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SHCP acusó a indígenas por fraude de 486 mdp

Por:  / 28 agosto, 2015
Los pueblos indigenas viven una criminalización de sus derechos y formas de gobierno.No hay reconocimiento, por parte del Estado, de sus formas de gobierno.
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(28 de agosto, 2015).- La cooperativa textil de San Joaquín, en Tecozautla, Pachuca hidalgo defraudó a  indígenas hñahñús y falsificó sus firmas para orquestar un fraude por 486 millones de pesos. Ellos pasaron tres años en el Centro de Reinserción Social de Pachuca, mientras que el defraudador se mantuvo impune y murió sin pisar la cárcel.
El sistema judicial mexicano fue implacable contra los indígenas hñahñús, pasó por alto las pruebas periciales que demostraban la inocencia: falsificación de firmas, la declaración del agente aduanal y las faltas administrativas de la Secretaria de Economía (SE) en Querétaro, la cual otorgó un apoyo a una empresa de Hidalgo.
Las autoridades le cambiaron la vida a Celso Mejía Caballero, Juan Hernández Caballero y Margarita Hernández, quienes perdieron tres años de su vida por la reclusión, así como los pocos recursos económicos que tenían, el empleo y la salud.
Cumplieron una sentencia de tres años de prisión y sólo así recuperaron su libertad. Hace un mes, Margarita fue trasladada de emergencia al Hospital General de Pachuca con un cuadro hipoglucémico severo, y está débil; Juan no tiene un hogar porque la vivienda que le prestaban hace tres años ya tiene otro uso; y de la esposa de Celso, no se sabe de su paradero.
Óscar Corro se aprovechó de la ignorancia de los pobladores, utilizó la razón social de la pequeña Maquiladora San Joaquín para realizar gestiones a nombre de la cooperativa y sin el consentimiento de sus tres directivos.
Solicitó un apoyo del Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación (PITEX) de la Secretaría de Economía en la delegación estatal de Querétaro para la Maquiladora San Joaquín.
Las reglas de operación del programa establecían que la importación temporal de la tela era para la transformación en prendas de vestido, y que una vez procesada debía retornar a su lugar de origen en un plazo no mayor de 18 meses.
De manera irregular la dependencia federal en Querétaro gestionó para la maquiladora de Hidalgo la importación de tela fina por la cantidad de 40 millones de pesos. Óscar Corro contrató créditos, consolidó compras e introdujo las telas por la aduana de Colombia, Nuevo León.
La materia prima la desvió para otras empresas. A la Maquiladora San Joaquín no llegó un solo metro cuadrado de la tela. Óscar Corro violó las reglas del programa, lo que representaba un fraude fiscal.
El proyecto comunitario para dar empleo a las mujeres de Tecozautla, derivó en el encarcelamiento de tres inocentes.
Quedó expuesto que de manera irregular que la delegación estatal de la Secretaría de Economía en Querétaro no podía entregar un apoyo a una empresa con razón social en Hidalgo, además de que la Maquiladora San Joaquín con capital social de 500 pesos no tenía capacidad financiera para solicitar un apoyo de 40 millones de pesos.
“Las tela nunca llegó a la maquiladora, en el expediente hay constancia que el SAT (Sistema de Administración Tributaria) declara que incautaron varios cargamentos de esa tela en otros estados. La averiguación previa se llevó a espalda de ellos, nunca les notificaron del problema que tenían, llegan, los aprehenden y los consignan al CERESO”, explicó Bartolomé Fuentes.
Los abogados y el Consejo Supremo Hñahñu se reunieron con Aristóteles Núñez, titular del SAT, quien les ofreció reducir el adeudo.
“Nos planteó una solución para él, pero para nosotros no, 450 millones se debía, nos dijo que nos la dejaba en 50 millones, es impagable, ni lo que vale el pueblo en el que viven. La cuenta bancaria de la maquiladora nunca manejó más de 20 mil pesos”, revela el abogado.
El Ministerio Público Federal no averiguó el destino final de las telas como sería su obligación y que lo llevaría a los verdaderos responsables.
En marzo de 2015 el juzgado aceptó las conclusiones de la defensa que pedía la libertad de los tres indígenas, pero el SAT interpuso un recurso de apelación lo que retrasó el proceso al menos cuatro meses.
Con información de La Silla Rota
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