“Me persiguió la policía saliendo de Tulum”: Lydia Cacho; ejidatarios desaparecidos luego de acusar a Borge de despojo

Por: Redacción Revolución / 10 septiembre, 2015

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(10 de septiembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, además de ser un gran visionario para los negocios –aunque estos impliquen pasar por encima de los derechos de sus gobernados- ejerce un control férreo sobre lo que se dice o se deja de decir, en la entidad que gobierna.

El pasado 24 de agosto, un grupo de ejidatarios que habían sido entrevistados por la reportera Lydia Cacho como parte de una investigación por despojo de terrenos comunales y ejidatarios en la que se evidenció la participación del titular del Ejecutivo del estado, en contubernio con un grupo de empresarios regiomontanos, denunciaron que tres días antes, alrededor de las 8:30 de la mañana, la Policía Judicial del estado entró en el domicilio de tres de ellos hostigando a sus familiares.

De acuerdo con los testimonios, los buscaron por todo Tulum y encarcelaron a Miguel Ángel Benítez Rasgado y a Juan Manuel Ayala Mariano; al mismo tiempo, la misma dependencia detuvo, sin mostrar ninguna orden de aprehensión, a otros “expropiados” con los que Cacho entabló diálogo, y que por motivos de seguridad, habían pedido “sigilo”.

Héctor Apolinar Huesca Damián, Cruz García Ramírez y Miguel Vázquez Nieva, fueron detenidos por “sospechosos”. Después de haber sido fuertemente golpeados, fueron puestos en libertad sin haber sido acusados de delito alguno.

Durante esta semana, se registró la desaparición de tres ejidatarios integrantes del Movimiento Cívico en Defensa de Tulum, identificados como: José Tec Pot, Miguel B y un tercer testigo, cuyos familiares no quieren que se haga pública su identidad. La esposa de uno de ellos denunció que la desaparición, “es un levantón policíaco. Tenemos miedo”.

Los abogados de las familias han interpuesto amparos para lograr su localización, mismos que quedaron consignados en los expedientes con número: 1175/2015 en el Juzgado Cuarto de Distrito; 1137/2015 en el Tercero y 1193/2015 en el Juzgado Quinto.

Las investigaciones sobre la desaparición de los demás ejidatarios, cuyas familias aseguran que son víctimas de desaparición forzada, se encuentran suscritas en los amparos de localización 1176, del Juzgado Primero; 1153 del Segundo y 1136 del Juzgado Tercero de Distrito.

Los demás expedientes, a través de los que se señalan los delitos como despojo, hostigamiento, amenazas de muerte, desapariciones o secuestros, siguen sin ser investigados, a pesar de que se interpusieron las denuncias correspondientes en los archivos: 341/2013, 1134/2014 y 251/2015.

Las averiguaciones previas consignadas ante la Procuraduría General de Justicia del estado y de Tulum, 951/2011 y 950/2011, permanecen sin avance alguno.

Terrenos ejidales y la lucha por el poder

La investigación realizada por Cacho señala que en la entidad del caribe mexicano, “el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo –según diversos testimonios recogidos para este reportaje, algunos anónimos, otros no– ha sido facilitador del despojo de una veintena de terrenos costeros en Tulum, noveno municipio del estado y uno de los destinos turísticos del Caribe Mexicano con mayor potencial de crecimiento”.

En un video titulado “Lanzamientos o despojos orquestados en Tulum”, la problemática se remite a la presidencia de Luis Echeverría Álvarez, quien decretó la creación del Centro de Población José María Pino Suárez en Tulum, Quintana Roo.

El proceso concluyó durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, casi 20 años después de que el Cuerpo Consultivo de la Reforma Agraria, determinó que para que el ejido tenga salida al mar, “se afecten” los terrenos playeros; decreto presidencial que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, en diciembre de 1973.

El citado decreto, afectó los terrenos de la playa que entonces eran propiedad de Felipe Hernández Collin y Antonio González Avilez quienes a cambio recibieron 200 hectáreas del ejido. Ninguno de los dos se inconformó ni interpuso amparo alguno de inconformidad. Con el decreto presidencial, sus escrituras fueron canceladas de facto.

Sin embargo, y en total contradicción con la ley, sus escrituras canceladas fueron subdivididas en 13 escrituras, entre las que aparecen propietarios identificados como Furken, Garza Ponce, Schiavón y Montemayor, entre otros.

Posteriormente, las 13 propiedades, fueron vueltas a repartir en más de 69 escrituras. Con esos documentos ilegales, “han llevado a cabo con abogados, asociaciones y parentescos políticos”, a través de demandas no justificadas o juicios realizados en otra entidad de la República, usurpando la identidad de los afectados, y a través de actos de corrupción, intimidación, encarcelamientos, notificaciones falsas, contratos fraudulentos, edictos de humo, desaparición de documentos, entre otras cosas, los despojos en contra de los lugareños.

El objetivo es claro: apropiarse de la única playa del caribe cuyos pequeños hoteleros han sabido conservar, por años.

El despojo en números

El reportaje de Cacho, publicado en Newsweek y en el portal de Aristegui Noticias, señala que Borges encabeza los actos de despojo, en alianza con el exmandatario estatal, Félix González Canto, “quien tiene intereses inconfesables” y un grupo de empresarios de Nuevo León, vinculados con el exgobernador José Natividad González Parás.

La reportera documentó que hay por lo menos 120 ejidatarios posesionarios a los que el Tribunal Unitario Agrario ya les entregó los certificados que les reconocen como únicos posesionarios ejidales; sin embargo, la policía estatal se niega a reconocer la orden federal y a permitirles regresas a sus casas.

Existen 19 ejidatarios presos por haberse manifestado públicamente en contra de los despojos y 120 más han recibido amenazas de muerte por no querer vender o entregar sus tierras.

El Ejido Pino Suárez está conformado por 10 mil 410 hectáreas y tiene siete kilómetros de frente a la playa; 344 hectáreas frente al mar Caribe, constituyen los terrenos de los que se quiere apoderar un grupo de empresarios de Monterrey y políticos locales para construir los proyectos denominados “Zamá Maya I y II”.

Seis mujeres ejidatarias han sido golpeadas, aisladas y amenazadas de muerte por elementos de la policía municipal que las sacaron de sus casas. Un homicidio permanece sin ser resuelto: el del abogado Álvaro López Joers, quien representaba a 40 ejidatarios. De acuerdo a las fuentes consultadas por Cacho, el litigante estaba ganando la mayoría de los casos en el Tribunal Agrario de la federación.

Al menos 80 policías estatales, municipales y judiciales, armados, resguardan los predios en litigio e impiden la entrada de los posesionarios originales, a pesar de que estos se presentan con los documentos que los avalan como tal, y con actuarios autorizados.

En entrevista con Javier Solórzano, Lydia Cacho contó como una madre de familia afectada por la situación le narró que a tres de sus hijos se los llevó la policía municipal y seis meses después, siguen sin aparecer.

“Grabé la presencia de un policía armado en uno de los predios privados, me persiguió la policía saliendo de Tulum y una semana después de esto fueron arrestados cuatro de los testigos a los que entrevisté; dos de ellos desaparecieron a pesar de que ya se solicitó una orden de búsqueda en la PGR y por supuesto se denunció la desaparición forzada. Hay testigos que vieron que fue la Policía Judicial quien se los llevó, pero no aparecen”, comentó la periodista.

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