Exigen padres de los 43 normalistas desaparecidos reunión con EPN y permanencia del GIEI hasta que aparezcan los jóvenes

Por: Redacción Revolución / 6 septiembre, 2015

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(06 de septiembre, 2015).- En conferencia de prensa, padres de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, desaparecidos desde septiembre de 2014, exigieron una reunión directa con Peña Nieto, para asegurarse de que se comprometa a cumplir, de manera irrestricta, con todas las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en este caso.

Además, solicitaron que el Estado mexicano permita que los integrantes del GIEI permanezcan en territorio mexicano, desarrollando sus actividades, en tanto no se determine la verdad de lo que pasó en el municipio de Iguala la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre, en donde fueron asesinadas seis personas y hubo más de 40 heridos, así como el paradero de los estudiantes.

Las familias exigieron, como lo han hecho a lo largo de más de 11 meses, que el gobierno mexicano presente con vida a los estudiantes y recriminaron que el gobierno federal, encabezado por Peña Nieto y la Procuraduría General de la República (PGR) de Jesús Murillo Karam y ahora encabezada por Arely Gómez, que hayan pretendido sostener una mentira que no se sostuvo con argumentos ni evidencia científica y que apuntó a la masacre de los jóvenes.

“Basta de tanta chingadera del gobierno…se equivocaron de padres. Somos unidos, no pendejos, aquí vamos a seguir hasta encontrar a los 43 alumnos, pase lo que pase y venga lo que venga”, sentenció don Mario, padre de uno de los estudiantes desaparecidos.

Felipe de la Cruz, otro padre que mantiene la búsqueda de su hijo, exigió a Peña “que abra la puertas de Los Pinos que es la casa de los mexicanos…la complicidad del gobierno de México ha quedado evidenciada…se tienen que reabrir las investigaciones, revisarla desde todos los ángulos. Fue un teatro el que montaron. No podemos quedarnos sentados cuando vemos la infamia y desvergüenza de los funcionarios públicos que pretenden callar nuestro dolor al decirnos que ya lo superemos”.

“Ni una mentira más porque cada vez que le mienten a los padres, le mienten al pueblo de México. Antes del 10 nos tiene que recibir Peña Nieto, no se lo pedimos, se lo exigimos porque es nuestro derecho”, declaró de la Cruz.

Informó que el 23 de septiembre próximo, los padres de familia comenzarán la jornada de ayuno que tienen contemplado concluir el 25; un día después se preparan movilizaciones en la Ciudad de México y otros estados de la República, para exigir justicia y que sean presentados los jóvenes estudiantes y se investigue

Bernabé Abraham declaró que “el gobierno pensaba que nos íbamos a dejar, hasta nos ofreció dinero pero le dijimos que nosotros no vendemos a nuestros hijos; seguimos luchando por encontrar a los 43 estudiantes. Que sepa el gobierno que no nos va a dividir. Tal vez seamos ignorantes y no sepamos de leyes pero sabemos de dignidad y no nos va a hacer tarugos…estamos luchando por 43 vidas, queremos que vuelvan con sus familiares”.

“Nuestros muchachos siempre han sido inocentes, el gobierno ha querido enlodar la memoria de mi hijo y de sus dos compañeros que cayeron ese día…ellos eran inocentes y los utilizó el gobierno para tapar sus porquerías…masacran alumnos, desaparecen a quienes se les da la gana y simplemente porque se creen los dueños de todos, por ser el presidente, se siente dueño de todo…el gobierno ha dicho mentiras que les hemos tirado al piso”, dijo doña Bertha, madre de uno de los jóvenes asesinados en la agresión a los estudiantes en la ciudad de Iguala, en Guerrero.

Ulises Gutiérrez, hermano de Aldo Gutiérrez, herido en Iguala, subrayó que con la investigación del GIEI se demostró que los estudiantes desaparecidos no iban a boicotear ningún acto político ni iban armados.

Su hermano, quien recibió un disparo en la cabeza, se mantiene hospitalizado. Los médicos han informado a sus familiares que se encuentra muy grave. Édgar Andrés, otro de los estudiantes que recibió un disparo en el rostro, también se mantiene hospitalizado.

“Nos duele mucho ver a nuestros familiares postrados en la cama y sufriendo. Los policías municipales les destrozaron la vida. Exigimos que se les dé atención especializada y prioritaria porque la necesitan; exigimos al gobierno que no nos deje solos, necesitamos apoyo, nuestros familiares están viajando semanalmente y no tenemos recursos para pagar el hospital ni transporte. Exigimos al gobierno atender a estas familias que también lo necesitan”, dijo Ulises.

Carmen Mendoza, madre de Jorge Aníbal Cruz advirtió al gobierno federal que aunque esté acostumbrado a desaparecer y asesinar a personas impunemente, “esta vez no va a ser lo mismo porque no nos vamos a quedar callados. Nos los tienen que entregar. Si no pueden, exigimos que se larguen, que se vayan por traición a la patria y por todas las estupideces que han estado haciendo. Yo no le debo nada a este gobierno”.

Cabe señalar que una de las conclusiones del grupo de expertos independientes descartó que haya información que sustente los dichos que se han propagado en relación a la supuesta relación de los estudiantes con un grupo del crimen organizado denominado “Los Rojos”.

Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C recriminó que la PGR no haga suyo el peritaje del GIEI y pretendan hacer otro, por lo que exigió que se incluyan en las investigaciones.

“Nos preocupa que el informe como tal, no sea parte de la averiguación previa…es una contradicción porque si se dice que se aceptan las recomendaciones en sus términos, no entendemos por qué no se incluye el informe en su totalidad…exigimos que se investigue a todas las autoridades que obstaculizaron la investigación”, señaló el litigante.

La postura de la Normal Rural

Arturo Hernández, dirigente del Comité Estudiantil de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, demandó justicia para tres de sus compañeros asesinados, así como la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos.

Hizo un llamado a la sociedad civil, para salir a las calles y denunciar las violaciones a los derechos humanos de que miles de personas han sido víctimas, en aras de lograr un cambio verdadero.

Omar García, uno de los estudiantes sobrevivientes a la agresión, recordó que la ola de violaciones a la sociedad civil a manos de uniformados de diversas dependencias no inició ni paró con lo ocurrido en Ayotzinapa, sino que cada vez es más recurrente y con menos intensiones de ser transparentadas y sancionadas.

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