Macrodelincuencia dirige las decisiones del país y las acciones de crueldad y saña contra inocentes: Jean Martin

Por: Emma Martínez / 10 agosto, 2015

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(10 de agosto, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Asaltos a mano armada y con violencia, robos a casa habitación, homicidios de la sociedad civil, de periodistas, de empresarios, de jóvenes, de activistas; feminicidios, tortura, malos tratos, desapariciones forzadas y despojo, son solamente algunos de los ‘tentáculos’ de la macrodelincuencia enraizada en nuestro país -a decir de diversos analistas- producto de su penetración a cargos políticos, que han derivado en la expansión de su poder.

“La macrodelincuencia forma parte de un sistema global que ha dejado de ser marginal y se ha colocado en el centro neurálgico de los capitales especulativos y de los paraísos fiscales. El bienestar de unos implica, necesariamente, el malestar y empobrecimiento de las mayorías. El sistema implica sacrificar a millones de pobres en el altar del capital especulativo para que su sangre derramada pueda darle valor al fetiche del capital que es el dinero”.

“En México, hemos caído en las garras de la macrodelincuencia. Se ha urdido una red de negocios lícitos que no escapan al control de la economía criminal, que se nutre con inversiones de dinero ilícito”, sentencian activistas del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

El académico Luis Sosa advierte: “en nuestro país, el problema de la delincuencia organizada empezó a cobrar víctimas debido a que varios grupos quieren tener el control total de una región o regiones; la problemática de delincuencia organizada en México se debe a la falta de ética, valor social y al conformismo de la generación actual, también a diferentes factores como a la desigualdad social y al mal pago de los salarios a los que son sometidos los mexicanos”.

Asegura también que la delincuencia tomó grandes dimensiones, estableciéndose en un nivel ‘macro’ debido a la impunidad que le dio sobreprotección; es así como, aun cuando la sociedad demande una mayor atención en la seguridad pública por parte de las autoridades del gobierno de la República y de las locales, seguirá existiendo la ineficacia, como principio de los cuerpos policiacos, ya que hay un gran número de efectivos de las fuerzas de seguridad que están inmiscuidos en la delincuencia organizada.

Sin dejar de incluir a las fuerzas armadas y a las autoridades competentes en la impartición de justicia, pues “debido a la magnitud del poderío económico del crimen organizado, en principio porque las ganancias que obtienen de éste son muchas veces más y mejores que las entregadas por el gobierno”.

El experto en temas de seguridad, Jean Martin, académico de la universidad de Limoges, afirma a Revolución TRESPUNTOCERO que en México pareciera ser la ineptitud de los gobiernos -durante los últimos 12 años- la que ha provocado que la macrodelincuencia sea una característica del país, pero no es más que la estrategia para fraccionar, por medio de la ‘desaparición’ a la sociedad “incómoda”, es por ello que se han generado ‘las muertes por violencia’, las cuales quedan en el olvido y la indiferencia de la justicia, con la trillada excusa, ‘fue el narcotráfico’, “la cual le ha funcionado con gran éxito a los mandatarios”.

Según el Centro de Evaluación Psicológica, de la Universidad de Guadalajara, de ocupar el lugar 17 como causa de defunción en el país, la violencia se ha colocado entre las primeras cinco; el informe ha cuestionado cómo se ha exacerbado la violencia en México por diferentes causas, que obliga a una atención inmediata del fenómeno, sin recibir respuesta alguna.

Se asegura que entre los factores que recientemente han reafirmado la macrodelincuencia, está el incremento de los grupos de jóvenes que ya participan en el crimen organizado y en delitos como el secuestro o la extorsión telefónica, quienes son entrenados para ello, comenzando su vida delictiva a los 14 años de edad o menos.

“En México, la magnitud de la delincuencia se busca ridículamente combatir por medio de la violencia, que al mismo tiempo no es contra de los que la ejecutan, sino contra los inocentes, así se le permite al crimen organizado escalar, que se posicione en puestos de gobierno, en cargos empresariales, para que finalmente sea quien dirija las decisiones del país y las acciones de crueldad, de saña inaudita, que van generando control social a nivel nacional”, comenta Martin.

Añade que la macrodelincuencia (propiciada desde las altas esferas del poder), se consolidó -al llegar a su punto más álgido- cuando el índice de delitos graves se disparó 400 % y no hubo retorno, porque no existe forma de controlarlo en el corto plazo y esto se logrará, solamente cuando exista un gobierno totalmente opuesto a la línea de derecha que han manejado durante décadas al país.

Mientras esto no suceda, “la sobrevivencia de la sociedad solamente puede tener dos opciones de ‘salida’: el toque de queda permanente que genera encierro, o el cambio de residencia, aunque la migración interna no funciona en un país poblado de delincuencia”.

Los activistas de Tlachinollan enfatizan que “la guerra que emprendió Calderón contra el narcotráfico no fue una guerra contra sus inversiones económicas, porque en ningún momento se intentó desmantelar sus negocios, al contrario; el sistema financiero de los grupos criminales se mantiene intacto, al grado de que sus giros son sumamente lucrativos. La lucha se ha circunscrito contra los cárteles que no se pliegan a los intereses económicos y políticos de los oligarcas”.

“Con el gobierno actual, se ataca con la racionalidad del sistema que domina, no se busca destruir ni acabar con los negocios que se ha erigido de manera ilícita, porque se trastocarían las demás inversiones, por ello se toleran, porque al final de cuentas, forman parte de todo el engranaje financiero que requiere el capital para hacer viable la ganancia”, apuntan.

En México, no hay un estado que no dependa de los negocios del narcotráfico, ni políticos que ejerzan realmente el poder si no cuentan con el respaldo y las inversiones de los grupos delincuenciales. Así se sostiene que el sistema de justicia mantenga el mismo efecto, ya que cuando la ley es usada de manera facciosa por los políticos, es común que quienes se encargan de investigar delitos y de administrar la justicia, entren al juego del mercadeo.

Esa debilidad, lleva a los grupos de la delincuencia ha expandirse con mayor facilidad, ya que comprueban el raquitismo de las instituciones y su constitución porosas, opaca y truculenta.

“En cualquier otro país, si un delincuente (con poder) busca mantener a los miembros de las instituciones de su lado, antes de sobornarlos, busca algún detalle o defecto en su carrera que pueda funcionar como forma de chantaje, algún dato escondido de su familia, mucho antes de intentar ofrecer dinero; hay dignidad, hay principios y amor por el país, por su sociedad. En México, saben que no existe la rendición de cuentas ni un sistema de control que monitoree el actuar de quienes procuran y administran la justicia y de haberlo, también buscaría obtener alguna ganancia a cambio de sus ‘servicios ocultos’”, afirma Martin.

Asegura que hasta antes de que “los derechistas y algunos mal nombrados políticos de izquierda trastocaran la Constitución mexicana, era una de las leyes más admiradas por su construcción y solides a nivel mundial; sin embargo, es un objeto en renta, no todo el mundo tiene derecho a usar las leyes salvo aquel que tenga mucho dinero y poder; de tenerlo, tiene acceso al nivel de justicia por el que pague, cosa contraria al pobre, a ese también se le aplican las leyes de forma inversa con el propósito de hacerlo pagar por todos los que no lo hacen”.

“Por ejemplo, su sistema penitenciario es un monumento a la violación de derechos humanos y la corrupción de donde varios miles de pesos se obtienen por medio del soborno, hostigamiento, multas ‘infundadas’, pago de ‘cuota’ y ‘el perdón’ a la propia vida. A nivel internacional se sabe la crueldad de las cárceles mexicanas, como las de varios puntos de Latinoamérica y si las conocemos, su gobierno aún más, pero son parte de sus ganancias ‘extras’”, afirmó.

En el ámbito económico, los especialistas aseveran que si bien el crimen organizado existía antes de la globalización, sus actividades se veían limitadas por las dificultades que imponían las políticas monetarias y cambiarias de los Estados nacionales y las restricciones a la circulación de divisas.

Pero hoy, la desregulación de los mercados financieros y el surgimiento y expansión de los paraísos fiscales, facilitó la monetización de las ganancias del crimen organizado en divisas convertibles y fue un estímulo gigantesco a su ‘empresarización’.

Varios estudios señalan que la economía mexicana necesita crecer al menos 5 % cada año para absorber a la población joven que se incorpora al mercado laboral y 7 % para arrancar fuerza de trabajo del subempleo y el empleo precario, para llevarla hacia el empleo decente, evitando se sumen a las filas de los negocios ilícitos.

Recientemente, se calculó que 468 mil personas trabajan en México en actividades relacionadas con el comercio ilícito de drogas, tres veces más que el personal de Petróleos Mexicanos (Pemex), la compañía petrolera con mayor número de empleados del mundo, que al mismo tiempo ha implementado una serie de despidos.

Estimaciones de varias ONG indican que alrededor de 100 mil jóvenes menores de 18 años cooperan de distintas formas con grupos criminales. Aunque dichas cifras debería significar una fuerte presión sobre el sistema gubernamental, sigue sin cambiar mecanismos de combate a la delincuencia, haciendo caso omiso a cientos de especialistas y académicos que apuestan por la inversión en el bienestar (educación, salud, alimentación, empleo y vivienda) de los mexicanos.

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