En Asamblea General de la ONU, Estado mexicano debe refrendar compromiso para proteger DD. HH.: analistas

Por: Cecilia Balderas / 15 septiembre, 2015

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(15 de septiembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Académicos y especialistas que participaron en las audiencias públicas para analizar la participación de México en el 70 Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), coincidieron en la importancia de que el Estado mexicano refrende su compromiso con la protección de los derechos humanos e impulse de manera decidida políticas sobre desplazamientos internos.

Al inaugurar las audiencias, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Roberto Gil Zuarth afirmó que el debate fundamental en la ONU debe centrarse en la discusión de cuál va a ser el modelo de desarrollo en el mundo para las próximas décadas.

El integrante del Partido Acción Nacional (PAN) y exsecretario particular de Felipe Calderón Hinojosa, apuntó que dado el actual contexto se pueden identificar dos desafíos: la “lógica de austeridad” en la que distintas naciones han entrado a consecuencia de la crisis de 2008 y la política contra las drogas.

Sobre el último tema, Gil Zuarth afirmó que “debe transitarse de esta discusión sobre la penalización del consumo, del trasiego y del comercio de las drogas, hacia un enfoque de salud pública y hacia un enfoque de los daños que causan no solamente las adicciones, sino también el comercio”.

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, la panista Laura Rojas Hernández, afirmó que México debería convocar a una sesión especial -en el marco de los trabajos de la sesión regular del Consejo de Derechos Humanos de la ONU- para examinar el “gravísimo caso para la democracia y el estado de derecho” respecto a la sentencia emitida contra Leopoldo López en Venezuela, “en contra de lo dispuesto por innumerables instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y debido proceso, creo de manera personal que merece no sólo una condena sino una acción contundente por parte de la comunidad internacional”.

La crítica de los especialistas

Laura Zamudio, directora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, criticó que el gobierno federal no haya desarrollado políticas públicas para definir y sancionar temas como el conflicto de interés –del que se acusó al Ejecutivo federal tras hacerse pública la forma en que su familia adquirió una mansión con una de las constructoras favoritas de la administración pública- ni para fortalecer temas como el combate a la corrupción.

“No hemos desarrollado una cultura o un proceso para comprender cómo incorporar orgánicamente los instrumentos de política exterior en la política interna…por ejemplo, la Convención de Naciones Unidas sobre corrupción tipifica delitos como conflicto de interés, cohecho, soborno, tráfico de influencias e insta a castigar, a regular esas posiciones; sin embargo, en México no existe todavía una ley que regule con claridad el conflicto de interés.

En su intervención, Jorge Schiavon, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), afirmó que en un país “democrático como México”, las políticas públicas -entre ellas la política exterior- deberían de seguir las preferencias de la mayoría de las personas y afirmó que de acuerdo a un estudio del CIDE realizado entre 2014 y 2015, los mexicanos identifican como amenazas a nivel internacional, temas como narcotráfico y crimen organizado, desastres naturales, crisis económicas, cambio climático, epidemias internacionales, desigualdad entre países ricos y pobres y violación de derechos humanos en el mundo.

“Los mexicanos quieren una política exterior que genere desarrollo, seguridad y bienestar para las personas; justamente en temas como proteger el medio ambiente, combatir el narcotráfico y crimen organizado, promover la cultura mexicana en el exterior, proteger los intereses de los mexicanos más allá de nuestras fronteras, promover la venta de productos mexicanos y atraer turistas y promover la paz y seguridad internacionales”, explicó el académico.

En representación de la organización Save The Children, María Josefina Menéndez sostuvo que “es fundamental que durante la Asamblea General, el presidente Peña Nieto reitere la responsabilidad para acabar con la desigualdad, comprometiéndose públicamente con la sociedad mexicana a dar prioridad a las poblaciones más marginadas… debería anunciar los lineamientos de un plan de acción, de transición, apropiación y preparación durante los próximos meses para establecer la base de una estrategia nacional a 2030”.

La coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas y representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de México, Marcia de Castro, señaló que en el tema de migración, el equipo que la acompaña analizó el gasto público que la administración de Peña Nieto destina al rubro, y encontró que el presupuesto de 2014 y 2015 del Instituto Nacional de Migración (INM), corresponde únicamente al 3 % de lo que se invierte en el programa Prospera.

De Castro se refirió en particular a la situación que vive la población de Tenosique, en Tabasco, al afirmar que “entra mucha gente y crea una enorme tensión con las comunidades de paso que no entienden quiénes son esta gente (los migrantes centroamericanos), tienen miedo, tienen pavor que de repente esta población vaya a competir por recursos que a veces son muy limitados”.

La funcionaria de la ONU agregó que “los retos que enfrenta México en derechos humanos no son menores” y adelantó que el Alto Comisionado de Derechos Humanos, visitará nuestro país del cuatro al siete de octubre, para “sentarse en la mesa con el gobierno, con las autoridades, con sociedad civil por supuesto, con la ONU”.

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