Asesinato de activistas en Oaxaca y desaparición de los 43, evidencian quiebra de Estado mexicano: diputada finlandesa

Por: Cecilia Balderas / 30 septiembre, 2015

¡Dale Like, comparte y deja tus comentarios!

(30 de septiembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- La diputada del Parlamento de Finlandia, Satu Hassi, advirtió en su novena visita a nuestro país, como parte del seguimiento puntual que ha hecho sobre el asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, defensores de derechos humanos ultimados en 2010, que estos homicidios y la desaparición de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, son síntomas de la enfermedad que padece México: impunidad.

En entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, la parlamentaria sostuvo que luego de leer las conclusiones a las que llegó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), asignados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para coadyuvar en las investigaciones del caso Ayotzinapa, encontró por lo menos cuatro elementos que también estuvieron presentes en la agresión de que fueron víctimas Cariño y Jaakkola hace cinco años y cinco meses.

El primer punto ha sido ampliamente documentado. En ambos casos, aunque hubo presencia de autoridades estatales cerca al lugar donde fueron agredidos los grupos –la caravana en la que participaban los promotores de derechos humanos, cuando se dirigían a San Juan Copala y el grupo de normalistas que llegó a Iguala para rescatar a sus compañeros que habían sido retenidos en la central de autobuses de la comunidad- no intervinieron cuando se percataron de que personas inocentes eran agredidas.

En el caso de los asesinatos en Oaxaca, a pesar de que el exgobernador de la entidad, el priista Ulises Ruiz, tenía conocimiento de que la caravana humanitaria pretendía entregar víveres a los habitantes de la zona triqui, no garantizó la seguridad de sus participantes; es más, una vez que se produjo la agresión, la policía federal se negó a intervenir para rescatar a los heridos e iniciar la inmediata búsqueda de los desaparecidos.

“Los sobrevivientes tuvieron que correr y se perdieron en un lugar que no conocían, algunos de ellos estaban heridos. Cuando se preguntó a la policía por qué no habían hecho nada, contestó que no tenían esa orden”, recalcó Hassi.

En Iguala, la descomposición y filtración de las dependencias fue más allá: en la desaparición de los 43, y en el asesinato de seis personas más, entre ellos tres estudiantes de la normal, participaron policías municipales de Iguala y Cocula.

Sin Investigación…

El segundo fenómeno presente en ambos casos, es la tardanza que las autoridades de Oaxaca y Guerrero tuvieron para iniciar las respectivas investigaciones.

En el caso del asesinato de Bety y Jyri, pasaron más de 24 horas para que la policía estatal ingresara a la zona triqui para documentar evidencia y rescatar los cadáveres. Esta incursión se hizo luego de pactar un “acuerdo” con la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), grupo paramilitar relacionado con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), señalado como el responsable de la emboscada.

Esta tardanza produjo un tercer inconveniente: que se perdieran y falsificaran evidencias, además de permitir que las escenas de los crímenes fueran alteradas.

“En el caso de Ayotzinapa, ahí está el informe del GIEI para mostrar cuánta evidencia fue falsificada”, reiteró la legisladora y añadió que la nula protección a los testigos de ambas agresiones implica también la pérdida de datos y detalles que faciliten las investigaciones.

Aunado a esto, no han sido las autoridades quienes –como lo establece la ley- han encabezado las indagatorias y recolectado evidencia, sino los familiares de las propias víctimas quienes, cansados de la inacción de las dependencias de justicia, han recurrido a instancias internacionales para exigir justicia, lo que también vulnera su derecho de acceso a la justicia.

“En el caso de Ayotzinapa, las familias de las victimas acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ellos enviaron al GIEI, quien analizó las evidencias y comprobó que lo que llamaron ‘la verdad histórica’ no era verdad”, recalcó Hassi.

Este contexto, agregó la legisladora, puede resumirse en una palabra: impunidad.

CIDH, una “esperanza”

Ante la inacción del Estado mexicano en ambos casos, que evidencias violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos en territorio de México, Satu Hassi, exministra de Medio Ambiente en Finlandia, sostuvo que la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos representa una esperanza para los mexicanos.

“En el caso extremadamente triste de Ayotzinapa, creo que hay una estrellita de esperanza con el informe del GIEI porque evidenció que la verdad histórica no era verdad; y esto puede ser el comienzo de un cambio. Luego de haber leído el resumen del informe, he comenzado a pensar en la posibilidad de consultar un cuerpo internacional para que asesore el caso de Bety y Jyri”, dijo a Revolución TRESPUNTOCERO.

Sin embargo, esta posibilidad tiene un inconveniente pues como integrante del Parlamento finlandés, Hassi no tiene competencias ni autoridad para solicitar dicha intervención.

“Como política no tengo las facultades para pedirla, pero la víctimas contenidas; es decir, los cercanos, en el caso de Bety, Omar, su viudo o la madre de Jyri, Eve, tienen el derecho legal de empezar el proceso”, indicó.

Cuestionada a cerca de las versiones que señalan que hay líneas y decisiones políticas que impiden el avance de investigaciones relacionadas con la violación a los derechos humanos, la legisladora declaró: “en mi país, la línea entre las decisiones políticas y la jurisprudencia es muy sólida. Nosotros, como políticos, podemos hacer leyes pero las cortes son independientes; la investigación es independiente, no podemos cambiar lo que hacen los jueces. Esa división es muy importante para que prevalezca la ley y el Estado de derecho”.

México, en la mira…

Sat Hassi adelantó que el Parlamento Europeo acaba de aprobar que la subcomisión de Derechos Humanos del parlamento visitará nuestro país el año próximo y que además, ha decidido invitar al GIEI a presentar el informe sobre Ayotzinapa en el seno de la Comisión de Derechos Humanos del parlamento.

“La impunidad es uno de los más graves problemas de México y empeora a todos los demás; por ejemplo, la pobreza. No conozco ningún problema que no se vuelve peor cuando se mezcla con la impunidad. Para mí, acabar con la impunidad es la clave para el desarrollo de toda una sociedad”, concluyó la legisladora.

¡Comenta, debate y comparte!, ¡Romper el cerco informativo, crear conciencia y promover el cambio verdadero, está en tus manos.

¡No te pierdas y comparte mi canal youtube

Por cierto, ¿Ya hiciste tu contribución económica?, ¡Espero tu apoyo para www.tiraderodelbote.com http://ow.ly/qbLIv