron en las distintas reuniones que ellos tuvieron”, dijo la senadora perredista.

Como respuesta a los señalamientos de los representantes de la CIDH, los senadores argumentaron que “la agenda en materia de derechos humanos del Senado de la República no solamente es intensa, sino también ha sido productiva” y presumieron la aprobación de 14 leyes relacionadas con la materia, incluida la reforma constitucional que dio a dicho órgano la atribución de legislar, para todo el país, en materia de desaparición forzada.

El panista informó ante los medios –al término de la reunión, que fue de carácter privado- que él y sus homólogos hicieron “un reconocimiento al trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y especialmente al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que ha ayudado y auxiliado a las investigaciones del caso Ayotzinapa”, lo que a su juicio, representa una nueva forma de colaboración internacional entre ambos: “el hecho de que el Senado de la República haya respaldado el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, significa que nuestro país se abre no solamente a la jurisdicción del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; sino a fórmulas novedosas, mecanismos creativos que nos permitan avanzar en esta importantísima agenda de justicia”, afirmó el exsecretario particular de Felipe Calderón.

En la reunión, los representantes de la CIDH no expusieron los detalles de sus conclusiones tras la visita que hicieron a nuestro país, que tuvo como objetivo, reconocer el estado que guarda la videncia y protección de derechos humanos, particularmente en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero.  Sin embargo, se espera que los especialistas las presenten en los próximos días.

En tanto, el senador del Partido del Trabajo (PT), Manuel Bartlett, recordó que el trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI) designado por la CIDH, desmintió de manera categórica la investigación que la Procuraduría General de la República (PGR) había presentado como “verdad histórica” en el caso de la desaparición de los estudiantes, lo que le dio “una gran autoridad a la crítica que se hizo a la investigación en Ayotzinapa”.

Desapariciones forzadas, tortura e impunidad, lo que observó la CIDH

A través de un comunicado, la delegación informó que tras concluir la visita in loco a México, “observó en terreno la situación de derechos humanos en el país, con particular énfasis en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, la situación de inseguridad ciudadana, la falta de acceso a la justicia, la impunidad, la situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia”.

Reiteró su respaldo a las indagatorias realizadas por el GIEI en el caso Ayotzinapa y urgió al Estado mexicano a “esclarecer la verdad de los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes”.

Señalaron que la Procuraduría General de la República (PGR) debe adoptar cuanto antes las medidas solicitadas por el GIEI y trasladar la responsabilidad de la investigación a la Subprocuraduría de Derechos Humanos; designar -en consulta con el GIEI- un nuevo Fiscal Especial a cargo de la investigación; renovar a todos los miembros del equipo; reorientar la investigación a fin de seguir las líneas del informe del GIEI y permitir a los expertos entrevistar a todos los testigos, incluidos los integrantes del 27 Batallón de Infantería.

“La Comisión Interamericana constató en terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares. El efecto de la violencia y las violaciones a los derechos fundamentales es especialmente grave y desproporcionado sobre personas en situación de pobreza, personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos, mujeres, niños, niñas y adolescentes, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas, personas lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBTI), entre otros”, detalla el comunicado.

La violencia en contra de los familiares de víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas, también es señalada en el texto y se argumenta que esta se presenta con el objetivo de silenciar las denuncias y el reclamo de verdad y justicia, además de perpetuar la impunidad para las graves violaciones a los derechos humanos.

La comitiva de la CIDH subraya que estos problemas son el resultado de una situación estructural que padece nuestro país desde hace décadas.

“El día de hoy se cumple el 47º aniversario de la masacre ocurrida en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. La masacre continúa hasta el día de hoy en la impunidad, sin un número final, mucho menos una identificación individual, del total de personas que fueron ejecutadas o desaparecidas en ese contexto”, continúa el documento y califica de “alarmante” la magnitud de las desapariciones forzadas a manos de agentes del Estado, con su participación o tolerancia, aunada a altos niveles de impunidad.

“Muchos casos de desaparición no se denuncian debido a la desconfianza de los familiares en la capacidad de respuesta del Estado o su temor a sufrir represalias, y en los casos donde sí hay denuncia, la respuesta de las autoridades presenta graves deficiencias”, argumentan los integrantes de la comitiva.

Además de las desapariciones forzadas, a la CIDH le preocupa las ejecuciones extrajudiciales y señala los hechos ocurridos en Tlatlaya, en junio de 2014; Apatzingán, en enero de este año y en Tanhuato, el pasado mayo.

“La CIDH recibió reportes en múltiples zonas del país sobre la falta de justicia para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y sus familiares. En particular, es alarmante la cantidad de procesos penales que permanecen estancados por años en el proceso de investigación, sin que se ejerza la acción penal y, por lo tanto, sin que se dicte sentencia”, argumentan la CIDH.

La Comisión advirtió al Estado mexicano que “es inaceptable cualquier tipo de represalia o estigmatización que emprenda un Estado motivada por la participación o el accionar de personas u organizaciones ante los órganos del sistema interamericano, en ejercicio de sus derechos convencionales”.

La Corte, en entredicho…

En la reunión con los representantes de la CIDH salió a relucir la preocupación de varios legisladores respecto a la posibilidad de que pueda generarse un acuerdo “de cuotas” en la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Sin embargo, Gil desestimó el argumento señalando que “no existe ningún tipo de acuerdo que preconfigure una integración específica…en cuanto reciba el Senado de la República por parte del presidente las ternas correspondientes, entraremos al análisis de los perfiles con total apertura, responsabilidad, independencia y autonomía” y afirmó que si cada quien hace lo que le corresponde en términos de responsabilidad política, se dará un buen resultado en la integración de la SCJN.

“La preocupación que fue externada, es que hagamos todo lo que está a nuestro alcance para que el sistema de justicia mexicano sea sólido, robusto, fuerte, con independencia y autonomía”, detalló Gil respecto a los dichos de los observadores internacionales.

Sobre el mismo tema, Bartlett fue categórico al apuntar que si la SCJN está integrada por ministros al servicio de Peña Nieto, no va a funcionar; “hay una inquietud en la sociedad mexicana, en los grupos del poder judicial y en general, porque no se repitan nombramientos que no dan garantías de justicia a la sociedad mexicana…Se necesita una Suprema Corte que esté al servicio de la justicia y no del Presidente de la República”, subrayó el legislador poblano.

De manera separada, el expresidente de la Mesa Directiva del Senado, Miguel Barbosa declaró que la preocupación sobre las tercias a modo para integrar la SCJN está instalada en la vida institucional del Poder Judicial de la Federación y en la opinión que tienen organizaciones vinculadas con el tema de la justicia, mismas que han hecho llegar sus opiniones, por escrito, a los legisladores, para evitar que una situación así avance; sin embargo advirtió que “cuando el río suena, es que agua lleva”.

El perredista recordó que cuando el Ejecutivo envió la propuesta para que Eduardo Medina Mora fuera designado ministro de la Suprema Corte, fue visible que ya existía una “decisión tomada”, pero consideró “inapropiado” que en medio de la crisis de credibilidad que persiste en el país respecto al ejercicio de poder y la clase política “se pudiera nuevamente cometer el mismo error de insensibilidad” por parte del Ejecutivo.

“No entendemos que no entendemos. No se dan cuenta de que no se dan cuenta; entonces, este es un buen momento para que el presidente de la República asuma una posición real de Jefe de Estado, para que cuide a la Suprema Corte y para que garantice la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación”, remató el también coordinador del PRD en el Senado.

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