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Por: Cecilia Balderas / 21 agosto, 2015
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(21 de agosto, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- En el marco de la Conferencia Internacional sobre Movilidad Humana y Diálogo Intercultural, académicos e investigadores que participaron coincidieron en que, aunque el Poder Legislativo en nuestro país ha avanzado en la elaboración de reglamentación en materia de protección a migrantes, la realidad es que ésta no se cumple y quienes ingresan de manera irregular a territorio mexicano son víctimas de violación a derechos humanos y a otros delitos como extorsión, agresiones sexuales y robo.
Carlos Martínez Azar, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores (SIN), sostuvo que México no es ejemplo de acogimiento a migrantes a pesar de que sus leyes puedan ser bien intencionadas, pues persisten los prejuicios para integrar a ciudadanos de otras latitudes como a la comunidad siria, libanesa y de otras nacionalidades de medio oriente, además de las agresiones de que son víctimas los migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos.
La investigadora del Instituto Mora, Leticia Calderón, denunció que persiste la “rapiña y voracidad” para impedir que la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad en el Distrito Federal avance y afirmó que los logros que se presumen en la materia, son “pírricos”.
Calderón demandó que se derogue el artículo 133 constitucional, por considerar que cancela los derechos políticos de quienes llegan a territorio nacional.
El representante del Programa de Ciudades Interculturales del Consejo de Europa, Bob White y Nuria Sanz, representante de la Unesco en México, coincidieron en que es necesario que, tanto en América como en Europa, se dé paso a un diálogo intercultural que fomente un cambio de fondo y coadyuve en la generación de políticas públicas en favor de quienes se ven en la necesidad de dejar sus lugares de origen y migrar hacia otros estados o países.
Sanz agregó que la interculturalidad debe plantearse considerando un diálogo entre personas y culturas iguales, para privilegiar el intercambio de conocimientos que abonen al desarrollo de una educación inclusiva, diversa e intercultural.
La directora general de Sin Fronteras, Nancy Pérez, sostuvo que México continúa tratando el tema migratorio desde un enfoque de seguridad nacional, que no debería ser el único, pues sus acciones están enfocadas a desarrollar programas reactivos y no de prevención, por lo que la legislación que hay sobre el tema no se aplica, manteniéndose vigente únicamente en el papel.
Los académicos e investigadores hicieron un llamado para que el Estado mexicano participe en una discusión amplia sobre el tema y defina, de manera explícita, su postura sobre la migración, toda vez que, reiteraron, la realidad que viven los migrantes al pasar por nuestro país, en su búsqueda por llegar a territorio norteamericano, dista mucho de las garantías que, por ley, deberían tener consagradas.
La postura legislativa
Lorenia Valles Sampedro, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios en la Cámara de Diputados –espacio que ocupó luego de que quedara vacante tras la solicitud de licencia de Amalia García, exgobernadora de Zacatecas, para integrarse al gabinete del gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Miguel Ángel Mancera- sostuvo que no se debe estigmatizar a ninguna persona por su condición migratoria, pues la movilidad humana es parte de los derechos humanos que toda persona tiene.
La sonorense subrayó que las políticas públicas que el Estado mexicano debe aplicar, tienen que privilegiar un enfoque de derechos humanos e insertarse dentro de los marcos jurídicos nacionales e internacionales, con el objetivo de eliminar la inequidad, desigualdad social, discriminación y la criminalización de la trashumancia.
Valles lamentó que Peña Nieto no haya hecho un solo comentario tras las constantes declaraciones xenofóbicas y racistas de Donald Trump, precandidato presidencial en Estados Unidos.
En su participación, Aleida Alavez, vicecoordinadora del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en San Lázaro –y asambleísta electa- argumentó que la movilidad humana no debe ser vista como un crimen, sino como un derecho, y consideró que los desplazamientos que hay en el territorio nacional, obedecen a la violencia que se está viendo, por lo que se requieren políticas públicas que atiendan el problema desde una visión social y no policiaca.
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