Indígena condenado sin pruebas a 30 años de cárcel; no pudo defenderse porque no sabía español

Por: Emma Martínez / 9 septiembre, 2015

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(09 de septiembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Las condiciones de vida de la población indígena mexicana no son las mejores, puntualmente en lo que se refiere a derechos fundamentales como el acceso a la información o el derecho a una defensa justa, “las cárceles están plagadas de indígenas inocentes a quienes inculparon y no pudieron defenderse por no saber español”, afirmó Roberto Paciencia Cruz, un indígena encarcelado cuyo caso fue expuesto en Revolución TRESPUNTOCERO.

Pese a que en la Constitución se consagra el derecho a tener un intérprete que hable su lengua materna durante cualquier proceso jurídico, la mayoría de los indígenas que son inculpados de haber cometido algún delito enfrentan el proceso sin comprender nada y derivado de ello sin poder defenderse.

Desde hace dos años Ramón está encarcelado por no poder conseguir un intérprete que le explique por qué está ahí, de qué se le acusa y cuáles son los procedimientos a seguir, al mismo tiempo debe responder si lo golpearon, le dieron un trato cruel o ejercieron sobre él tortura, finalmente se le culpa de haber robado una cadena y una billetera, según los policías, cuando en realidad él estaba vendiendo artesanías en una plaza central, que fue donde lo detuvieron los elementos municipales.

El caso de Marcelino Mejía es más complicado. En agosto pasado el indígena cumplió seis años de estar en la cárcel, de los 30 a los que ha sido condenado; en 2009 un policía lo acusó, sin pruebas, de homicidio calificado y portación de armas sin licencia, solamente porque se encontraba en el lugar de los hechos.

En aquel entonces tenía 29 años, fue entregado a la policía estatal por parte de la municipal y éstos bajo tortura lo obligaron a auto incriminarse, todo indica, según sus actuales defensores (abogados activistas), que se trata de un caso de discriminación y violación a sus derechos fundamentales.

“Los anteriores son nada más dos casos de los cientos que existen a lo largo y ancho del país, podría narrar muchos más, porque a diario, sin exagerar, se perpetran dos o tres casos en el país de fabricación de delitos en contra de indígenas, aprovechándose que no hablan castellano, acciones que nacen del alto grado de racismo que existe en el país por su propia sangre, la legítima…

En ambos casos no hubo un intérprete, si lo que se buscan son culpables no se les facilitará el camino a los indígenas, quienes al no hablar, ni leer ni escribir, son presas fáciles de un sistema jurídico corrupto deshumanizado que sentencia con tal de acrecentar las cifras de ‘solución’ de casos de manera fraudulenta”, afirma a Revolución TRESPUNTOCERO la activista Lourdes Samaniego, quien se dedica a gestionar acciones para que los penales cuenten con un traductor de lengua indígena de manera permanente.

Pocos son los abogados activistas que se dedican a gestionar acciones para que los indígenas puedan tener acceso a una defensa donde se incluya un intérprete a cual él le dé elementos para ser defendido, aunque muchas organizaciones civiles colaboran por medio de abogados que defienden distintos casos de este tipo, con frecuencia se olvida presionar para que antes de encontrarse con otro indígena inculpado, se haya dado inicio y sentado un precedente de exigencia de un traductor.

“Muchos dan inicio al proceso de apoyo o acompañamiento cuando los hechos ya sucedieron, se debe resaltar que los esfuerzos son excepcionales pero insuficientes, porque nuestros indígenas pasan desde un par de horas, hasta años presos, sin que nadie les devuelva su tiempo y su integridad física y psicológica.

En México existen 583 intérpretes certificados, según el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), ellos no se encuentran en los penales del país, donde los indígenas en su mayoría son inculpados, basándose en la fabricación de delitos”, asegura Samaniego.

Según el INEGI, el 15 % de la población es indígena, quienes hablan 68 lenguas maternas distintas, y aunque el Artículo 2º de la Constitución mexicana consigna su derecho a tener un intérprete en su lengua materna durante un proceso jurídico, y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas señala que, para garantizar este derecho constitucional el Estado deberá apoyar a la formación y la acreditación profesional de intérpretes y traductores, ninguna de las dos consignas se cumplen, por el contrario, se ha evitado constantemente que esto se lleve a cabo, incluso si la misma ONG pone a disposición del culpable un traductor, las autoridades bloquean su interacción por medio de una serie de pretextos para mantenerlos sin comunicación, explica la activista.

El abogado penalista David Serrano, quien se dedica a la defensa de los pueblos indígenas, da cuenta que según cifras del Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en Oaxaca hay 77 intérpretes, en Chiapas 40, en el Distrito Federal 32, en San Luis Potosí 37 y en Veracruz 61.

Cifras que califica como pobres, preocupantes e incluso alarmantes, ejemplificando que en Chiapas existe un intérprete por cada 38 mil indígenas; en Michoacán, uno por cada 19 mil; en Yucatán, uno por cada 11 mil.

“El caso de México es grave porque estamos frente a una problemática que no es reconocida como tal, que es minimizada y no resulta ‘tan importante’ para el gobierno, si sabemos que desde el 2000 vivimos en un Estado donde eres culpable hasta que demuestres lo contrario, así te defiendas y tengas un buen abogado, qué le espera a un indígena que no sabe ni por qué le tocó pisar la cárcel, cuando su mayor delito fue no saber español”, sentencia Serrano.

Según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), un 91 % de indígenas presos ha declarado que no fue asistido por intérprete traductor, una violación al debido proceso que no se ha podido solucionar ante la nula disposición por parte de las autoridades y gobierno federal.

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha constatado que la mayoría de los presos indígenas también han sido víctimas de detención arbitraria, incomunicación y de tratos crueles o degradantes.

El abogado Serrano explica que los juicios orales aplicados a procesos donde se encuentran involucrados indígenas, son un riesgo debido a la discriminación y racismo que impera en los tribunales, ya que sin un intérprete las violaciones a derechos humanos será cada vez mayor, recayendo la responsabilidad en los tres poderes, pero principalmente en el legislativo, que “hasta hoy se han preocupado más por fabricar leyes en pro de quienes saquean al país y masacran indígenas, que en la protección de estos últimos”.

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