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Diputada finlandesa cuestiona a EPN por no resolver asesinato de activistas en Oaxaca por grupo ligado al PRI

Por:  / 29 septiembre, 2015
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(29 de septiembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- La diputada integrante del Parlamento Finlandés y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de ese órgano legislativo, Satu Hassi, sostuvo que a cinco años del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola –activistas y promotores de derechos humanos asesinados por un grupo paramilitar que emboscó la caravana humanitaria en la que participaban en abril del 2010- en la región de la Mixteca, en Oaxaca, la falta de voluntad política para resolver el crimen, es la única explicación a la lenta y casi paralizada investigación.
En su novena visita a México Hassi, la exministra de medio ambiente y exintegrante del Parlamento Europeo, sostuvo reuniones con autoridades de Oaxaca y también del gobierno federal, como parte del seguimiento que ha dado a ambos homicidios, con particular interés en que se haga justicia para su compatriota, Jyri Antero Jaakkola; sin embargo, la información que recibió no fue nueva, pues desde su última visita, en febrero pasado, no hay avances.
En entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, la diputada finlandesa recordó que los mayores avances en el caso son: la detención de Rufino Juárez Hernández, exdirigente de la Unidad de Bienestar Social de la Zona Triqui (Ubisort) en 2011; misma que se dio tras señalársele como probable responsable del asesinato de otras dos personas. No fue sino hasta un año después que se le dictó formal prisión y se le vinculó con el asesinato de los activistas.
En septiembre de 2012, la Procuraduría de Justicia del estado de Oaxaca emitió 12 órdenes de aprehensión al mismo número de personas involucradas en el ataque a la caravana humanitaria que buscaba entregar alimentos, ropa y medicamentos a los habitantes de San Juan Copala, mismas que fueron identificadas por los sobrevivientes a la agresión, pero no fue sino hasta el pasado mes de febrero que se realizó la detención de dos probables responsables. Ambos laboraban para dependencias del gobierno del estado y otro de los involucrados fue asesinado.
“Pasaron dos años y medio desde que salieron las órdenes de aprehensión hasta que los primeros dos fueron detenidos. Lo particular de ello, es que ambos trabajaban en instancias públicas. Se tardaron mucho en detener a personas que trabajaban a la vista de todos”, dijo la diputada y agregó que las autoridades de Oaxaca tienen conocimiento exacto de dónde encontrar al resto de los involucrados y aun así, les permiten seguir en libertad.
Falta de voluntad…
La legisladora –espigada, de cabello corto y rubio, de largas y delgadas manos, anteojos redondos y rostro serio- está convencida de que para que se resuelva el asesinato de Cariño y Jaakkola son indispensables dos condiciones: la detención del total de los involucrados y que el Estado garantice la seguridad de los testigos.
“Hay tres personas detenidas y es un pequeño avance, pero no hay nada en la protección de testigos. No es creíble que las autoridades de Oaxaca digan que es un tema muy difícil; que el terreno es poco accesible, que la región triqui es problemática, aunque sí hablamos de un lugar con muchos problemas. Para mí, la falta de protección a los testigos es la señal más clara de la falta de voluntad política”, argumentó Hassi.
La exministra explicó que esta condición genera que las autoridades no recojan y documenten suficiente evidencia para presentar durante el juicio de los implicados, pues para los sobrevivientes y testigos de la agresión del grupo paramilitar, representa un alto riesgo testificar en contra de una organización fuertemente armada que además, tiene vínculos de antaño con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y con el exgobernador de la entidad, Ulises Ruiz Ortiz.
“Nadie va a dar su testimonio si con eso pone en riesgo su vida; por eso, el juicio va a ser incompleto y ciertas vidas van a estar en peligro”, advirtió la parlamentaria europea.
A cinco años de los asesinatos, ninguna persona involucrada ha sido condenada. Rufino Juárez -el detenido que mayor tiempo ha pasado en la cárcel por estos crímenes- ni siquiera ha comparecido ante algún tribunal.
México-Finlandia: dos realidades
De acuerdo a estadísticas sobre los crímenes cometidos en Finlandia en 2013, el  99 % de los asesinatos han sido resueltos.
“En mi país, las autoridades trabajan de manera eficiente y uno sabe que si comete un crimen va a ser juzgado y va a ir a la cárcel. Me atrevería a decir que en mi país, si ocurriera un caso similar al de Bety y Jyri, en donde se conoce muy bien quiénes son los sospechosos, se habría resuelto desde hace mucho”, declaró a Revolución TRESPUNTOCERO Hassi.
Por el contrario, datos de diversas organizaciones no gubernamentales y análisis especializados en la materia señalan que nuestro país tiene una tasa de impunidad de 98 %; es decir, únicamente dos de cada cien delitos denunciados son castigados por nuestras autoridades e instituciones judiciales.
A pesar de que la legislación internacional permite que las autoridades de Finlandia, como país de origen de Antero Jaakkola, intervengan e incluso atraigan la investigación de los hechos, Hassi sostiene que no lo han hecho porque “pensamos que la responsabilidad principal recae en el país donde ocurrió el crimen”; es decir, en México.
Las gestiones que han impulsado diversas instancias internacionales para que se haga justicia a los defensores de derechos humanos no han cejado en su intento desde que ocurrieron los crímenes; sin embargo, el Estado mexicano parece hacer oídos sordos a dichas exigencias.
“El ministro de Asuntos Exteriores de Finlandia y el presidente, así como el Parlamento Europeo y la representación de la Unión Europea han hablado varias veces del caso con las autoridades mexicanas. En un primer momento así lo hicieron con Felipe Calderón, pues durante su administración se dieron los asesinatos. Después se acercaron a Peña Nieto quien se comprometió a resolver el caso, pero yo me pregunto: ¿tiene algún significado ese compromiso?”, cuestionó la diputada.
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