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Por: Redacción Revolución / 9 septiembre, 2015
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(09 de septiembre, 2015).- Los relatores de la Organización de las Naciones Unidas pidieron el día de hoy al gobierno mexicano investigar a funcionarios que hayan obstruido la investigación o hayan sido omisos en la posible masacre de 43 estudiantes de acuerdo a los resultados exuestos el domingo por especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Los datos arrojados por la CIDH derribaron la versión de que los jóvenes fueron incinerados en el basurero Cocula, como el Gobierno dijo en enero a través de Murillo Karam con su tan citada “verdad histórica”.
También señalaron que fuerzas de seguridad federales sabían que los estudiantes eran atacados por lo que los relatores de la ONU pidieron ahondar en la responsabilidad que hayan tenido las distintas autoridades.
“La investigación sobre los hechos debe ser exhaustiva y ahondar en los distintos grados de participación de todas las autoridades que, por acción o por omisión, estuvieron involucradas en lo sucedido los días 26 y 27 de septiembre de 2014″, dijeron en un comunicado Christof Heyns y Juan Méndez, relatores sobre ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias y tortura, respectivamente.
El comunicado también está respaldado por otros expertos de Naciones Unidas.
El informe de la CIDH precisó que desde que los estudiantes salieron de la escuela de magisterio a la que asistían hacia la ciudad de Iguala, donde los atacaron a balazos, fueron seguidos a través de un centro de monitoreo por las fuerzas de seguridad, incluyendo al Ejército mexicano.
Sin embargo, el Gobierno adjudicó responsabilidad únicamente a policías municipales de Iguala y dijo que las fuerzas federales no habían tenido nada que ver en el hecho.
“Si se logra acreditar que hay obstrucción a la investigación, eso se tiene que indagar”, dijo por su parte a Reuters Francisco Cox, integrante del grupo de expertos de la CIDH.
El informe de los expertos, que incluye a dos reconocidas ex fiscales como la guatemalteca Claudia Paz y Paz y la colombiana Ángela Buitrago, expuso la pérdida de evidencias, falta de peritajes básicos, de pruebas científicas y testimonios tomados bajo tortura, entre otras serias fallas.
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