Familiares de desaparecidos reclaman a Campa mentiras, negligencias e impunidad con que gobierno maneja casos

Por: Edgar Rosas / 10 septiembre, 2015

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(10 de septiembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Ante la necesidad de construir una ley general sobre desaparición forzada que atienda de manera eficaz esta grave problemática, colectivos de familiares de personas desaparecidas, así como organismos de la sociedad civil, exigieron al gobierno mexicano establecer un proceso de diálogo para la elaboración y puesta en marcha de esta nueva legislación, a través del cual se recoja la voz y se tome como punto central la participación de quienes han vivido de cerca este crimen de lesa humanidad.

De cara a la discusión y futura aprobación de una nueva ley en la materia, los miles de familiares de personas desparecidas enfatizaron la necesidad de que la futura legislación recoja los testimonios de las víctimas indirectas de este delito, pues sólo así se logrará una legislación óptima para afrontar el fenómeno.

Bajo la consigna “sin las familias no”, este miércoles los colectivos y OSC se reunieron con representantes del gobierno federal así como del poder legislativo, a quienes entregaron un documento que contiene los elementos que “no deben faltar en la ley”, mismos que fueron planteados luego de diversos encuentros con familiares y expertos.

En el acto, en donde se dio cita Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos, así como diputados federales en representación de la mesa directiva de la cámara baja, los familiares de personas desaparecidas reclamaron a los funcionarios la poca eficacia para resolver los miles de casos de desapariciones, el no querer reconocer su responsabilidad, así como la falta de voluntad que se ha demostrado.

Al tomar el micrófono, los colectivos -en voz de los familiares de desaparecidos- subrayaron que en esta lucha que han emprendido para buscar a sus seres queridos, la confianza en las instituciones se ha perdido debido a las mentiras, las negligencias y la impunidad con que el gobierno ha manejado los casos.

“En este camino de búsqueda hemos perdido la confianza en las instituciones del Estado, por eso les decimos que las autoridades están frente a una oportunidad histórica de crear una política de Estado que responda a las desapariciones con la participación de las organizaciones de familiares y de la sociedad civil y así empezar a reparar la confianza que ha sido dañada por la mentira, la negligencia y la impunidad que ha sido el eje que han marcado más de 40 años de la historia reciente de nuestro país.

Nuestros seres queridos desaparecen porque se puede, porque se permite, porque no les pasa nada a quienes las cometen o quienes lo posibilitan. Por ello nuestros principios son que esta ley debe partir del reconocimiento de la magnitud de la problemática de las desapariciones forzadas”, sentenciaron.

Los familiares demandaron que hasta la fecha no han sido lo debidamente consultados para la construcción de la ley. Detallaron que este esfuerzo realizado incluye la participación de más de 70 colectivos de familiares provenientes de 23 estados de la república, así como Centroamérica.

“Nosotras y nosotros, familiares de desaparecidos, consideramos que no hemos sido consultadas como se debe para la definición de esta Ley de personas desaparecidas y que nuestra voz es imprescindible para una legislación legítima y acorde con la dimensión y profundidad de la tragedia de la desaparición de personas en nuestro país.  Como dijo el Comité de Desaparición Forzada de la ONU, es ya una práctica generalizada en toda la República.”, expusieron.

Subrayaron el deseo que esta nueva ley sea construida “desde las víctimas, con las víctimas y para las víctimas”, además que sea redactada con un lenguaje sencillo y accesible  para las familias.

“Las causas estructurales que han generado esta crisis de Derechos Humanos (se suman a) las limitaciones y vicios del quehacer institucional para dar una respuesta a la medida y alcance necesaria para encontrar a todas las personas desaparecidas (…) Queremos que esta sea una ley que garantice la participación y el trabajo en conjunto con los familiares en su formación, implementación y evaluación, diseñando para ello los mecanismos y procedimientos adecuados. Así como mecanismos de rendición de cuentas y control ciudadano.

La ley por la que hemos luchado deberá ser integral, es decir, que aborde las diferentes dimensiones de esta problemática, desde una visión de derechos y con una perspectiva de género. Esta ley debe entender a la persona desaparecida como un sujeto de derecho (…) que sea aplicada a todas las desapariciones, las del pasado y presente, incluyendo las desapariciones de personas migrantes con un enfoque transnacional y atender de manera diferenciada a los diversos grupos en situación de vulnerabilidad”, apuntaron.

Hicieron énfasis que la nueva ley debe contemplar mecanismos de búsqueda inmediata, además de establecer las sanciones para los actores que hayan obstruido investigaciones por desaparición, así como para quienes hayan escondido información sobre el paradero de las personas.

 “Los familiares somos criminalizados”

Al leer los puntos que debe contemplar la ley, los familiares denunciaron que las autoridades en lugar de establecer estrategias precisas para la búsqueda, sólo han criminalizado la labor de quienes emprenden esfuerzos particulares para hallar a sus seres queridos.

En este sentido, añadieron que el Estado carece de una metodología para investigar los casos, por lo que los familiares han tenido que tomar el rol de agentes investigadores a pesar del riesgo que ello implica.

“El Estado carece de una metodología de investigación para los casos de desaparición, por eso, en la práctica, somos las familias de las victimas las que asumimos el rol de MP investigador a pesar del riesgo que ello implica.  Los familiares somos criminalizados por las propias autoridades, somos sujetos de extorción, de secuestro, de desplazamiento, de tortura e incluso asesinatos. Las líneas de investigación que proponemos no son, pues muchas de ellas señalan la responsabilidad directa del Estado y su colusión con el crimen organizado”, detallaron.

Aunado a lo anterior, manifestaron que las actitudes optadas por el Estado mexicano han llevado a investigaciones simuladas, las cuales se encaminan a proteger a los responsables. Expresaron a los funcionarios que han sido testigos de cómo el fenómeno ha crecido.

“Algunas de las estrategias que el Estado utiliza para deslindarse y detener la investigación son: declararse incompetente, cerrar las líneas, enviar el caso a reserva, declarar que los responsables y los desaparecidos han sido asesinados y criminalizar a las víctimas (…) Somos testigos de que las desapariciones en México son generalizadas y no un fenómeno aislado, que requiere la capacitación y profesionalización de los agentes investigadores y del MP, y la creación de unidades de análisis de contexto, así como la coordinación obligatoria entre los tres niveles de gobierno y otros países”, puntualizaron.

En este sentido reiteraron la necesidad de tipificar de manera correcta el delito de desaparición forzada, pues ésta es una de las trabas que impiden el llegar a la justicia.

“Otros aspectos que denunciamos de manera constante es la impunidad que caracteriza al Estado mexicano. Identificamos que una de las puertas de la impunidad es la ausencia de una adecuada tipificación del delito de desaparición forzada y por particulares, y de la perversa manipulación del término personas no localizadas o ausentes por parte del Estado”, indicaron.

“Nuestros desaparecidos no son estadísticas, tienen nombre y apellido”

Durante la reunión sostenida en el Museo de la Ciudad, los familiares víctimas de un contexto de violencia, no quitaron el dedo del renglón y exigieron a los representantes del gobierno justicia en cada uno de los casos de desaparición forzada, no sólo los actuales, sino los que se vienen arrastrando desde la época de la llamada “guerra sucia”. Al respecto sentenciaron que el Estado aún tiene una deuda que no ha sido saldada.

“Venimos a decirles que la búsqueda de nuestros seres queridos se ha convertido en el objetivo de nuestras vidas (…) lo que hoy les planteamos también tiene la palabra de familiares de desaparecidos desde los años setenta (….) Hoy venimos a exigir verdad y justicia para todos y todas (…) Desde que nuestro familiar fue desaparecido hemos buscado por todos los medios, aunque esto nos ponga en riesgo. Esta tragedia nos ha afectado enormemente como familias, nos hemos empobrecido más, nos han extorsionado, engañado, muchos compañeros han muerto de tristeza, pero no pararemos”, sentenciaron.

Los familiares, quienes portaban fotografías con el rostro de sus seres desaparecidos, increparon a los funcionarios federales, entre ellos Roberto Campa, que ante los reclamos y exigencias de las victimas sólo mostró una actitud de escucha pasiva, sin mayor gesto.

Al terminar de exponer los elementos que consideran como fundamentales para la nueva ley, las decenas de víctimas presentes gritaron al unísono “vivos se los llevaron, vivos los queremos” y dirigiéndose directamente al subsecretario y los diversos funcionarios, reclamaron la complicidad del gobierno en este delito.

Además reiteraron que los desaparecidos no son cifras, pues cada uno tiene rostro, nombre y apellido. Pidieron sensibilidad y por fin trabajar en aras de acabar con este fenómeno.

Parte de los elementos plasmados en el escrito entregado a los funcionarios contempla como fundamental incluir, además de la correcta tipificación del delito y de mecanismo de búsqueda con base a la presunción de vida, un registro de personas desaparecidas, así como el reconocimiento de los derechos de las personas desaparecidas, la reparación integral de daño y la declaración de ausencia.

En el evento acudieron como testigos: el obispo de Saltillo, Raúl Vera; el poeta y líder del Movimiento Por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia; el director de Amnistía Internacional México, Perseo Quiroz y el integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la CIDH para el caso Ayotzinapa, Carlos Beristain; así como representantes de diversas OSC que acompañan la lucha de las familias. Cabe señalar que la propuesta presentada también fue entregada al representante de la oficina del alto comisionado de ONU.

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