Autoritarismo, criminalidad, corrupción e impunidad descarada en casos de desaparición forzada: Open Society

Por: Redacción Revolución / 1 septiembre, 2015

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(01 de septiembre, 2015).- Ante los hechos ocurridos en Iguala Guerrero donde 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa “desaparecieran” supuestamente a manos del Estado como lo afirman cientos de personas, así como los padres de los mismos, ya hace casi un año, es innegable que “el sistema de justicia de Guerrero está desgastado desde hace mucho tiempo.

Se apunta que los reclamos de justicia, el sistema de Guerrero enfrenta “el uso generalizado de tortura, la falta de rendición de cuentas; capacidades y recursos insuficientes o mal gastados; un marco legal deficiente al investigar y sancionar a los perpetradores directos de atrocidades y mucho menos para investigar patrones de crímenes en los que pudieran estar involucradas autoridades de alto rango”, apunta el informe “Justicia fallida en el estado de Guerrero”, elaborado por investigadores nacionales e internacionales de Open Society Justice Initiative en conjunto con el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”.

Las desapariciones de Ayotzinapa de septiembre del 2014 atrajeron atención externa sobre lo que ya era bien conocido en territorio guerrerense: que muchas autoridades han sido infiltradas por la delincuencia organizada.

Tras las desapariciones de Ayotzinapa, el Ejército asumió el control de 13 municipios de Guerrero “porque no se tenía confianza en las autoridades municipales de seguridad”. Se estima que la delincuencia organizada tiene “presencia permanente” en al menos 65 de los 81 municipios de Guerrero.

“Mientras la impunidad por homicidios en Guerrero ha sido generalizada, la impunidad en casos de desaparición forzada ha sido absoluta”, advierte Open Society.

¿Cuántas desapariciones forzadas se han documentado? El Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados y Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, documentó 239 desapariciones entre abril de 2005 y mayo de 2011, con indicios de involucramiento de actores estatales en alrededor de 200 casos, es decir, casi el 70%.

La Comisión de los Derechos Humanos de Guerrero documentó 90 desapariciones involuntarias o forzadas entre 1990 y 2013, y formuló 21 recomendaciones formales relacionadas con dichas desapariciones a las autoridades estatales que consideró responsables de la violación de derechos humanos en estos casos. Para 87 de estos casos, el desglose de las autoridades presuntamente responsables es el siguiente: policía investigadora del delito de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero con 38 casos; el Ejército mexicano con 17 casos; la policía federal con 15 casos, la policía preventiva del estado con 15 casos; la policía preventiva municipal con 16 casos y otras autoridades con 9 casos.

De alrededor de 54 casos de tortura documentados por la Comisión de los Derechos Humanos de Guerrero entre 1994 y 2014, nadie ha sido responsabilizado ni ha rendido cuentas. Entre 2006 y 2014 han habido sólo 6 averiguaciones previas por tortura. La Fiscalía General de Guerrero no ha presentado cargos contra persona alguna ni obtenido una sola orden de aprehensión por casos de tortura.

“En Guerrero, parecería que uno puede, literalmente, salirse con la suya en casos de homicidio, desaparición forzada o tortura; el sistema de justicia del estado nunca ha funcionado bien”, apunta el informe.

La desaparición de los 43 estudiantes, atribuida a intereses corruptos entre políticos locales, narcotraficantes y policías, pone de manifiesto la profunda ausencia de voluntad política para frenar los abusos y llevar ante la justicia a los agentes estatales implicados en ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas.

Las atrocidades y crímenes violentos son comunes en Guerrero al menos desde la Guerra Sucia que tuvo lugar en México entre 1969 y 1979. La Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero concluyó que durante dicho periodo las fuerzas federales y otras fuerzas estatales cometieron crímenes de lesa humanidad en Guerrero.

Con el auge de los cárteles de la droga y el lanzamiento en 2006 de una nueva estrategia federal de seguridad para combatir a la delincuencia organizada, la población de Guerrero se ha visto cada vez más atrapada entre la violencia del Estado y la de los cárteles, situación que prevalece a casi un año de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, y en forma previa al inicio de funciones del nuevo congreso local el 13 de septiembre de 2015, y del nuevo gobernador electo del estado el 27 de octubre de 2015, advierte Open Society.

Con información de MVS

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