Con EPN violencia contra periodistas empeoró; mecanismo de protección no sirve a pesar de gasto millonario: Pastrana

Por: Edgar Rosas / 7 septiembre, 2015

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(07 de septiembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Las agresiones en contra de periodistas han tenido una escalada importante en los últimos años a nivel nacional; sin embargo, el estado de Veracruz ha sido emblemático y es donde se ha podido identificar este incremento de manera más visible.

Para Daniela Pastrana, integrante de la organización Periodistas de a Pie, el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico” marcó un antes y un después en la violencia contra periodistas, pues a partir de entonces, los ataques se incrementaron, por lo menos, al doble.

Al participar como fiscal en el juicio ciudadano a Enrique Peña Nieto, convocado por la Constituyente Ciudadana y Popular, la periodista hizo énfasis en que desde el año 2000, las agresiones contra la prensa han ido un aumento; sin embargo, expuso, a partir de la llegada de Calderón estas se incrementaron considerablemente.

“Veracruz (ha sido) el caso ejemplar de la violencia contra la prensa, pero este fenómeno está presente en todo el país. La violencia contra la prensa en estos últimos 14 o 15 años ha tenido una explosión inconcebible en un país que pretende ser, o aspira a ser, democrático…En la administración de Felipe Calderón se inició la llamada “guerra contra el narcotráfico” (que) duplicó en un par de años el número de periodistas asesinados, y hasta 2015, de acuerdo a los reportes de Artículo 19, ha habido 89 periodistas asesinados y 17 desaparecidos en los últimos 15 años”, manifestó.

Pastrana añadió que hoy en día existe un número importante de periodistas que han tenido que salir de los lugares donde ejercen su profesión debido al contexto de violencia, y en particular por las amenazas de las que han sido víctimas. Detalló que además se ha podido identificar casos en donde las redacciones de los medios han sido infiltradas por bandas delictivas, desde donde se ejerce presión para censurar.

“Hemos identificado (algunas) modalidades emergentes de lo que es la violencia contra la prensa en estos últimos años, entre ellas: los ataques a los medios de comunicación con explosivos y armas de alto poder;  la desaparición de periodistas, fenómeno que no se había registrado en este país antes del 2003; los periodistas desplazados y obligados al exilio, periodistas que han tenido que salir en grupos de seis, siete u ocho; la autocensura e incluso filtración de bandas delictivas en las redacciones; los asesinatos de mujeres periodistas que también es una nueva modalidad contra la prensa en el siglo XXI; ataques a usuarios en las redes sociales, y sobre todo, una forma muy cruel en los asesinatos que busca provocar miedo y terror en el gremio”, expuso.

Al respecto, comentó que de acuerdo a la información recabada por organismos que monitorean la libertad de prensa en el país, en la mayor parte de los casos, las agresiones están vinculadas a un agente del Estado, que “pueden ser militares, policías o políticos locales, estas ocupan más del 50 % de las agresiones, aunque las más graves vienen de grupos criminales, por lo menos lo que han identificado muchos de los compañeros que trabajan en los estados, es que no alcanzan a distinguir si el origen real de la agresión es un agente del Estado, aunque sea perpetrado por grupos criminales”.

Pastrana reiteró que esta ola de agresiones contra la prensa encontró en la guerra contra el narcotráfico un aliciente. No obstante, puntualizó que fenómenos como la impunidad y la corrupción abonan a este clima de violencia que padece la prensa.

“Hay un factor coyuntural como lo es esta guerra contra el narco, que es una violencia generalizada que ataca a todos los sectores de la población y que ha dejado un saldo de al menos 100 mil personas asesinadas y 26 mil desaparecidos. Pero hay otros factores estructurales que han dado origen a esta violencia: uno es la corrupción generalizada y la impunidad en el sistema de procuración de justicia, porque México es un país que tiene altos índices de impunidad: 98 % y tiene un sistema judicial débil que impide que se conozca las causas de los asesinatos en general. Por supuesto que el gremio periodístico no está exento de ese factor estructural”, dijo.

Argumentó que a este clima de violencia se debe sumar como elemento el control mediático que aún existe en el país, tanto en medios nacionales como a nivel local.

“En la mayoría de los estados, incluso en algunos sectores de la prensa nacional, se mantienen arraigadas prácticas de control de las autoridades sobre medios a través del uso de la publicidad oficial y la presión laboral sobre los reporteros. Esa relación ha sido promovida desde los órganos del Estado, que ha derivado, entre otras cosas, en el servilismo de los directivos de los medios ante las autoridades, la ausencia de una organización gremial solida e independiente y un alejamiento de la sociedad que ahora no reclama los crímenes de periodistas porque no ve a la prensa como aliada, sino como parte de sus problemas”, dijo.

Como ejemplos citó los casos del estado de México y Veracruz, en donde existe un control casi total de los medios: en el estado de México hay más de 300 medios, pero ninguno independiente y en Veracruz, el 90 % de los periódicos pertenecen a un político o grupo político.

“A esta situación también se le suma el aumento en detenciones y lesiones contra defensores de derechos humanos. La suma de las dos cosas (da como resultado) un país donde se han ido extendiendo grandes zonas de silencio, en las cuales, muchos grupos del crimen organizado -legales e ilegales- han decidido o definen qué se publica y qué no, qué puede saber la gente”, manifestó.

En 2008, las primeras señales

De acuerdo a Daniela Pastrana, las primeras señales de que se venía una ola de violencia en contra de la prensa se dieron en 2008, cuando se suscitó el asesinato del reportero Armando Rodríguez del Diario de Juárez. De acuerdo a la periodista, este sería el primer indicio del contexto de agresiones que hoy en día aqueja al país.

“Una parte importante de las señales de que esto empezaba a gestarse de dieron en 2008, cuando asesinaron a Armando Rodríguez Carreón, “El Choco”, reportero del Diario de Juárez; dos años después fue asesinado otro reportero del mismo periódico, el fotoreportero Luis Carlos Flores, de 21 años, quien apenas hacía prácticas profesionales. Después de estas señales se empezaron a dar todas la historias de periodistas desaparecidos, desplazados y asesinados de una forma que busca generar terror”, dijo.

Pastrana mencionó el rol de refugió que la Ciudad de México había tomado en los últimos años, mismo que con el homicidio del fotoreportero Rubén Espinosa, se acabó.

“El DF se había convertido en un refugio para los periodistas, pero esto se acabó el 31 de julio con el asesinato de Rubén. La PGJDF ha intentado llevar la investigación al móvil del robo y hay un consenso en donde nadie puede creer que no se trate de un asesinato político, que no se trata de un crimen de Estado.  El dos de octubre de 2013 la agresión a más de 50 periodistas que intentaban documentar las detenciones ilegales de personas que participaron en la marcha fue la primera señal de alerta de que la gran burbuja que era el DF, se estaba quebrando”, señaló.

Gobierno niega que ataques contra periodistas se den por su labor profesional

En palabras de Daniela Pastrana, la actitud de los gobiernos -tanto locales como federal- ante las agresiones de periodistas ha sido la misma: insistir que las agresiones no tienen relación con su labor y tratar de llevar los casos como robos, o situaciones personales.

“Las respuestas de los gobiernos son las mismas: cuando no es un robo, es una situación personal, una venganza, o algo que no tiene que ver con el trabajo periodístico porque el reportero también era taxista, porque también hacia foto de fiesta. Ese ha sido el patrón de respuesta del gobierno de Veracruz, pero en general de todos los gobiernos, porque desde 2013 el gobierno federal tiene la posibilidad de atraer los casos en los que están involucrados periodistas; existe una fiscalía, la FEADLE, que está facultada para atraer esos casos y llevar las investigaciones, pero no lo han hecho y no dan explicación del por qué. En el caso de Rubén (Espinosa) lo que decían las autoridades del DF, es que no había elementos para que la federación atrajera el caso porque fue un ‘robo’”, comentó.

Pastrana habló sobre los mecanismos que hasta la fecha la administración federal ha creado para defender a periodistas y dijo que estos simplemente no han dado resultados, a pesar de tener presupuesto y una estructura para su trabajo.

“Se creó una Ley de Protección y un Mecanismo que funcionan desde diciembre de 2012, que tiene recursos, una estructura jurídica, en donde se están gastando 10 millones de pesos al mes en medidas de protección que nadie termina de entender. Los reporteros que han acudido al Mecanismo y que piden protección, dicen que el botón de pánico no sirve, que los atienden seis meses después y en algunos casos un año después. ¿Cuál es la situación ahora? Pues que después de tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto y de la aplicación de este Mecanismo de atención y de mecanismos estatales que tienen algunas entidades, la situación no está mejor; por el contrario, la situación está peor”, expuso.

Añadió que de acuerdo a informes de Artículo 19, en México se agrede a un periodista cada 26 horas, además que a la violencia criminal se ha agregado la violencia política.

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