Sedena adquiere 9 mil 652 fusiles alemanes para “reforzar” estados donde se atenta contra los Derechos Humanos

Por: Redacción Revolución / 3 agosto, 2015

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(03 de agosto, 2015).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) retiró los fusiles de asalto alemanes Heckler & Koch G36 que había distribuido a policías de Chiapas, Jalisco, Guerrero y Chihuahua, se presume violación de leyes alemanas por la transacción. La dependencia anuncia el cambio de ese armamento por otro más ligero para no ser señalados por defensores de derechos humanos. 

Esto para “evitar señalamientos al Estado mexicano por parte de organismos nacionales e internacionales”, de acuerdo con la dependencia. Cabe mencionar que activistas e intelectuales alemanes han declarado que dicho armamento fue utilizado en la muerte y desaparición de estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014 en Iguala. Así como en la represión de diciembre de 2011 contra normalistas de esa misma escuela, en la que murieron dos jóvenes en la autopista México-Acapulco.

Heckler & Koch vendió armamento para una entidad donde hay sospecha de violación a derechos humanos y de acuerdo a la Ley de Control de Armas de Guerra de ese país europeo no se puede vender armamento a demarcaciones con esa categorización.

Esta ley prohíbe la venta de armas a entidades donde hay sospechas fundadas de que autoridades cometen violaciones a derechos humanos o son corruptas. Dicha legislación contempló en esos años a esos estados en ese criterio y ordenó a la empresa Heckler & Koch no enviar armamento a esas entidades.

Sin embargo, el mayor fabricante armas del mundo ignoró la prohibición y vendió los fusiles de todas maneras.

La Sedena adquirió entre 2006 y 2009 un total de 9 mil 652 fusiles Heckler & Koch G36 con un costo de 13 millones 076 mil 316 euros.

Las cifras de Sedena indican que 198 armas fueron compradas para las corporaciones policiales de Jalisco, 561 para las de Chiapas; mil 924, para las de Guerrero y 2 mil 304 para Chihuahua. También detalla que 287 de esos fusiles fueron extraviados por los estados o incluidas en averiguaciones previas.

Heckler and Koch fue demandada penalmente en 2010 por activistas por violar la ley en un caso que aún se litiga en los tribunales de Alemania y que ha provocado un escándalo que crece conforme se revelan detalles de la transacción comercial.

El fabricante de armas admitió en un comunicado del 12 de mayo que cometió una operación ilegal y dijo que dos empleados fueron despedidos.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó el 17 de junio un punto de acuerdo en el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la PGR y la Sedena “a tomar medidas urgentes y realizar investigaciones exhaustivas” sobre el caso.

El punto de acuerdo, impulsado por el diputado de Movimiento Ciudadano Juan Ignacio Samperio pide determinar y, en su caso, fincar responsabilidad a los servidores públicos o funcionarios involucrados con el ingreso ilegal de armas de origen alemán.

Y es que en el caso que se lleva tribunales alemanes han surgido incluso señalamientos de la empresa alemana sobornó a autoridades mexicanas con dinero en efectivo para obtener los contratos.

La Sedena, en una respuesta a información pedida vía la Ley de Transparencia, aclara que la distribución de armamento en los cuatro estados mencionados no violó ninguna ley mexicana. Añade que hasta el momento no hay ninguna investigación al respecto.

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