- Obtener vínculo
- Correo electrónico
- Otras apps
Por: Edgar Rosas / 1 septiembre, 2015
¡Dale Like, comparte y deja tus comentarios!
(01 de septiembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Desde la llegada de Miguel Ángel Mancera a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, la intención de desarrollar grandes proyectos de infraestructura ha sido característica de la administración, en donde la imposición y la exclusión de la participación ciudadana han sido cuestiones presentes. Hoy en día diversas obras desarrolladas a lo largo de la capital del país han sido el motivo de protesta por vecinos que resultan afectados por las obras, quienes demandan, entre otras cosas, no fueron consultados antes de emprender los proyectos.
El más reciente proyecto anunciado por parte de la administración Mancera es el Corredor Cultural Chapultepec (CCC), el cual según lo expuesto por las propias autoridades busca “evolucionar la Av. Chapultepec y convertirla en un atractivo parque lineal de tres niveles”.
Sobre tal proyecto, vecinos de las colonias Juárez, Roma y Condesa expresaron su rechazo a la construcción de tal obra, pues advirtieron, además de violentar derechos humanos, existe el riego que el proyecto se venga abajo con un sismo por las condiciones del suelo en donde se pretende desarrollar.
En conferencia, los vecinos manifestaron que emprenderán una estrategia para detener el desarrollo de la obra, pues de desarrollarse se provocaría una catástrofe urbana. En este sentido mencionaron que en primera instancia interpondrán una queja ante la Comisión de Derecho Humanos del DF (CDHDF) porque el proyecto viola gravemente derechos humanos de la población.
Sandy Choreño, vecina de la colonia Juárez, manifestó que el gobierno del Distrito Federal no consultó a los vecinos de la zona antes de anunciar el proyecto, con lo cual se limitó el consentimiento libre y previo de los ciudadanos, lo que representa una violación a sus derechos.
En este sentido subrayó que el ejercicio de consulta ciudadana no se puede reemplazar con sondeos de opinión realizados por empresas encuestadoras, así como lo pretende hacer el gobierno capitalino. De manera detallada habló sobre el “ejercicio cívico ciudadano de enriquecimiento del proyecto” que anunció el GDF, el cual, afirmó, es una simulación de participación ciudadana.
“Se ha violado también el derecho a la información, omitiendo proporcionar información suficiente, clara y oportuna del proyecto, negando a la ciudadanía la posibilidad de participar e incidir en la toma de decisiones. Una vez tomada la decisión de ejecutar el proyecto y a partir de la “declaratoria de necesidad” (de la obra) publicada en mayo de 2014, la autoridad omitió proveer de información sobre las implicaciones de la obra a las personas que habitamos la demarcación”, apuntó.
De igual forma manifestó que desde hace un mes se han detectado casos de acoso a los colonos de las zonas aledañas a la obra, esto con la intención de desplazarlos y ocupar los terrenos, presuntamente, para levantar construcciones dedicadas al comercio y beneficiarse de la construcción del CCC. Habló sobre el caso del predio ubicado en la calle Abraham González número 23 de la colonia Juárez, en donde, aseguró, corredores inmobiliarios han intimidado y expulsado a los habitantes.
Choreñó añadió que además con la construcción del CCC se atenta contra el derecho a un medio ambiente sano, a salud y movilidad, puesto que la obra atraerá población e incrementará el uso del automóvil, provocando conflictos viales y aumento en la contaminación.
“Consideramos que habrá concentración local de partículas en la atmosfera por el tránsito vehicular, presentando un efecto negativo en la salud de los habitantes ocasionada por la concentración de mayor magnitud de gases de combustión en la zona”, apuntó.
Añadió que los vecinos afectados suscriben el comunicado que el pasado 20 de agosto difundió la organización Greenpace sobre el Corredor, el cual afirma: “el proyecto que busca imponer el gobierno capitalino refuerza un modelo que induce a un mayor tránsito vehicular, con el consecuente aumento de emisiones contaminantes y socava los esfuerzos del combate al cambio climático y la sustentabilidad de la Ciudad”.
Entre las implicaciones de la obra, expuso Choreño, también se encuentra un riesgo importante por las condiciones del suelo, las cuales son permeables, y tiene una gran cantidad de fallas y fracturas. Además que debajo de donde se pretende realizar se encuentra la línea 1 del metro, por lo que aumentó el “nerviosismo de que en caso de sismo el CCC caiga sobre las personas que viajan en el meto (…) no hay seguridad que aguante una doble estructura elevada como la que pretenden construir”.
Además de lo antes expuesto, habló sobre la “limpieza social” que se pretende realizar en la zona, púes como parte de un proyecto que busca “reactivar” el espacio, el gobierno del DF buscará mover a la población en situación de calle así como a los comerciantes de vía pública que hoy en día se encuentran establecidos.
“Este proyecto atenta contra el derecho a la igualdad y a la no discriminación, en razón de que no es un modelo que promueve la cohesión social; al contrario, incentiva la pobreza, la desigualdad y excluye a las personas que actualmente viven y conviven en dicho espacio.
“La limpieza social, hostigamiento, y discriminación para la población de calle, comerciantes en vía pública y personas indígenas que venden artesanías en la zona ya está ocurriendo; además se ha afirmado que serán reubicados como parte de la “mejora” del entorno urbano”, expuso.
Ante el inicio anunciado de las obras en septiembre, los ciudadanos manifestaron que pedirán medidas precautorias a la CDHDF, con el fin de suspender el comienzo de los trabajos del proyecto. Además llamaron al gobierno capitalino, en especial a Miguel Ángel Mancera, a sostener un diálogo público, así como anular la declaratoria de necesidad del proyecto y reponer el proceso participativo realizando una consulta pública.
“Buscaremos la moratoria urbana y el plebiscito para detener esta y otras obras”
Sergio González, vecino e integrante de la Plataforma Juárez, detalló que los ciudadanos se encuentran desarrollando una estrategia jurídica para detener e impedir la realización del CCC. Añadió que en primera instancia se encuentran trabajando en la vía de la moratoria urbana para detener la realización del proyecto y otros más que se están realizando en la Ciudad de México.
Dijo que buscarán detener las obras por lo menos hasta que se realice para la ciudad un nuevo plan de desarrollo, ya que dijo el existente hoy en día data del año 2000, por lo que es necesario modificarlo para que atienda las necesidades contemporáneas.
Añadió que si por alguna razón esta situación no se da, buscaran el plebiscito en aras que se abra a los ciudadanos la decisión de las obras que se están dando, en especial el Corredor Cultural.
“Estamos trabajando en la vía de la moratoria urbana para que se detengan todos los proyectos y megaproyectos públicos y privados hasta que no haya un plan de desarrollo urbano para la ciudad de México (el que hay es desde el 2000) para cada delegación y colonia que así lo requiera.
Si no nos dan las herramientas que requerimos los ciudadanos, iremos por el plebiscito para que estas decisiones las tomemos todos y todas las habitantes de la Cd. De México. De entrada le decimos no a la consulta que tienen prevista para la delegación y Cuauhtémoc y no a las consultas que pretenden hacer a través de encuestadoras que para nosotros, cada elección nos posicionan candidatos y tenemos dudas graves de su profesionalismo”, señaló.
En tal sentido, José Alva vecino afectado, aseguró que el gobierno del Distrito Federal busca entregar la Zona Rosa a los especuladores inmobiliarios para que hagan su negocio y saquen provecho a costa de los recursos de la ciudadanía. En este sentido mencionó que estos especuladores quieren la “zona limpia”, por ello el gobierno desplazará a las personas en situación de calle que se encuentran en el lugar así como a comerciantes de vía pública e indígenas que venden sus artesanías en la calle.
Además demandó las malas condiciones en las que se encuentran algunas calles de la colonia Roma y Juárez.
Por su parte Daniel Gershenson de Al consumidor reiteró que arquitectos y urbanistas han manifestado su rechazo al proyecto del Corredor Cultural, además que han señalado los defectos que tiene.
Demandó que lejos de intentar hacer un proyecto por el bien social, es una obra que busca beneficiar a algunos grupos que, incluso, quieren levantar un centro comercial en esta parte de la vía pública.
En ese sentido calificó a la administración Mancera como esquizofrénica, cuyo lema de campaña “decidamos juntos” está enterrado, pues emprendió una ola de intentos por desarrollar proyectos sin consultar a la sociedad e imponiendo a pesar de la negativa de vecinos al desarrollo de las obras.
“Arquitectos y urbanistas han señalado los defectos y deficiencias del proyecto, que esto es una simulación, que alguien quiere construir un centro comercial, ya no en un predio sino en la vía pública (…) [La de Mancera] es una administración esquizofrénica, que se dice de izquierda, cuyo lema es decidamos juntos, pero que en los hechos es la antítesis de lo que es decidir juntos.
En la administración se le ha apostado a modelos excluyentes, expulsores de población (…) esta administración está abdicando de sus funciones más elementales, lo que quiere hacer Mancera ya no es del interés público, lo que está haciendo es beneficiari a algunos cuantos para juntar alianzas que le permitan financiar su campaña (…) Me preocupa la violación a los derechos humanos de franjas vastísimas de población y es evidente que lo que quiere hacer Simón Levy y ProCDMX es ir subastando partes cruciales, emblemáticas de la Ciudad de México”, manifestó.
¡Comenta, debate y comparte!, ¡Romper el cerco informativo, crear conciencia y promover el cambio verdadero, está en tus manos.
¡No te pierdas y comparte mi canal youtube
Por cierto, ¿Ya hiciste tu contribución económica?, ¡Espero tu apoyo para www.tiraderodelbote.com http://ow.ly/qbLIv