“Maldito gobierno que sacó al ejército a las calles para dañar inocentes, mata, viola y desaparece muchachas”

Por: Emma Martínez / 3 octubre, 2015

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(03 de octubre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Dalia tenía 17 años al momento de su desaparición. Su madre comenta a Revolución TRESPUNTOCERO que se mudaron a Ensenada, Baja California, porque Nuevo Laredo estaba demasiado peligroso y las calles ya no eran seguras, “mucho menos para una muchacha, ahí soldados y delincuentes por igual podían violarla o matarla, nos mudamos pensando en la seguridad”.

Hace cinco meses le llamó a su madre a las siete de la noche avisándole que la esperara en la parada del camión, estaba por llegar de hacer una tarea en equipo, avisó que llegaría en aproximadamente 20 minutos, pero su madre se quedó esperando por ella más de dos horas, no sabe en qué momento el teléfono fue apagado, porque le marcó media hora después al ver que Dalia no llegaba.

“A mí me dijeron que vieron que mi hija se dirigió a la parada, pero no se sabe si se subió o no, también me hicieron saber que por la tarde cuando llegó a la casa, fue víctima de acoso verbal callejero por parte de policías, ella y sus otras compañeras, pero que no respondieron nada por miedo a que les hicieran algo, no puedo asegurar que los elementos o delincuentes le hicieron algo, lo cierto es que nunca volvimos a saber de ella y estamos seguros que no fue secuestro porque jamás pidieron rescate”, afirma la madre.

Cuando interpuso la denuncia, la cuestionaron de porqué “no cuidó más a su hija”, “debió acompañarla y recogerla usted”, “los padres no les ponen atención y vienen a exigirnos que nosotros nos hagamos cargo del “problemita””. Después de eso le informaron que tenía que pasar un determinado número de horas para poder iniciar la búsqueda.

El miedo llegó después, cuando recibió amenazas por teléfono y en días posteriores fotografías de ella y de su familia días después de haber desaparecido la chica. Habían seguido al menor de sus hijos y todo indicaba que estaban siendo vigilados durante todo el día, incluso de noche.

Prefirieron callar. “Ninguna autoridad me va ayudar, van a tratarme peor que cuando llegué por primera vez, si han sido policías se enterarán que yo estoy denunciando y pueden hacerle algo a mi familia, si han sido delincuentes las autoridades no le van a brindar protección a mi casa y quienes vivimos en ella, así que seremos un blanco fácil, no tenemos alternativas, tampoco hemos recurrido a ninguna organización porque ellos te pueden ayudar a denunciar, pero no tienen los recursos, ni las formas para poder brindar protección.

No recurrimos a ninguna autoridad, pero seguimos preguntando, buscando en silencio y en bajo perfil, no tenemos idea por qué nos amenazaron precisamente a nosotros, qué pasó con mi hija y nos resistimos a formar parte de la gente que busca en las fosas, porque aceptarlo es aceptar que ha muerto y con los peores maltratos físicos, psicológicos y sexuales. Nosotros no podemos ni por error recurrir a autoridades inhumanas que revictimizan y humillan a quien le duele su tragedia, ellos solamente piensan en tratarnos como delincuentes y demostrar que tienen el mayor de los poderes frente a la ciudadanía común”, asegura la fuente.

“Maldito gobierno que sacó al Ejército a las calles para dañar inocentes, mata, viola y desaparece muchachas que han sido usadas desde la inútil guerra contra el narco, como su botín de guerra, no importa quién cause los delitos, los delincuentes están siendo protegidos y los civiles desaparecidos”, sentencia la mamá de Dalia.

En la primera mitad de este año, en Baja California 10 familias se atrevieron a denunciar las desapariciones forzadas, aunque las organizaciones civiles refieren a que en total, existen 250 casos que no han sido tomados en cuenta por las autoridades o que mantienen averiguaciones previas detenidas.

La Asociación por los Desaparecidos de Baja California ha explicado que existen muchas desapariciones más que no son denunciadas por temor, engrosando así la cifra negra. En agosto pasado en conmemoración al día de la desaparición forzada, activistas y familiares de víctimas exigieron al gobierno estatal y federal que tome en cuenta los casos que llevan hasta cinco años sin ser investigados, que se proteja a las víctimas y no sean tratadas como delincuentes.

Según la activista y colaboradora de ONU, Minerva Sanz, “Baja California es un eslabón más de la larga cadena de desapariciones forzadas que ya son una de las principales características de este país cubierto de sangre y fosas clandestinas. El estado también padece impunidad crónica e indiferencia arraigada cuando se habla de cualquier delito, incluidas las ausencias forzadas. La culpa no solamente es de quien las comete, sino de quien lo permite; gobiernos federales, estatales y municipales han fomentado la comisión abierta de estas tragedias, que han robado vidas; en Baja California se le concede cualquier acción a los perpetradores y se castiga a las víctimas, pero también padecen las burlas que provienen de las mentiras y las falsas promesas de dependencias como la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que firmó hace casi un año el compromiso de crear los protocolos jurídicos de actuación, lo cual jamás ha pasado”.

Sanz asegura que no existe una ley que prevenga, investigue, sancione y dé paso a una serie de compromisos que funjan como reparaciones del daño a los familiares de las víctimas. Ella afirma, “lo urgente debe ser conformar una comisión de expertos imparciales que analicen el artículo 167 del código del estado que tipifica la desaparición forzada, que se presenten propuestas de cómo se puede modificar para que encaje con las leyes internacionales, en materia de desapariciones forzadas.

Pero a la par de eso, se requiere una limpieza absoluta de las policías locales, estatales y federales, porque cuando no cometen algún delito contra los civiles, ejerciendo ‘su poder’, permiten que otros los cometan, a cambio de algún tipo de pago. Esto podría resultar altamente difícil, porque la impunidad y corrupción se ha enraizado desde los altos mandos y hasta el policía que cuida la puerta de un museo”.

Por su parte la académica Natalia de la Fuente, comenta que los casos de desaparición forzada, desde hace más de cinco años han dejado de ser actuaciones esporádicas y aleatorias, ahora son planificadas, siguen un método específico, en donde los motivos, sean por parte de las autoridades o del crimen organizado, se basan en una conducta encaminada a asegurar la legitimidad de una política de Estado criminal, ya sea por medio de los levantones, la fabricación de delitos, tortura física y psicológica, todos hechos que constituyen crímenes de lesa humanidad, que en este estado cada vez son más frecuentes, gracias a un gobierno estatal y federal que ve como su estrategia funciona con éxito: acallar conciencias”.

De la Fuente afirma, que Baja California ha sido uno de los primeros estados del país en padecer los llamados “operativos conjuntos” por medio de los cuales las Fuerzas Armadas fueron enviadas a los estados para emprender acciones de policía como parte de la estrategia de combate al crimen organizado, “determinó el nivel de riesgo en que se encontraba la entidad y de eso dependió que hoy lleguemos a un nivel extremo donde la ciudadanía vive con tanto miedo, que se calla su dolor y su coraje y aprende a vivir sin quien le fue arrebatado. Hoy el Estado mexicano debe seguir siendo duramente cuestionado, en Baja California es mentira que las desapariciones forzadas van a la baja, tampoco esto sucede con las constantes violaciones a los derechos de la sociedad. Fuerzas armadas y delincuencia comenten los crímenes de ausencia forzada sí, pero todos ellos son un ataque directo a la población, principalmente de clase media baja y baja”.

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