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Por: Lilia Arellano / 26 agosto, 2015
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Al ritmo del desprestigio del régimen de Enrique Peña Nieto, crece el clamor popular que exige la presentación con vida de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, que fueron víctimas de desaparición forzada hace casi un año. Familiares de las victimas, colectivos sociales, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, estudiantes universitarios y otros ciudadanos demandaron que se aclare el crimen sucedido hace 11 meses contra los normalistas- que dejo a tres de ellos ejecutados de manera extrajudicial- por parte de policías del municipio de Iguala, castigo para los responsables materiales e intelectuales y justicia para las víctimas.
La movilización social de la 15 Jornada Global por Ayotzinapa empezó en la capital de la República desde la colonia Polanco, en donde se realizaron visitas a diversas embajadas para denunciar la impunidad que persiste en este caso y la renuencia del Estado por aclararlo. También, por la tarde, se realizó una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. Medios internacionales como The New Yorker han recomendado a Peña Nieto que se prepare para una “condena y un gran tumulto social” si se confirma la muerte de los normalistas desaparecidos.
En las embajadas, en las que destacan las de Alemania, Canadá, Francia, Suiza, y otros países de la Unión Europea, entregaron un documento exigiendo a los representantes diplomáticos extranjeros presionar a las autoridades mexicanas para que este caso sea resuelto, se alcance justicia, se sancione a los responsables y se presente con vida a los 43 normalistas, víctimas de desaparición forzada. También piden que se pronuncien por la ratificación del Grupo de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Vidulfo Rosarles Sierra, abogado de los padres de familia de Ayotzinapa, consideró que la investigación sobre el caso está inacabada, y por lo tanto no hay una “verdad histórica” como la que se pretende hacer creer. “Por el contrario, falta mucho por investigar y eso nos coloca a nosotros en la lucha por la justicia y la verdad histórica”, dijo en una entrevista.
A unos días de presentar su Tercer Informe de Gobierno, Peña Nieto no cuenta con elementos para sostener con fundamentos sólidos que cumple con las promesas que hizo sobre terminar con la violencia, producto del narcotráfico y la fallida estrategia de seguridad que emprendió Felipe Calderón durante el sexenio anterior. Por el contrario, todos los días se dan a conocer reportes de enfrentamientos a balazos, como el de este miércoles en el municipio de El Rosario, al sur del Estado de Sinaloa, que dejaron en las últimas horas nueve personas muertas, o la ejecución del presidente de la Asociación Ganadera de Aldama, Tamaulipas, Arturo Antonio de la Garza, realizada por un comando armado frente al palacio municipal. Más ejecuciones se registraron en otras entidades.
Desde el año pasado, el prestigio del presidente de México, Enrique Peña Nieto, se ha derrumbado no sólo a nivel local, sino también a nivel internacional, como consecuencia de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. El caso ha sido catalogado como un impune crimen de Estado, dada la participación del ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca. Este hecho junto con el descubrimiento de fosas en el área enfureció a los ciudadanos mexicanos que emprendieron una campaña en Internet en la que incluso pedían la renuncia de Peña Nieto.
Las desapariciones forzadas en México se han incrementado y a diferencia de la llamada “guerra sucia”, esta situación hoy ya no se aplica por motivos políticos, denunciaron integrantes de organizaciones civiles. Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, advierte que “la desaparición se aplica de manera generalizada, en los últimos ocho años hemos contabilizado más de 26 mil casos” y lamenta que no exista una verdadera política ni estrategia de búsqueda.
A la actual administración federal se le achacan las fallas para evitar la proliferación de armas pequeñas que han tenido consecuencias devastadoras en episodios de violencia, que en los últimos cinco años han causado la muerte de 80 mil personas, como lo denunciaron organizaciones civiles esta semana en la primera Conferencia de los Estados Partes del Tratado sobre Comercio de Armas (TCA), que ser realizó en Cancún, Quintana Roo.
Medios internacionales han calificado que en México se resiente una “absoluta anarquía” por crímenes de lesa humanidad, como los de Tlatlaya, Estado de México, Tanhuato y Apatizangán, Michoacán, en los que el Estado, en lugar de centrar esfuerzos en las investigaciones y dar con los responsables, se ha dedicado a deslindar a las fuerzas armadas de presuntas ejecuciones extrajudiciales. A eso hay que agregarle el ridículo del gobierno peñanietista como consecuencia de la fuga del capo sinaloense, Joaquín “el chapo” Guzmán Loera.
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