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Por: Redacción Revolución / 12 septiembre, 2015
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(12 de septiembre, 2015).- El sector militar ya sacó las garras ante la solicitud de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para interrogar a soldados por el caso de la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La comandancia de la IX Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con sede en la entidad, consideró que dicha solicitud carece de “sustento legal”
Por ello, respaldó la postura del gobierno federal de no permitir las entrevistas con miembros del Ejército, argumentando que de lo contrario se estarían violando los “derechos fundamentales de los militares”.
Los integrantes del GIEI, han planteado públicamente que buscan entrevistar a soldados del 27 Batallón de Infantería porque ha quedado demostrado en el expediente del caso Ayotzinapa que militares vigilaron a los normalistas desde su llegada a la ciudad de Iguala la noche del pasado 26 de septiembre, previo a la cacería que dejó seis muertos, una decena de heridos y 43 desaparecidos.
Al respecto, la comandancia de la IX Región Militar, estructura castrense de la que depende el 27 Batallón de Infantería y la 35 Zona Militar, señaló que no se autorizaron las entrevistas a los soldados que estuvieron al tanto de la masacre contra los normalistas, porque este hecho “excede” las funciones del GIEI.
La postura de la Sedena frente al caso Ayotzinapa, fue plasmada a través de un documento titulado “Impedimento legal para que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes entreviste a personal militar”, firmado por el jefe de Estado Mayor de la IX Región Militar con sede en Acapulco, el general de brigada, Arturo Vallarta Tafolla, fechado el jueves 10 y difundido este día en medios locales.
El brigadier Arturo Vallarta recuerda que el acuerdo para la incorporación de asistencia técnica internacional desde la perspectiva de Derechos Humanos en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, suscrito el 12 de noviembre de 2014 entre el gobierno mexicano y la CIDH, se establecieron las atribuciones del GIEI.
Refirió que las facultades del grupo de expertos conformado en su totalidad por personas extranjeras, consisten en actividades de análisis y de ser el caso, formular recomendaciones de las acciones a implementar, así como la posibilidad de tener acceso a los expedientes de las investigaciones y causas penales.
El Ejército considera que en “ninguna parte del acuerdo establece que dicho grupo podrá realizar entrevistas, interrogar, tomar declaraciones directamente a persona alguna o practicar diligencias”.
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