Imponen fianza de 542 mil pesos a siete estudiantes de la BUAP acusados de bombazos en Puebla; acusan anomalías en procesos

Por: Redacción Revolución / 2 octubre, 2015

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(02 de Octubre, 2015).- El Juzgado Quinto de Distrito de Puebla en materia penal impuso una fianza de 77 mil 500 pesos a cada uno de los siete estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) acusados de colocar explosivos en lugares públicos el pasado 1 de junio lo que suman 542 mil pesos en su totalidad, así lo dio a conocer el Comité por la Liberación de Presos Políticos y contra la Represión Social, el cual afirmó que hay anomalías en los procesos que viven los alumnos.

Carolina González Barranco, integrante del organismo, calificó la medida como “castigo jurídico” para el grupo de jóvenes, de los cuales cinco forman parte del comité y contra quienes la Procuraduría estatal no ha presentado ninguna prueba que los involucre en dichos delitos.

“Lo que ocurre en Puebla es un claro reflejo del contexto nacional, se abren procesos en forma indebida, careciendo de todo sustento legal y vulnerando derechos humanos fundamentales” dijo la representante del organismo civil.

“Son los jóvenes acusados quienes deben mostrar su inocencia ante un hecho del cual el Estado los ha intentado inculpar, siendo que toda lógica jurídica debiera indicar que si el Estado es quien posee los elementos para implicarlos, que los exponga” declaró la vocera del Comité.

La madrugada del 5 de junio, los estudiantes fueron sustraídos con violencia de sus domicilios con el argumento que se presentarían como testigos de los hechos ocurridos el 1 de junio, cuando fueron detonados explosivos en las oficinas del INE, de la Sedesol y en un paradero del Metrobús.

Carlos Arafat Rosas Villegas, Dulce Carolina Parra, Juan Carlos Tepde Ixtacua, Axel Jiménez Morillo, Ana Rosa Zilli Colorado, Erick López Cruz y Shariff Guerrero fueron puestos en libertad al día siguiente, pero bajo reservas de ley, debido a que la Procuraduría mantiene abierta las investigaciones que se les señala como “indiciados”.

“No fue sino hasta ayer que se recibió respuesta por parte del Juzgado Quinto de Distrito en materia penal, con expediente 763/2015, donde se otorga una fianza de 77 mil 500 pesos a cada estudiante implicado, dando una suma total de 542 mil pesos” declaró Carolina González.

“Este Comité cuestiona a las instancias encargadas de ejercer justicia, al procurador Víctor Carrancá Bourguet; al titular de la Secretaría de Seguridad estatal, Jesús Rodríguez Almeida, y al gobernador Rafael Moreno Valle ¿de qué se quiere castigar a dichos jóvenes?” añadió la activista sobre las sanciones que quiere aplicar el gobierno estatal en contra de los estudiantes.

Asimismo, el Comité denunció que se reactivaron órdenes de aprehensión contra Adela Ramos Villalba, Eusebio Torres Aguilar, Alejandro Torres Chocolate y Juan Carlos Flores Solís, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra, y opositores del proyecto de Gasoducto Morelos.

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