Lucha de Ayotitlán busca sacar recursos naturales de esfera económica, lo que conlleva a masacres de indígenas

Por: Emma Martínez / 1 agosto, 2015

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(01 de agosto, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Los pueblos de origen náhuatl interpusieron este año demandas de amparo ante el Poder Judicial de la Federación, reclamando que sus derechos han sido transgredidos por el Estado mexicano, dado que la Secretaría de Economía expidió títulos de concesión minera que afectan sus territorios ancestrales, lo que trajo consigo una ola de represión que a decir por activistas, ha intensificado las acciones violentas que tienen como objetivo conseguir el despojo definitivo.

la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) ha documentado que la minería es la industria que históricamente más ha impactado de manera significativa los derechos humanos de los pueblos originarios y comunidades equiparables, dando como resultado la existencia de un patrón sistemático de violación de los derechos humanos, siendo el despojo uno de sus principales efectos.

Rema ha denunciado que los efectos a la salud de la población son terribles y han convertido a las enfermedades originadas por la minería en algo común, muchas veces minimizadas u olvidadas por el principal responsable: el Estado, quien otorga las concesiones. Según han señalado, muestreos realizados revelan que hasta un 70 % de la población presenta afectaciones, todas las familias tienen un enfermo por la actividad minera y, en algunos casos, la familia entera está enferma.

Por otro lado, han alertado respecto de que la actividad minera ha sido también un atrayente del crimen organizado. De acuerdo con la Remalas poblaciones viven ‘un verdadero infierno’, a tal grado de provocar el desplazamiento forzado, que en ocasiones hasta resulta benéfico para los empresarios.

A lo anterior se le suma la persecución y fabricación de delitos de los lideres que encabezas movimientos en contra de la minería y las empresas que dirigen dichos proyectos, teniendo como objetivo acallarlos, ya sea por medio de la encarcelación o en muchos casos la muerte.

La Sierra de Manantlán, en una zona disputada por Colima y Jalisco, en ésta se encuentran algunos de los yacimientos de hierro más importantes del país, es por ello que durante cuatro décadas empresas mineras privadas, y en el pasado paraestatales, han explotado estos minerales mediante minas a cielo abierto, las cuales han sido prohibidas en otros países por tener un grave impacto ambiental e incluso mortal para los seres vivos, lo cual con el tiempo afectado cada vez más a esa región que se reconoce internacionalmente por sus altos niveles de biodiversidad.

Esta misma zona es el territorio ancestral de los nahuas, quienes han sostenido una larga defensa de su territorio y de sus recursos naturales. Según investigaciones sobre la Sierra de Manantlán, “actualmente, la lucha socioambiental más aguda, de la región gira en torno a la minería; la empresa minera de mayor presencia es el Consorcio Minero Benito Juárez-Peña Colorada (CMBJPC); además de la GanBo Minera Internacional y la Minera del Norte (antes Minera Monterrey). Los activistas locales han tomado distintas acciones para contener la expansión de las explotaciones mineras, obligar a las compañías a internalizar los costos ambientales e insistir que se derramen más beneficios económicos y sociales en el ámbito local”, por lo cual han sido severamente reprimidos.

En esa misma región se encuentra Ayotitlán, comunidad indígena con más de 800 años de existencia, que sobrevivió a la Conquista, la colonización y el mestizaje, pero que ha sido mermada por el conflicto minero y maderero, el cual ha dejado como saldo masacres por parte de los empresarios colimenses, además de una lucha civil que se ha intensificado, teniendo una nueva alza de represión y muertes, a decir por los activistas, el sexenio de Salinas de Gortari, sin que se detuviera, llegando hoy al punto más álgido.

En Ayotitlán, existe 55 % de las reservas probadas de hierro del país. Sin embargo, en los 16 pequeños poblados y ranchos que lo conforman la pobreza en su principal característica, pese a las multimillonarias ganancias que generan las instalaciones y yacimientos mineros del productor de hierro que satisface desde 1975 la industria siderúrgica nacional, que jamás les ha otorgado beneficio alguno a estas familias.

Según el activista social y especialista en conflictos mineros, Álvaro Haro de Buen, “primero llegó la discriminación, derivado del racismo, que instó a formar en los empresarios la patética idea que son superiores a estos pueblos originarios y que por lo tanto a los indígenas no les corresponde poseer estás tierras que no explotan, sino que por el contrario resguardan, lo cual ha provocado muerte, tortura, desapariciones y fabricación de delitos, como lo sucedido recientemente…

Hace unos días 34 ejidatarios de Ayotitlán fueron detenidos y acusados de secuestro, despojo, daños a propiedad estatal y lesiones, lo anterior perpetrado ‘en contra’ de la minera Peña Colorada, después de poco más de una semana fueron liberados, lo cual no fue una batalla ganada, sino una demostración de lo que es capaz el Estado cuando gente humilde, pero de lucha, exige sus derechos; dichas detenciones son respuestas de este gobierno represor, que buscan lanzar una amenaza a todo aquel pueblo o individuo que se atreva a alzar la voz y exigir respeto a su persona, a su familia y pueblo y a sus propiedades”.

Dichas detenciones se dieron después que 300 indígenas acudieran a las instalaciones de la minera, para exigir al pago de mil millones de pesos por el uso de mil 200 hectáreas por parte de la compañía, “los empresarios fácilmente llamaron a sus amigos y ‘compadres’ de la PGJE y elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), quienes de forma casi inmediata y demostrando que su compromiso es con quien mejor paga, llegaron al sitio, los violentaron y después los detuvieron”, asegura Haro de Buen.

“No está a discusión que afirmar ‘el gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno, otorgó el perdón a todos los involucrados’, es una ofensa a los dueños legítimos de las tierras y de lo que en ella existe, quienes se han convertido en víctimas a las que se les fabrica sinnúmero de delitos, que al final resultan ridículos en exceso, pero que no por ello son fáciles de derribar ya que con ello queda demostrado que todas las autoridades se encuentran al servicio del empresario explotador y delincuente de cuello blanco que licra con lo que no le pertenece, valiéndose de su poder y su dinero”, comenta el activista.

Por su parte el ambientalista argentino Rodrigo Leguizamón, afirma que la lucha de Ayotitlán es una muestra contundente del‘ecologismo de los pobres’, quienes son los más (o únicos) preocupados por la preservación de la tierra y por ello tratan de sacar los recursos naturales de la esfera económica, del sistema de mercado generalizado, de la racionalidad mercantil, de la valoración crematística (reducción del valor a costos y beneficios monetarios) sino mantenerlos como riquezas con las que no se lucra, una acción que solamente se observa en países de primer mundo, ya que en su intento estos grupos de indígenas son masacrados o encarcelados”.

Además afirma que los esfuerzos por rescatar y fortalecer el reconocimiento de la identidad indígena y demandar el respeto a los derechos humanos, se reducirán a una eterna lucha donde los indígenas siempre pierdan ya que “las autoridades y el Estado son entidades corruptas que usan su poder para crear impunidad y bajo ese cometido, la lucha por democratizar el aparato político del ejido de Ayotitlán, como un medio para lograr mayores niveles de participación en la toma de decisiones sobre el manejo de los recursos naturales locales, está condenada al fracaso, lamentablemente, porque las mesas de diálogo se pueden abrir, pero se trata de legislar y apoyar a las comunidades y no al empresario, esto no sucede en México, las masacres, desapariciones forzadas e intimidaciones, en el menor de los casos, continuarán en lo sucesivo”.

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