Exigen juicio político en contra de Murillo Karam; presidente priista de Cocula, sin ser molestado ni investigado

Por: Cecilia Balderas / 25 septiembre, 2015

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(25 de septiembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) interpusieron una demanda de juicio político en contra del extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, por su actuación al frente de las investigaciones en el caso de la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida hace casi ya un año.

Los legisladores, encabezados por su coordinador parlamentario, Francisco Martínez Neri, informaron que la petición –que entregaron a la Secretaría General de dicho órgano legislativo- está basada en el argumento de que el también extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), incumplió la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que en su artículo 7, fracción III establece que los funcionarios públicos serán sujetos de juicio político “cuando incurran en violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales”.

De acuerdo a la fracción IV de la citada disposición, la solicitud de juicio político procederá en contra de quienes realicen algún tipo de infracción a la Constitución Política o a las leyes federales que de ella emanen y que causen perjuicios graves a la federación, a uno o varios estados o a la sociedad.

En el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, también se establece que es obligación de los servidores públicos, salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su empleo y que deben cumplir con la máxima diligencia el servicio que les sea encomendado.

Los servidores públicos están obligados a abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de su servicio, implique abuso o un ejercicio indebido, así como custodiar y cuidar la documentación e información que tenga bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, “impidiendo o evitando el uso o la sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización debidas de aquellas”.

Bajo estos argumentos, “es claro para la opinión pública que el señor Murillo Karam ha violentado sistemáticamente todas estas obligaciones que tenía… está claro en el informe presentado por el GIEI, que la PGR y su entonces titular, ignoraron el dolor de las familias y se abocaron a destruir pruebas y distorsionar hechos, con lo que quedaron no como una institución nacional encargada de procurar justicia, sino como encubridores y cómplices de los delincuentes en este acontecimiento.”, dijo la diputada Cristina Gaytán Hernández.

Confianza perdida…

Cuestionada sobre cómo piensa el sol azteca ganarse la confianza de los familiares de las víctimas si en los hechos registrados la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, está involucrado el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, de extracción perredista, la legisladora afirmó que “no evadimos ninguna responsabilidad donde hay responsabilidad el PRD, pero tampoco vamos a asumir responsabilidades que no competen a nosotros”.

El legislador Rafael Hernández Estrada, afirmó que el PRD respalda la propuesta de que se creé una fiscalía especializada que dé seguimiento al caso, siempre y cuando esta tenga el visto bueno de los familiares de los jóvenes desaparecidos y que además participen para sugerir quiénes la integrarán.

Hernández se pronunció por que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), continúe participando en la investigación, como peritos técnicos, en los términos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Francisco Martínez Neri denunció que persiste una gran omisión en la investigación sobre el caso Ayotzinapa, pues el presidente municipal de Cocula, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), no ha sido investigado por su presunta participación en los hechos, toda vez que la policía municipal de dicha comunidad estuvo involucrada en el ataque a los normalistas.

“La gente podrá colegir muy rápidamente por qué este señor no ha sido llamado a cuentas y está muy feliz en su casa y hay otro que está preso…¿Cómo es posible que el presidente municipal, del que dependen los policías que detuvieron a los muchachos, no esté siendo objeto de investigación. Eso es sumamente grave. Es parte de la cadena de omisiones que ha habido en el proceso”, dijo el coordinador de la bancada del PRD.

Para que se resuelvan los juicios políticos es necesario que la Cámara de Diputados apruebe la integración de una figura jurídica denominada “Sección Instructora”. La última vez que esto sucedió fue en diciembre de 2010, durante la LXI Legislatura, cuando se aprobó retirarle el fuero al entonces diputado federal, también del sol azteca, Julio César Godoy Toscano, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero.

Hasta la fecha, el medio hermano del exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy, permanece como prófugo de la justicia.

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