Mandos del Ejército detienen ilegalmente a médico militar y lo torturan; lleva 12 años encarcelado

Por: Cecilia Balderas / 15 septiembre, 2015

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(15 de septiembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- El pasado jueves 10 de septiembre, Diana Osuna se presentó en la prisión militar número cinco, ubicada en Mazatlán, Sinaloa –como habitualmente lo hacía- para ver a su pareja sentimental, Alfredo Antonio Ramírez García, mayor médico militar recluido en dicha cárcel desde hace 12 años; sin embargo, cuando pidió verlo un guardia le informó que una trabajadora social la recibiría. La funcionaria le dijo que Ramírez había sido trasladado a otro penal, aunque negó conocer el motivo y el lugar del traslado.

“Cuando llegué se me hizo raro porque todos me miraban. Me hicieron pasar con la trabajadora social para que me diera la noticia. Yo pedí hablar con el jurídico, pero él no supo darme explicaciones, me dijo que no había ningún documento. Me llevó con el director y me dijo que tenía que esperar. Le pregunté si había estado alguien de Derechos Humanos en el traslado y me dijo que no, que todo había sido interno”, declaró Osuna en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO.

Diana sostiene que su pareja tramitó y le fue concedido el amparo número 1043/2012, en donde se especifica que solamente puede ser trasladado por medio de la orden de un juez federal, misma que hasta la fecha no ha sido presentada.

Los hechos se registraron alrededor de las 6:30 de la mañana, sin previo aviso ni notificación, “nada más llegaron por él y se lo llevaron”, denunció Osuna tras agregar que cuando solicitó saber quién había ordenado y realizado el movimiento, le negaron la información con el argumento de que era confidencial.

Posteriormente le fue entregada una notificación de la Secretaría de Gobernación (Segob), con membrete de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través de la que se informaba del traslado de Ramírez García al “Centro de Readaptación Social Número 13 CPS/Oaxaca, ubicado en calle Antequera, N. 204, colonia Jalatlaco, Oaxaca, Oaxaca”. El documento está firmado por Francisco Javier Hernández Vélez, con número de matrícula 10681272, director de la prisión militar en Mazatlán.

Sin embargo, la dirección especificada en el documento no coincide con la verdadera ubicación del Cereso 13, que aunque sí está en Oaxaca, se ubica en el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, aproximadamente a dos horas de la capital de la entidad.

“Junto con su mamá y su hermana estuvimos buscando la dirección que me dieron y no había ningún lugar. Aunque se lo llevaron el jueves en la madrugada, no fue sino hasta el viernes en la tarde noche que lo ingresaron al penal, pero está incomunicado, no le permiten tener visitas, nos dijeron que hasta dentro de un mes”, denunció Diana.

El domingo, dos días después del singular traslado, a Osuna le fue entregado el documento con la dirección correcta.

Primer documento enviado por Segob, con la dirección del Cefereso No. 13 incorrecta

Documento corregido, entregado dos días después.

Por la seguridad jurídica

La familia de Ramírez García tiene contemplado realizar el próximo jueves, a las 10 de la mañana, una manifestación pacífica frente al Juzgado Décimo de Distrito -ubicado en Río Baluarte 1220, fraccionamiento Tellerías, en Mazatlán, Sinaloa- para exigir que a Alfredo Antonio se le respeten sus garantías de seguridad jurídica, porque “el amparo dice muy claramente que solamente puede ser trasladado bajo la orden de un juez federal y no nos la han mostrado. Me dijeron que hasta que él de la autorización me van a mostrar esa orden pero me parece ilógico; yo creo que no la tienen, ¿cómo va a dar él esa autorización si está sin comunicación?”, cuestionó Osuna.

De acuerdo a la poca información que la familia de Ramírez García ha recibido, el mayor médico habría sido trasladado vía aérea a la Ciudad de México, y posteriormente, por carretera a Oaxaca, en un recorrido de más de seis horas a la ciudad capital y por lo menos dos más a Miahuatlán.

“No estamos en contra del traslado, pero queremos que todo se haga conforme a derecho. Se presentó un documento a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con todo su expediente, señalando las violaciones que hubo durante el proceso porque quienes participaron en su juicio, en 2003, no eran ni jueces ni abogados. No tenían ningún nombramiento”, declaró Diana.

En 2006 el mayor médico fue condenado a 15 años y tres meses de prisión.

Osuna tiene la teoría de que su pareja fue trasladada de esa manera luego de que denunciara violaciones sistemáticas a los derechos humanos, bajo el argumento de la aplicación del “fuero de guerra”.

Eréndira Ramírez, hermana de Alfredo, declaró a Revolución TRESPUNTOCERO que durante el juicio “no se descartaron correctamente las pruebas; fue un caso con total falta de argumentos y aun así, lo cerraron. No se pudo hace más por falta de dinero”.

“Le pedimos a las autoridades de derechos humanos que nos ayuden, es totalmente injustificado el traslado y aparte están violando sus derechos”, declaró Eréndira.

El pasado 10 de junio, a través de un documento que la familia de Ramírez García presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –del cual este medio tiene copia- dirigido al secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, Alfredo Antonio interpuso una denuncia contra el Estado Mexicano “por violaciones permanentes y sistemáticas a mis derechos humanos. AL PRIVARME DE MI LIBERTAD Y TODOS MIS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES DESDE EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2003 HASTA LA FECHA”.

El día diecinueve de Septiembre del dos mil tres, A BASE DE ENGAÑOS Y EN CUMPLIMIENTO DE ORDENES DE MI COMANDANTE DE MI BATALLÓN, fui llevado a la comandancia de la novena zona militar y PRIVADO DE MI LIBERTAD de manera absolutamente ilegal y arbitraria, en la Oficina del jefe de estado mayor de esa Zona Militar. Tal como lo describo en mi declaración preparatoria que se encuentra en las fojas 226 a la 232 del tomo II de la causa penal 2986/2003. Acusado de supuestos delitos contra la salud. Sin que me dieran a saber el nombre de las personas que me acusaban y la oportunidad de defenderme por personas de mi confianza y abogado particular, ni tiempo para aportar pruebas en mi defensa legal, incomunicándome y sometiéndome a tortura física, psicológica y moral por parte de los mandos militares y personal del servicio de justicia militar que se desempeñaban como agentes del ministerio público (que eran varios), defensores de oficio y agentes de la policía judicial federal militar”, se lee en el documento.

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