“Chiapas comete odio racial empezando por su gobernador”; niños migrantes humillados y extorsionados en escuelas

Por: Emma Martínez / 24 septiembre, 2015

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(24 de septiembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Eugenia de origen salvadoreño acudió a inscribir a su hija Karla a una primaria en Pijijiapan, Chiapas, municipio ubicado en la zona costa de esa entidad. La menor ingresaría a primer año de primaria en el ciclo escolar iniciado en agosto pasado.

La niña es mexicana y Eugenia, de origen salvadoreño. El día que acudieron a las inscripciones los papeles de la menor estaban en regla, pero al escuchar el acento extranjero de la madre le pidieron a ella su acta de nacimiento, advirtiéndole que si no era mexicana sería difícil que la niña pudiera estudiar ahí o en cualquier otra escuela.

Eugenia aclaró que no la tenía y que tampoco era mexicana, por lo que le condicionaron la inscripción de la menor, fue una cantidad más alta que las de los demás padres, quienes no necesitan presentar ningún documento más que los de sus hijos, y la cuota anual para la ayuda del plantel también fue incrementada.

Durante los primeros días de clases Karla avisó a su madre que el comportamiento de los maestros no era el mismo que con los otros alumnos, por lo cual estos últimos comenzaron a atacarla por “tener una madre salvadoreña”. Estos actos de discriminación han tenido que ser tolerados por madre e hija, ya que de lo contrario ninguna escuela la aceptará.

A diario en distintas zonas que conforman la frontera sur del país, en varios planteles escolares los migrantes centroamericanos, puntalmente hondureños y guatemaltecos, son discriminados, puntualmente en las regiones de la Costa y el Soconusco. Siendo obligados a pagar cuotas más altas, a aguantar humillaciones y chantajes.

La doctora en humanismo y activista María de los Ángeles Haro, quien actualmente trabaja en proyectos de protección a migrantes, asegura a Revolución TRESPUNTOCERO que “a los migrantes en la frontera sur se les ha catalogado como delincuentes o personas inferiores al mexicano, es así como los migrantes centroamericanos viven dos infiernos de discriminación y odio racial, uno en nuestro país y otro en Estados Unidos.

Pese a que se encuentra estipulado en las leyes nacionales e internacionales la protección a los menores migrantes, constantemente se vulneran los derechos de la infancia a la educación. En ciudades como Tapachula, Huixtla y Pijijiapan se han registrado las mayores denuncias contra directores de escuelas que ponen obstáculos a los niños centroamericanos para que estudien, incluso cuando no todos los padres se atreven a hablar, el número de casos aumenta en forma acelerada”.

Otra modalidad de violación del derecho a la educación se presenta cuando sólo se les permite ingresar a las aulas como “oyentes”, sin ofrecerles certificados escolares una vez terminados los cursos, pero sí obligados a pagar las cuotas y ‘cooperaciones’ escolares. “Aunque esta es una situación grave, también sigue siendo un secreto ‘a voces’, la SEP conoce los casos porque muchos padres acompañados de activistas y organismos civiles han emitido oficios a la secretaría y han realizado manifestaciones, pero siguen haciendo caso omiso y los niños migrantes siguen padeciendo marginación social y educativa”, afirma Haro.

La activista explica que son los menores que viajan a las fincas cafetaleras a trabajar, los que mayor vulnerabilidad educativa padecen, ya que no tienen documentos pero han decidido ir a la escuela, donde no se les permite ingresar ni siquiera de ‘oyentes’, excluyéndolos y condenándolos ha permanecer en los cafetales o en las galeras oscuras donde viven con su familia en la temporada de la cosecha cafetalera.

“Chiapas es una entidad que comete odio racial, empezando por su gobernador, quien ha intentado exterminar a los indígenas, qué se puede esperar entonces para los migrantes; en aquella entidad existe un registro importante de niños, niñas y adolescentes migrantes, sobresaliendo aquellos cuya condición migratoria es irregular.

Dicha situación es provocada principalmente por la desatención de las instituciones que se deberían encargar de resolver los asuntos relacionados con estos menores migrantes y la falta de instrumentos que permitan obtener cifras precisas acerca de su presencia y conocer las circunstancias en las que viven, sus carencias y necesidades, no solamente educativas, sino alimentarias y de salud, pero reitero bajo la presencia de un gobernante excluyente de las clases desprotegidas, esto no solamente se deja pasar desapercibido, sino que se protegen las acciones erróneas, perjudicando así directamente esa infancia de por sí lacerada”, comenta Haro.

La activista social María Elena Cifuentes, declara a este que medio que la franja principal de frontera sur “es el rostro de menores migrantes que han sido condenados ha padecer una serie de malos tratos, los cuales incluyen solapar el trabajo y la explotación infantil. Los presidentes municipales dicen que no tienen dinero para deportarlos así que los que logran pasar, que son miles, porque es una frontera más fácil que la norte, se quedan en ciudades como Tapachula, Huixtla, Comalapa o Motozintla a ser presa de enganchadores que los usan como sus fuentes de ingresos.

Aquellos padres que logran conseguir un empleo (casi siempre precario) intentan enviar a sus hijos a las escuelas, pero al no ser aceptados los menores terminan cargando sacos en los mercados, esa situación la han presenciado distintos candidatos que luego ocupan puestos de gobierno, incluso en su campaña les han dado la mano, pero como no les sirven para subir en los números de preferencias, nunca los toman en cuenta”, asegura Cifuentes.

Ella asegura que bajo el pretexto que se confunde el enfoque asistencial con la visión garantista o de respeto de los derechos de los niños migrantes, se deriva una desobligacion absoluta de las obligaciones de las dependencias que ‘dizque’ protegen a los niños, en la violación de sus derechos.

“La migración tiene una dimensión frágil cuando se habla de la población infantil, acompañada o no acompañada. México carece de atención en el diseño y aplicación de políticas, leyes, disposiciones y principios de los tratados internacionales en cuanto al tema de la niñez migrante.

Aunque se presume que se obliga a los estados no sólo a respetar los derechos de los niños migrantes, sino también a tomar medidas para garantizarlos, esto no sucede, sin duda alguna la frontera sur del país es un reflejo de las vejaciones que son cometidas a una población tan vulnerable y desprotegida”, asegura Cifuentes.

Hace una semana la comunidad Centroamericana en distintos puntos de la frontera sur se manifestó en las principales calles y oficinas gubernamentales (principalmente las de a SEP) pidiendo se les permita a los niños mexicanos, hijos de migrantes, tener acceso a una educación igualitaria, sin humillaciones y extorsiones.

Sobre el tema ninguna autoridad se pronunció y tampoco los distintos planteles acusados desmintieron el problema. Los padres que salieron a las calles aseguraron que no son delincuentes, pero que se les ha estigmatizado, causando daños psicológicos en los menores.

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