Gobierno es cómplice de asesinatos y agresiones a periodistas; Morena pedirá medidas cautelares: Virgilio Caballero

Por: Cecilia Balderas / 5 septiembre, 2015

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(05 de septiembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- El vicecoordinador del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Virgilio Caballero alertó sobre el endeudamiento que puede generar para el gobierno mexicano la emisión de bonos educativos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y afirmó que este es un paso más en la búsqueda por privatizar la educación en nuestro país.

El legislador señaló que en el discurso pronunciado por Peña Nieto el pasado miércoles, a propósito de la entrega del tercer informe de gobierno, hay varias contradicciones e inconsistencias, como la afirmación de que no subirán los impuestos y que no se ampliará la deuda y en contra sentido, el anuncio de la creación de una nueva dependencia encargada de la cultura, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a cargo de Luis Videgaray, lleva meses anunciando recortes presupuestales.

“Hay varias contradicciones en el discurso de Peña: están reduciendo los recursos en el gasto educativo y cultural; entonces ¿con qué recursos van a crear una nueva secretaría?, además no aclaran en qué consistirán las funciones de esa nueva dependencia y qué será de las actividades de Conaculta. No sabemos si solamente va a significar un cambio de poderes para darle a algún amigo del presidente el ultra poder de manejar la cultura”, detalló el parlamentario en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO.

Respecto a los recientes cambios en el gabinete presidencial y en particular sobre la llegada de Aurelio Nuño, exjefe de la Oficina de la Presidencia, a la Secretaría de Educación Pública (SEP), Caballero -quien ha fungido como asesor de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), por sus siglas en inglés, en materia de radio y televisión en América Latina- consideró que este movimiento ratifica que la reforma educativa nada tiene que ver con la calidad de la enseñanza, sino que se trata de una reforma laboral.

Gobiernos, cómplices de agresiones a periodistas

Tras la omisión de Peña Nieto en el mensaje por el tercer informe de gobierno de los casos sobre agresiones a periodistas y a defensores de derechos humanos, particularmente al caso del multihomicidio en la colonia Narvarte, Virgilio Caballero declaró que el “reconocimiento de que se viven tiempos difíciles y aludir a situaciones críticas, es parte de la complicidad que existe del gobierno en relación al asesinato de periodistas, la agresión a los medios de comunicación, a la libertad de expresión y al derecho de la gente a la información”.

En un punto de acuerdo impulsado por legisladores de Morena, y suscrito por el vicecoordinador, se argumenta que la situación de violencia en contra de periodistas en nuestro país, atraviesa por uno de sus momentos más críticos ante la ausencia de un Estado de derecho que garantice la seguridad, pero que genera un mensaje de impunidad para los agresores y para los periodistas, de indiferencia.

Al menos el 25 % del total de denuncias que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República (PRG), recibe –y en las que se incluyen agresiones por abuso de autoridad, amenazas, lesiones y privación de la libertad- fueron actos cometidos en la Ciudad de México, Veracruz y Estado de México.

En el documento los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional solicitan que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) no deseche la línea de investigación que “apunta a la posible participación de agentes estatales del Gobierno de Veracruz” en el multihomicidio.

Además piden se exhorte al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl Pérez, a dictar las medidas cautelares pertinentes para que se garantice la seguridad, integridad, vida y el ejercicio profesional de los periodistas en Veracruz.

Cabe recordar que el 12 de agosto, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó un exhorto al procurador de justicia capitalino, Rodolfo Ríos Garza, en el que se le solicitó que las averiguaciones del crimen cometido en la colonia Narvarte se realicen con mayor profundidad y que no quedara en un acto protocolario, en clara alusión al interrogatorio que la PGJDF hizo al gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

“Resulta imperante y urgente fortalecer la labor periodística, y establecer mecanismos realmente eficaces para garantizar el libre ejercicio de dicha profesión en México, llevando de la mano la protección y seguridad para consolidar las bases de libertad expuestas en un país democrático, ayudando a generar información de calidad y así obedecer a los derechos constitucionales fundamentales como son el derecho a ser y estar informados”, argumentan los legisladores de Morena en el texto.

En lo que va de la administración de Duarte, Veracruz se ha posicionado como la entidad en la que más agresiones se dan en contra de periodistas con 15 homicidios y al menos dos comunicadores que permanecen en calidad de desaparecidos, lo que le vale ser la entidad más riesgosa para el ejercicio del periodismo en México.

La organización Artículo 19 reportó que hasta al 31 de julio, había 37 periodistas desplazados de Veracruz por amenazas que se atribuyen al crimen organizado, al gobierno estatal y a los gobiernos municipales.

En días pasados, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) coadyuvante del caso de la colonia Narvarte, denunció que la PGJDF no considera en su investigación las agresiones, amenazas e intimidaciones de las que fueron víctimas Nadia Vera y Rubén Espinosa, mismas que les obligaron a huir de Veracruz y autoexiliarse en el Distrito Federal, condiciones que denunciaron públicamente, al tiempo que responsabilizaron de cualquier agresión que pudieran sufrir a Javier Duarte de Ochoa y a su gobierno.

Los abogados de la ANAD identificaron diversas inconsistencias en el caso que permanecen sin ser resueltas y que podrían constituir una posible violación al debido proceso, como la ausencia de un móvil para la comisión del delito, contaminación del lugar de los hechos, entre otros.

“La línea de investigación que señala la posible participación de agentes estatales del gobierno de Veracruz fue descartada por las declaraciones tomadas al gobernador y funcionarios de su administración en la que únicamente se deslinda públicamente, sin que hayan aportado información sustancial sobre los antecedentes, amenazas, agresiones, acoso y hostigamiento que habían sufrido Rubén Espinosa y Nadia Vera”, consideran los legisladores.

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